En plena España latifundista, el gran humorista Perich añadió a la incipiente consigna ambientalista un añadido cómico de profundo contenido social. Treinta años más tarde somos conscientes de que, además del señor conde, todos nosotros quedamos profundamente afectados por un incendio. Los valores paisajísticos, los medioambientales y los culturales quedan destrozados por esos grandes pulmones fijadores de anhídrido carbónico. La viñeta no sería entendible en 2008. El monte no es sólo del señor conde.
Cuando la empresa se quema, algo suyo se quema… señor accionista. Sería la traslación de la frase de Perich a la realidad empresarial. En ocasiones se acusa al gobierno de turno y a los agentes políticos y sociales de un desmedido interés en intervenir en las reglas del libre mercado cada vez que opinan sobre un proceso de concentración o de toma de control empresarial. Desde un supuesto liberalismo se alega que la empresa es de los accionistas y que, por tanto, corresponde sólo a ellos intervenir a la hora de pronunciarse sobre la operación en curso. Lo siento, no estoy de acuerdo. El monte nos afecta a todos. No sólo al propietario. Y si hay un caso en el que esta afirmación es rotunda, es en el caso del sector energético.
La energía es un sector regulado. Los poderes públicos llevan a cabo apuestas y políticas que afectan profundamente a la realidad del sector. La competencia en el sistema, la garantía de suministro, unos costes razonables, la incidencia del efecto tractor del sector sobre el tejido industrial y tecnológico, los factores medioambientales, las políticas de seguridad (en lo relativo al ámbito nuclear), el acceso a fuentes fósiles en entornos estables… son todos ellos factores que intervienen y se combinan a la hora de definir las políticas públicas. Y, además, la dimensión, el proyecto empresarial y en algunos casos la composición de la estructura accionarial son elementos que influyen en todo cuanto los poderes públicos deben garantizar y cuidar. Porque es su función.
Hoy en día la fortaleza de una empresa energética pasa fundamentalmente por dos vectores. Por una lado, el acceso a fuentes de suministro (de gas fundamentalmente), que en una medida importante tiene vinculación con la geoestrategia y la red internacional del país en el que se ubica la empresa; y, por otro, su capacidad tecnológica, principalmente en relación con las energías renovables. Evidentemente un óptimo mix de generación, una capacidad financiera y de gestión, y una buena adecuación al mercado son necesarios. El que exista en España una empresa con esa fortaleza no es una simple cuestión de mercado. Tiene que ver con el posicionamiento futuro de la economía española, con su capacidad de traccionar un tejido industrial competitivo y con el propio desarrollo tecnológico del país.
“Déjeselo a los mercados”, me dirá alguno. Pues no. Si pago un plus en cada recibo de la luz para que se promueva la energía renovable y todo ello ha traído como consecuencia que este sector haya tenido un desarrollo clave para nuestro tejido industrial, tengo derecho a opinar sobre el futuro de ese sector. Es una cuestión de ciudadanía democrática. Y hoy, el Estado español acoge a la empresa líder en el mundo en instalaciones renovables en servicio. Se llama Iberdrola. Es el principal accionista de Gamesa que, a su vez, fabrica uno de cada seis aerogeneradores que se producen en el mundo. Nuestro tejido industrial está plagado de líderes mundiales en fabricación de componentes para el sector eólico y tiene al día de hoy condiciones tecnológicas y empresariales para liderar el futuro de la energía solar a nivel mundial, sobre todo en el campo de la solar térmica. Si me apuran y me preguntan en qué será o debería ser líder la economía española de aquí a quince años, me atrevo a jugármela y a responder: en turismo y en energía renovable.
Me impactó la valentía de John McCain en Michigan. Mirando a la cara dijo a los trabajadores del automóvil, que los puestos de trabajo perdidos en el sector no volverán, que la reindustrialización vendrá de la mano de las energías renovables. Euskadi es un ejemplo de que algo de esto es posible. Para ello los poderes públicos y reguladores deben garantizar dos cosas. La primera, un marco estable de apoyo al sector. Sólo hay una cosa peor que no apoyar a un sector: cambiar de forma continua los marcos de apoyo. Se genera incertidumbre y el inversor se retrae. Y el que tenga dudas, que mire a los Estados Unidos. La política de apoyo implantada por Bill Richardson, el secretario de Estado de Clinton, se convierte a partir del 2000, con la nueva Administración Federal, en un gráfico de picos y valles cambiante en la inversión, que sólo se estabiliza y crece a partir de 2005-6, cuando la continuidad de las políticas de apoyo vuelve a la agenda del Congreso.
La segunda, favorecer con los márgenes posibles en una economía de mercado el desarrollo de empresas con capacidad para liderar y ser tractoras. Con núcleos accionariales que les den cierta estabilidad y que tengan un importante grado de implicación en el tejido industrial y interno. Para entendernos: sin dependencias claras de inversores que respondan al desarrollo de otros entornos. Creo que hay margen para que, sin intervencionismos abusivos, con los mecanismos que dan la ley y la capacidad reguladora, se actúe con apertura y liberalismo pero sin ingenuidad. Ello es compatible con abrir el mercado ibérico a otras empresas para ir construyendo el mercado europeo, pero asegurando que cuando ese mercado sea realidad tengamos pieza para mover. Y que garantice nuestro desarrollo futuro en el estratégico campo de la energía limpia.
Son fechas electorales. Maravillosas en democracia, por lo que supone la libertad de voto en el sistema, pero complejas para salvar políticas de acuerdo y consenso. Este tema debería quedar fuera del circuito electoral cortoplacista. Dejar decidir a los accionistas, pero articulando desde el ámbito político una clara directriz en el campo de decisión que le toca. Para que no se queme el bosque. Y ganemos todos, el conde y la ciudadanía.
