El Correo
Hace ya bastante tiempo que el PNV reclama una reforma legal que blinde la normativa fiscal vasca y que otorgue más garantías de estabilidad a las decisiones que adopten las diputaciones forales y las juntas generales. El presidente del partido, Josu Jon Imaz, cree que esa reforma no se puede demorar por más tiempo y que las últimas decisiones judiciales -primero, la sentencia del Supremo que anulaba el Impuesto de Sociedades, y ahora la suspensión cautelar de la norma que lo sustituye decretada por el Tribunal Superior de Justicia- han convertido en urgente esta iniciativa. El dirigente nacionalista, además, mantiene una actitud crítica con algunos jueces, a los que acusa, abiertamente de invadir el terreno de la política y también de desconocer o negar la existencia del Concierto Económico.
-Ha sido usted muy crítico con los jueces a raíz de la suspensión del Impuesto de Sociedades.
-Estoy convencido de que en algunas estructuras judiciales o se desconoce lo que significa el Concierto Económico o se quiere ignorar. Y me preocupa que exista ese desconocimiento sobre lo que significa tener un sistema tributario propio. Estamos decididos a tomar la iniciativa.
-¿A qué se refiere?
-Necesitamos un blindaje efectivo para la capacidad normativa de las instituciones forales en materia fiscal. Una fórmula que permita definir que estas normas sólo pueden ser juzgadas por el Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que es un proceso que exige cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial y también en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
-En cierta medida, esa iniciativa puede resultar hasta chocante porque el PNV no se ha distinguido precisamente hasta ahora por depositar una gran confianza en el Tribunal Constitucional.
-De lo que se trata es de situar las cosas en un ámbito adecuado. Con todos mis respetos a los gobiernos de La Rioja, de Castilla-León, a la UGT de La Rioja, etc., no es de recibo que cualquiera pueda llevar a los tribunales el Impuesto de Sociedades y generar una situación de inestabilidad permanente en un elemento tan clave para el funcionamiento de las empresas.
-El Supremo, en su sentencia, se remitió a la normativa europea para emitir el fallo y declarar ilegal algunas cuestiones fundamentales de este impuesto.
-Y eso es muy serio porque está claro que no existe jurisprudencia europea sobre la materia. Lo acaba de decir en un informe el abogado general, una especie de fiscal del Tribunal de Luxemburgo, al tiempo que también ha dicho que un sistema como el que existe en el País Vasco puede tener diferencias impositivas sin que ello se pueda considerar ayudas de Estado. Y no es alocado pensar que esta tesis, y no la que sostiene el Supremo español, sea la que acabe convirtiéndose en jurisprudencia europea.
-¿Cree que en la suspensión cautelar puede haber algo de reacción corporativa de los jueces ante lo que han podido interpretar como un desacato por parte de las diputaciones al haber calcado casi la norma anulada por el Supremo?
-No. Lo que creo es que responde a una interpretación jacobina, centralista, del Concierto Económico. Y eso no sólo se aprecia en las sentencia; también en muchas declaraciones que realizan algunos magistrados cuando se adentran claramente en el terreno de la política. Hay una parte de los jueces que no han sido capaces de asimilar lo que significa el Concierto.
-En los últimos 20 años, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no sólo ha hecho una encendida defensa del Concierto, sino que, casi de forma sistemática, ha defendido las normas fiscales que elaboraban las diputaciones. ¿A qué responde este cambio?
-No sé si se debe a un cambio de actitud o a que la sentencia del Tribunal Supremo ha dejado una influencia muy negativa. En todo caso, me preocupa.
-¿No cree que se ha podido interpretar en medios judiciales como una actitud cargada de soberbia el hecho que las diputaciones hayan copiado literalmente un artículo que el Supremo declaró ilegal? Me refiero al gravamen del 32,5% que grava los beneficios de las empresas vascas, frente al 35% vigente en la normativa estatal.
-Pero es que ese 32,5% es una medida irreprochable desde el punto de vista de la capacidad competencial. Hay muchos países europeos que tienen un tipo inferior, incluso. Por reducción al absurdo, ¿que pasaría si en Euskadi se aplicase un tipo de gravamen del 36%? ¿Podríamos llevar entonces a la Hacienda central a los tribunales por ayudas de Estado?
-El acuerdo político no sirve de mucho. Se alcanzó uno importante a principios de 2000 sobre estas materias y la situación actual es más delicada que la de entonces.
-El acuerdo político ahora debe servir para garantizar el blindaje competencial.
-¿Han sondeado ya al PSOE sobre su disposición a adoptar un acuerdo de este tipo?
-He escuchado cosas muy contradictorias de los socialistas en las últimas horas y creo que ya es hora de que adopten una posición clara sobre el Concierto. Todavía hace poco, la Fundación Alternativa, que dirige Juan Manuel Eguiagaray, hablaba del Concierto como un privilegio
-Quienes avalan los recursos contra las medidas fiscales aseguran que un Impuesto de Sociedades más bajo provoca deslocalización de empresas.
-Pues si uno analiza los flujos de empresas, no creo precisamente que Euskadi haya salido favorecida. Todos los estudios indican que la presión fiscal global no es inferior a la del territorio común; y si un 32,5% en el Impuesto de Sociedades es un "paraíso fiscal", ¿qué son entonces países como Irlanda?
