Cien años después del establecimiento de la base de Guantánamo en territorio cubano, no dejan de sucederse las denuncias internacionales de cuanto allí sucede desde la perspectiva de los derechos humanos, su constante violación y la impotencia del Derecho Internacional para dar respuesta a esta lacra. El reciente informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de esta prisión y la negativa respuesta del Gobierno de Estados Unidos a las demandas de la ONU para su cierre son la última muestra de la delicada situación de los derechos fundamentales en muchos lugares del mundo.
Son diversas las organizaciones internacionales que han constatado algunas de las situaciones que acontecen diariamente en Guantánamo con absoluta impunidad. Tentativas de suicidio, aislamientos indefinidos, prohibiciones desproporcionadas (incluidas las relacionadas con la libertad de culto religioso), inyecciones paralizantes, interrogatorios interminables, tortura mental y brutales traslados. Guantánamo ha terminado por definirse desde la perspectiva jurídica como un lugar en el que no existe el derecho a tener derechos. Un lugar que agrupa presos hasta presentar alrededor de 700 personas, de unas 35 nacionalidades diferentes, con sus correspondientes lenguas y culturas, si bien es cierto que una parte importante de los que allí se encuentran proceden de las detenciones de Kandahar en Afganistán. Muchos volaron hasta Guantánamo con las manos esposadas a la espalda y sus cuerpos directamente inmovilizados por la fuerza.
Ante el clarificador informe de la ONU, que concluye en la necesidad del cierre a la vista de las concluyentes violaciones de diversos derechos fundamentales, la Administración estadounidense alega, en las últimas fechas, que la situación ha mejorado sustancialmente. El Camp X-Ray, al fin cerrado, era un verdadero campo de concentración impropio del siglo XXI. El mundo entero ha podido ver las primeras imágenes de los presos, vestidos con monos de color naranja, las manos y los pies atados con cadenas, los ojos vendados, la boca amordazada y los oídos tapados. En su etapa inicial, en Camp X-Ray se llegó a prohibir toda práctica islámica. Con posterioridad, se comenzaron a permitir los rezos y se distribuyeron ejemplares del Corán. La vida en la base se desarrolla en pequeños habitáculos de dos por tres metros, hechos de alambre, lo que impide cualquier intimidad. Lo más llamativo de Guantánamo es, en cualquier caso, el aislamiento y la incertidumbre. Los presos desconocen cualquier acontecimiento sobre su situación. No han sido informados sobre su pérdida de libertad, ni acerca de su futuro procesamiento o eventual liberación.
Con el tiempo y la presión de los organismos internacionales, abogados militares encargados de defender a los detenidos en Guantánamo han sido destituidos, después de que algunos letrados protestaran por las condiciones en que se celebran los juicios. La Administración de EE UU ha ideado unos tribunales especiales denominados "comisiones militares", basados en un modelo de procedimiento propio de la Segunda Guerra Mundial. El proceso, establecido siete años antes de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, desprecia literalmente el Derecho Internacional y el propio sistema de justicia militar de Estados Unidos. Estas normas permiten a los representantes del Gobierno escuchar las conversaciones entre los abogados y clientes. Una vez condenado, el preso no tiene posibilidad alguna de apelación o recurso contra la sentencia.
Guantánamo sigue en un absoluto vacío jurídico desde hace ya casi cuatro años sin que el Derecho Internacional pueda siquiera desplegar alguno de sus resortes más allá del valor denunciatorio del reciente informe emitido por la ONU. Cerca de 700 prisioneros, sospechosos de vinculaciones terroristas, permanecen encarcelados en la base militar bajo el mayor vacío jurídico que se recuerda; no han sido acusados formalmente ni han sido declarados prisioneros de guerra de acuerdo con el Derecho Internacional. Su situación queda al desamparo del nuevo concepto creado por la Administración estadounidense, siendo ahora denominados "combatientes enemigos", con el fin de evitar sus derechos como posibles prisioneros de guerra. En el Reino Unido, el juez de la Cámara de los Lores Johan Steyn ha calificado las detenciones de «monstruoso fracaso para la justicia». Se trata en suma de ubicar a los prisioneros de Guantánamo fuera del alcance del Derecho.
Otra de las organizaciones internacionales que ha trabajado en este ámbito es la "International Bar Association" (Asociación Internacional de Abogados IBA, con sede central en Londres), que ha remitido un demoledor informe al Tribunal Supremo de Estados Unidos reconociendo y declarando que cada uno de los detenidos se encuentra perfectamente legitimado para recurrir y enervar, en su caso, las detenciones que han sufrido. El informe de Naciones Unidas se reafirma en las conclusiones del documento remitido por la IBA al Tribunal Supremo de EE UU. La IBA cuestiona abiertamente la decisión inicial de los tribunales de EE UU en el sentido de manifestarse inicialmente incompetentes sobre las situaciones que acontecen en Guantánamo. El informe de los letrados "Lowe & Goodwin" deja bien clara la existencia del derecho de "habeas corpus" universalmente reconocido en el Derecho Internacional, así como el derecho de cada individuo a recurrir y cuestionar cualquier detención. Se trata de un derecho fundamental insusceptible de condicionamiento alguno e inseparable de la condición personal de todo ser humano, independientemente de cualquier otra consideración. Tal reconocimiento es pleno igualmente en los convenios y tratados internacionales, incluidos aquéllos ratificados por Estados Unidos.
La ausencia de jurisdicción que pretende y arguye la Administración estadounidense a causa de la ubicación territorial de los presos en Guantánamo (Cuba) constituye una evidente violación del Derecho Internacional, así como una invitación al abuso de poder por parte de otros Estados, dejando directamente en entredicho la credibilidad del Gobierno de EE UU como pretendido defensor de los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Hasta cuándo?
