La importancia de algunas decisiones a veces pasa desapercibida para la mayor parte de la opinión pública en función de la complejidad del asunto. Así creo que ha ocurrido con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de sendas enmiendas relativas a la regulación de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y apoyadas por CIU y por el PSOE, durante la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011.
Trataré de arrojar algo de luz para dejar constancia de la importancia y trascendencia en el alcance de dichas enmiendas. El gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero pretendía una expropiación encubierta de las mutuas por la vía de trasladar al Fondo de Reserva de la Seguridad Social los excedentes de estas centenarias entidades público-privadas, gestionadas por asociaciones de empresas, que protegen de contingencias a mas de 16 millones de trabajadores en el conjunto del Estado. En definitiva, la pretensión del Gobierno español no era otra que la de publificar las reservas que estas entidades, colaboradoras de la Seguridad Social, generan en la prestación de servicios para la recuperación de las lesiones y enfermedades ocasionadas por el trabajo y el pago de las correspondientes prestaciones a las trabajadoras y trabajadores.
Gracias a las enmiendas aprobadas no solo se ha conseguido frenar esa pretensión sino que se ha logrado que las mutuas continúen aportando niveles de mejora en las prestaciones que gestionan ya que ofrecen una atención rápida y eficiente, tal y como lo perciben los millones de usuarios cuando se manifiestan a través de las diferentes herramientas de medición de la satisfacción.
Nuestro Grupo Parlamentario entiende que con las modificaciones introducidas en el Proyecto de Ley se ha corregido el rumbo de las pretensiones del Gobierno español al sentar las bases para que las mutuas puedan seguir ejerciendo el cometido para el que nacieron y que se diluye el riesgo de verse abocadas a desaparecer por el pretendido estrangulamiento económico al que se les quería someter.
Sin lugar a equivocarnos, podemos asegurar que a día de hoy las mutuas tienen más futuro que nunca. Y ello porque a través de las enmiendas aprobadas se han conseguido una serie de modificaciones que van a mejorar su funcionamiento. A expensas de cómo quede finalmente el texto de presupuestos, destacaría cinco grandes efectos positivos de dichas enmiendas.
En primer lugar, se ha simplificado el número de reservas que tenían las mutuas, y que obedecían a una regulación que había quedado obsoleta. De este modo se va a pasar de 5 a 2 reservas: una para Contingencias Profesionales y otra para Contingencias Comunes. Esta simplificación va a facilitar y a favorecer una mayor transparencia. Pero esta unificación se va a llevar a cabo manteniendo los actuales niveles de solvencia de estas entidades; o lo que es lo mismo, sin retirar ni un euro de las mismas, lo cual garantiza su solvencia, la calidad de sus servicios y el pago de las prestaciones.
Un segundo aspecto positivo que se va a conseguir con las enmiendas aprobadas es la confirmación de las actuaciones de las mutuas como entidades sin ánimo de lucro, ya que los excedentes no se distribuyen sino que revierten al propio sistema, bien sea al Fondo de Prevención y Rehabilitación, para impulsar actuaciones de fomento de prevención y primar la mejora de los resultados de siniestralidad, o a la dotación de reservas. Pero todos los excedentes siguen quedando en el propio sistema.
En tercer lugar destacaría que, con las mejoras que hemos pactado, se consigue otro efecto beneficioso para el conjunto del sistema mutual. Me refiero a que a partir de ahora se habilita la posibilidad de que se produzcan reducciones de cotización por Contingencias Comunes, siempre y cuando se reduzcan los costes de la incapacidad (baja de enfermedad) por debajo de unos niveles que en su momento se determinarán reglamentariamente.
Otro aspecto positivo que conlleva esta corrección a la Ley de Presupuestos, es el hecho de que se garantiza que las mutuas puedan seguir prestando ayuda de asistencia social a favor de las y los trabajadores o sus derechohabientes que hayan sufrido accidentes o enfermedades profesionales con grandes secuelas. Aspecto este de vital importancia y que a veces se quiere infravalorar, no sé si con deseos siempre confesables.
Finalmente, y como consecuencia de la situación económica que nos está tocando vivir, las y los trabajadores de las mutuas van a ver congeladas sus retribuciones durante 2011, pero se les va a mantener sus políticas de recursos humanos, políticas y sistemas de gestión de personas que garantizan los contrastados niveles de calidad asistenciales que prestan a las personas accidentadas o que han contraído una enfermedad de origen laboral. No hay que olvidar que gracias a la profesionalidad de las plantillas de las mutuas, se están consiguiendo niveles de atención sin listas de espera y duraciones de curación de procesos hasta tres veces inferiores a los del resto de sistemas públicos sanitarios.
Más allá de haber conseguido evitar un desastre en el sistema, tal como pretendía inicialmente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, creo que las modificaciones que durante el trámite parlamentario hemos introducido aportan criterios de racionalidad, de confianza, de mayor seguridad y garantía para aspectos tan importantes en la vida de las y los trabajadores como son la protección de las contingencias profesionales, las prestaciones económicas, seguimiento de bajas de enfermedad y la promoción de actividades de prevención en la salud y en la seguridad laboral .
Cuando hoy se están cuestionando los sistemas públicos que garantizan el denominado Estado del Bienestar, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como asociaciones de empresarios sin ánimo de lucro con responsabilidad mancomunada público-privada y que colaboran con la Seguridad Social, se hacen absolutamente necesarias en la prestación de los servicios a sus empresas asociadas, a sus trabajadoras y trabajadores dependientes y a los autónomos adheridos.
