El Partido Popular, en el seno de su estrategia electoral diseñada para las próximas elecciones a las Cortes Generales, ha encontrado un importante nicho de votos preconizando la necesidad de utilizar la bandera de España, vinculando esta operación de diseño a otras actuaciones atinentes a la estructura territorial del Estado, la soberanía y las esencias patrias, a través de las que pretende captar el voto de la más rancia españolidad y poner nervioso al PSOE y particularmente a alguno de sus barones, a los que este partido está recuperando urgentemente para la actividad política con el efecto de generar el correspondiente contrapunto españolista.
Este debate es absolutamente estéril y susceptible de crear fracturas irreparables en las naciones que configuran el Estado español.
En primer lugar, porque la Ley 39/1981 que regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas carece de elementos de coerción institucional para imponer su contenido, es decir, para imponer coercitivamente la colocación de determinada bandera en cualquier institución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde el año 1982 privó a esta Ley de potestades sancionadoras, y por lo tanto de elementos de imposición, y la jurisprudencia de la Sala II del Tribunal Supremo en el ámbito de dos delitos, como son el de desobediencia o el de ultraje a la bandera, ha mantenido la imposibilidad de actuar imperativamente en esta materia. De hecho, durante los ocho años de Gobierno del PP y parafraseando a Jaime Mayor Oreja, se afirmó por este partido que la cuestión de las banderas era una cuestión banal.
Contra la opinión de algunos que mantienen posiciones un tanto ácratas en esta materia, afirmando enfáticamente que por ellos desparecerían todas las banderas, hay que afirmar que las banderas y los símbolos no son un trapo ni una talla. Por trapos y tallas nadie muere, nadie mata, nadie erige dichos símbolos en movimientos de liberación colectiva, ni nadie los convierte en paradigmas de opresión. Hay banderas que invocan los deseos de emancipación de las patrias oprimidas; hay banderas que invocan deseos de paz como la bandera blanca; hay banderas que representan ideales como el de la igualdad de la mujer; hay incluso banderas que representan los valores del medio ambiente, del cooperativismo, y ninguno de estos símbolos puede menospreciarse, aunque sólo fuera por respeto a las personas que dejaron su vida o su patrimonio, su familia o su país, por la consecución de los ideales que representaban.
Lo que sí resulta inadmisible es la imposición de las banderas o de los símbolos cuando éstos no son objeto de pacífica aceptación o incluso son manifiestamente refutados. Si vinculamos la problemática de las banderas al hecho nacional, el problema adquiere una particular dificultad, considerando, en expresión de Héraud, que «vivimos en una organización mundial constituida en una 80% de Estados multinacionales y más de 3.000 lenguas, en su mayor parte minorizadas o reprimidas».
En el Estado español, el tema de la articulación de un Estado que es inequívocamente multinacional, el problema de la articulación institucional del mismo, constituye la asignatura pendiente de una transición política preñada de insuficiencias.
Cuando nos encontramos con una nación como Euskadi, en donde concurren todas las circunstancias definitorias del hecho nacional: una lengua propia (teorías de Renan); una historia comunizada y una geografía en donde históricamente han vivido siempre sus habitantes; en donde los títulos históricos de integración, en este caso en el Reino de Castilla, son ilegítimos, la invasión militar originariamente de la ciudad de Vitoria, y la totalidad del territorio guipuzcoano por Alfonso VIII, y sobre todo cuando una parte mayoritaria de su población desea decidir sobre su propio futuro, erigiéndose en sujeto de decisión acogiéndose al derecho humano de autodeterminación, imponer banderas no sólo genera crispación sino fisuras insalvables.
Será oportuno, aunque probablemente inútil, pedir al PP e incluso a los que gesticulan inquietos en el seno del Partido Socialista que abandonen el tema de las banderas como instrumento de obtención de réditos electorales inmediatos. Nuestros problemas son mucho más profundos, y sólo garantizando el democrático derecho de decisión se podrán resolver.
