Desde hace diez días, miles de familias viven angustiadas. Muchos esperan con temor lo que pueda suceder a sus allegados al salir de casa o a su regreso. En palabras de Blas de Otero, "nos expondremos todos a ser trizados ¡zas! por una bala". ETA vuelve a poner en el escenario lo que es consustancial a una organización terrorista: atemorizar a una sociedad democrática para conseguir mediante la imposición totalitaria lo que los votos no dan. Su herramienta es el terror; su caldo de cultivo, la crispación y la fractura social y política; y su objetivo, la desestabilización del sistema, de forma que, en un deterioro del régimen de libertades, pueda aparecer ante determinados sectores como vanguardia revolucionaria defensora de no sé qué derechos. En definitiva, la reedición del "cuanto peor, mejor".
Una ETA operativamente más débil, y social y políticamente con menos apoyos que nunca a lo largo de su historia, ha visto en la brecha política abierta la veta que le podía dar una capacidad de desestabilización que desde los tiempos de la transición no había tenido. En definitiva, ha elevado su propia capacidad negociadora a lo largo del proceso de paz, consciente de que una ruptura de la vía abierta en 2005 dejaba un gobierno al pie de los caballos, y una sociedad española con un clima que en algunos ámbitos se acercaría al guerracivilismo. Imaginemos por un momento las consecuencias que un atentado contra un cargo público de determinada fuerza política generaría en el clima político y social.
Los peores augurios se han cumplido y, desde el día 5 de junio, el paso siguiente está incluso anunciado. Desde la legitimidad de haber apostado por un consenso básico sobre la política contra el terrorismo desde el pasado mes de enero -y de haber mantenido a lo largo del proceso de paz una posición alejada de intereses partidistas y cortoplacistas que mis propios adversarios políticos reconocen-, me atrevo a pedir un esfuerzo al conjunto de los responsables políticos para que podamos alcanzar un acuerdo básico en torno a esta cuestión. Soy posiblemente el dirigente político que menos rédito puede obtener manteniendo esta posición y, quizá, uno de los que más costes de todo tipo puedan tener por liderar este discurso. Pero tanto el tiempo que vivimos como, sobre todo, el que nos puede tocar vivir en el corto plazo, nos obligan a una responsabilidad ética y política respecto a nuestros ciudadanos y ante el futuro del conjunto de la sociedad.
Apuesto por que los representantes políticos salgamos del impasse, y tomemos la iniciativa para llegar a un acuerdo de mínimos que nos permita sacar el tema de la violencia y el terrorismo del debate partidista, asegurando un discurso compartido en favor de la paz. Las bases mínimas deberían incluir: acuerdos entre partidos sobre condena del terrorismo; apoyo a los mecanismos policiales para hacer frente al mismo; solidaridad y apoyo a las víctimas sin utilizaciones partidistas; la deslegitimación social del discurso del terrorismo y de los que lo justifican, diciendo claramente que la violencia no es derivada natural de problemas políticos existentes y que el futuro político de Euskadi no se puede negociar con ETA; y aplicación de los mecanismos del Estado de derecho sin políticas de excepción y con respeto escrupuloso de los derechos humanos, acotando la apuesta por un cierre dialogado sólo cuando haya condiciones para ello. Es decir, cuando haya voluntad inequívoca de querer poner fin de forma definitiva a la violencia. Circunstancia que no concurre de ninguna manera al día de hoy.
La labor operativa policial, junto a la cooperación internacional, puede debilitar de forma importante a ETA, pero la erosión mediante la deslegitimación social de su discurso totalitario es clave. Sólo puede llevarse a cabo desde la asunción por parte de todos de nuestra correspondiente cuota en la defensa de la democracia y las libertades. Esto no significa que los partidos debamos renunciar a desarrollar nuestras propias políticas, ni tampoco al contraste de ideas y de proyectos que en una democracia refuerzan el marco de libertades. Ni tampoco que se utilice la cooperación contra ETA para limitar el autogobierno vasco. Significa simplemente que todos renunciamos a utilizar a ETA, su violencia cruel y su juego perverso en nuestros legítimos debates partidistas. Y que estamos prestos a trabajar de forma conjunta y prioritaria en su erradicación.
Deslegitimarlos es también decir que de ellos nos separan los medios, pero sobre todo nos aleja el modelo de país y de sociedad que quieren. En la Euskadi a la que yo aspiro, y por la que legítimamente continuaré trabajando, no hay sitio para la intolerancia y uniformidad alcanzada mediante la imposición. Y nunca aceptaré que el más mínimo avance en el autogobierno de mi país esté vinculado a la presión de la violencia.
Este es desde mi punto de vista el camino más sólido para la solución. Con incertidumbres, evidentemente, pero con estrategias claras. Sin voluntarismos. El hecho de que cumplamos con nuestra responsabilidad histórica y nuestra tarea de deslegitimación no asegura que ETA no vuelva a matar. Pero su enquistamiento y su progresiva totalitarización llevarán a su mundo hacia una implosión. Una explosión hacia dentro. El día que esto suceda -antes de lo que creemos- nos ocurrirá como con la caída del Muro de Berlín. Pensaremos en cómo no lo habíamos percibido con lo evidente que era. Y cada día que pase aumentará la probabilidad de que ese agujero negro absorba el proyecto político de la izquierda radical, absolutamente anulado y plegado ante el totalitarismo de la violencia.
Por mi parte, sólo recordarles las palabras con las que el todavía diputado José Antonio Agirre, seis días antes de ser elegido lehendakari, cerraba su discurso del 1 de octubre de 1936 en el Congreso. Sentencia que hoy tiene más validez que nunca: "Os decimos con entera lealtad: hasta vencer al fascismo, el patriotismo vasco, el nacionalismo vasco, seguirá firme en su puesto".
