En democracia los poderes emanan del Pueblo, y cada cuatro años los órganos legislativos y ejecutivos se renuevan. Las personas que han ocupado dichos poderes rinden cuantas de su ejercicio y se someten al refrendo de los ciudadanos. Si los ciudadanos no están de acuerdo con cómo ha ejercido su mandato no se le vota, si los ciudadanos no están de acuerdo con la ideología que defiende un candidato, no se le vota.
Hasta aquí todos estaremos de acuerdo, es ni más ni menos que el abecé de la democracia, y ya hace mas de doscientos cincuenta años así lo escribió el barón de Montesquieu, pero, ¿qué pasa con la justicia?
Un individuo fue a la facultad de Derecho, allí destacó por ser un empollón, acabó la carrera con buenas notas y después preparó con meticulosidad oposiciones a la carrera judicial, se presentó a esas oposiciones, aprobó el examen y se convirtió en juez, juez para siempre, nada de cada cuatro años volver a presentarse, no importa si los ciudadanos le aprecian a no, no importa si sus ideas políticas están de acuerdo con las que tiene la mayor parte de la ciudadanía o no. Un individuo de extrema derecha hoy en día tiene casi imposible ser elegido miembro del parlamento y mucho menos del gobierno, pero puede ser juez perfectamente, formará parte hasta que se jubile de uno de los tres poderes que definió y separó Montesquieu, su poder proviene teóricamente del pueblo, pero desgraciadamente el pueblo poco podrá hacer por controlarle o apartarle del ejercicio de ese poder lo haga bien , mal o regular.
En Euskadi, hace seis años, sufrimos el mayor intento de asalto a nuestras instituciones que podamos recordar. Fue una campaña dura como pocas, el objetivo era echar a Ibarretxe de Ajuria Enea, los partidos estatales usaron todos los medios a su alcance, mintieron, manipularon, acusaron, insultaron, pero llegó el gran día y los ciudadanos tuvieron la última palabra, el pueblo nuevamente eligió a Ibarretxe, y puso en el Parlamento una vez mas una mayoría nacionalista.
Los intentos para asaltar electoralmente Parlamento y Gobierno fueron abortados por la decisión de los ciudadanos. Sin embargo, y de una forma callada, la ofensiva tuvo mucho éxito en el poder judicial. Aquel individuo empollón cuyo todo mérito democrático consistía en haber aprobado unas oposiciones, y cuya ideología seguramente nunca le hubiese permitido llegar al Gobierno o al Parlamento vasco, escalaba puestos en la judicatura, no importaba en absoluto que los ciudadanos vascos nunca le darían su apoyo, era suficiente con el apoyo del Gobierno de Aznar, que, por cierto, le pagaba muy generosamente sus favores.
Se dice que en la separación de poderes, los tres están al mismo nivel, con una preeminencia del legislativo sobre los otros dos. Sin embargo, el individuo que aprobó las oposiciones y fue escalando puestos en devolución de sus favores conservadores, decidió que él estaba por encima del Parlamento vasco, y que podía incluso decir a sus señorías qué deben de votar en un asunto concreto. No importaba que el Parlamento estuviese elegido por el pueblo y el sólo hubiese aprobado unas oposiciones, procesó a la mesa del Parlamento.
Cuando a un político se le critica en público, se le acusa de connivencia con el terrorismo sin ningún fundamento, o se dicen de él las mayores canalladas, el individuo que aprobó las oposiciones dice que son gajes del oficio, que poco menos que va en el sueldo del político tener que aguantar eso. A los miembros del ejecutivo y del legislativo se les puede insultar sin problema. Pero ¿qué pasa si se insulta a los miembros del poder judicial? Al parecer en su sueldo no va incluido el tener que aguantar no ya insultos, sino ni siquiera críticas a su labor. Ellos pueden criticar libremente al ejecutivo y al legislativo, pero si éstos les critican a ellos, se revuelven, se enfadan y dicen con solemnidad que es un ataque a la independencia del poder judicial.
El símbolo de la justicia es una dama con los ojos vendados, en una mano la balanza y en la otra la espada. Los ojos vendados recuerdan la imparcialidad, la justicia se imparte sin que haya previamente prejuicios ante quien va a ser juzgado, pero el individuo que aprobó las oposiciones ha decidido que en lugar de la venda llevara prismáticos.
No bastó con encausar al Parlamento vasco, ahora en la continuación del despropósito se encausa al lehendakari y nada menos que por un supuesto delito o falta de desobediencia, por ejercer su función con rectitud y reunirse con miembros de Batasuna. Un caso judicial de ese tipo solo se da en dictaduras bananeras. El máximo representante del Pueblo Vasco y a la vez máximo representante del estado en la Comunidad Autónoma Vasca, elegido democráticamente, está encausado por la decisión de un individuo cuyo todo mérito democrático es haber aprobado unas oposiciones.
La justicia americana comienza sus juicios con la frase "el pueblo contra XX" (xx es el nombre del encausado) en Euskadi esta causa contra el lehendakari debería comenzar con la frase "el sistema judicial contra el Pueblo".
