La Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut catalán ha vuelto a poner de manifiesto algunas de las curiosidades que sobre materia de soberanía y poder político son habituales en España.
En este caso, el tema es más curioso pues las mayorías y/o porcentajes pueden bailar al son que dicte cada cual. Así, en el proceso de validación de la reforma catalana, el 55% del Congreso y el 49% del Senado enmendaron e impusieron, "constitucionalmente", un nuevo Estatut nada menos que al 90% del Parlament de Catalunya. Y no contentos con esto, el TC puede tardar más de tres años en dictar una sentencia para hacer añicos lo anterior e imponer a los dos parlamentos su interpretación inapelable. ¡Ahí es nada! En el caso vasco, el primer porcentaje citado no sirvió siquiera para debatir la Propuesta de Reforma del Estatuto de Euskadi por parte de las Cortes, si bien era la mayoría absoluta el criterio acordado para tal fin cuando se aprobó el Estatuto de Gernika. Cabe recordar igualmente lo que se nos decía a los vascos sobre nuestro nuevo Estatuto: "con mayorías sólidas como en Catalunya, habrá nuevo Estatuto". Como el tiempo ha demostrado, en España no basta con mayorías sólidas, pues el "cepillado" general anunciado por Alfonso Guerra se ha producido mediante esa Sentencia del TC que ejerce de filtro ideológico y político.
Se observa tanto en el PSOE y en el PP, como el propio TC, una suerte de soberanía a la carta poco entendible en democracia. Una especie de ejercicio de la democracia que sólo resulta válido en tanto en cuanto coincida con las interpretaciones y objetivos de cada cual y en los márgenes porcentuales que cada uno imponga. En el caso de la reforma estatutaria catalana, incluso al margen de lo determinado por los dos parlamentos implicados en una reforma "formalmente" pactada pero luego vaciada de contenido por el TC.
De hecho, el TC no admite como constitucional el término "Nación" respecto de Catalunya. Básicamente porque su sentencia es puramente política y se basa en un concepto de soberanía que se aleja del Derecho vivo, un Derecho que debería estar lleno de matices. Las reglas de interpretación de las normas también admiten alteraciones con el paso del tiempo, como bien pondera el Código Civil (art. 3). El problema de fondo sigue siendo que tanto PSOE como PP utilizan la Constitución como auténtico filtro ideológico de su patriotismo constitucional común.
Por contra, una Constitución no puede actuar como filtro o límite ideológico. En perspectiva actual debiera actuar como marco donde los que prevalecen son los derechos fundamentales de todas las personas. Adicionalmente, toda Constitución está sometida a tratados y convenios internacionales que obligan a los Estados, por lo que no cabe limitación ideológica o política basada en Constitución alguna. No debieran caber filtros ideológicos para limitar objetivos políticos. Los derechos de las personas, son el único filtro posible, pero no ideológico o político, si no más bien de protección real de nuestra integridad, de nuestra vida, de nuestra dignidad, de nuestros derechos como personas.
Cuando una Constitución abandona su papel garantista para actuar como un filtro ideológico o político, es evidente que PSOE, PP y el propio TC optan por reducir el espacio para el pluralismo político e ideológico. Y si, con ello, un Estado acaba definiendo o imponiendo lo que es legítimo en nuestros proyectos políticos, es lógico que el sentir social se aleje de algunas instituciones y de la propia política. En este contexto, son de gran interés las reflexiones de M. Castells y F. Requejo sobre cuanto acontece en Catalunya (La Vanguardia, 24-7 y 7-6, respectivamente).
En el plano jurídico, pero también en lo político, la interpretación por parte del TC de situaciones e instituciones jurídicas actuales a la luz de los principios de soberanía constitucional vigentes en los tiempos de Bodino parece, como poco, una interpretación seriamente desenfocada. No obstante, el debate seguirá más vivo que nunca pues gobernar o sentenciar contra el sentir del pueblo es una apuesta de muy corto recorrido. En Euskadi y Catalunya es lo que estamos viviendo.
