Senyors representants del Parlament català, en primer lloc rebin una salutació del Partit Nacionalista Basc i una abraçada de solidaritat en la recerca del reconeixement nacional dels nostres respectius pobles.
Un saludo especial a un amigo, el señor Herrera, compañero de escaño en Legislaturas anteriores. Espero que no te moleste, amigo Joan, que utilice una cita de tu intervención durante el debate de reforma del Estatuto Vasco, el 1 de febrero de 2005, porque viene muy a cuento para poner este debate en perspectiva. En aquella ocasión te abstuviste, a diferencia de Izquierda Unida que votó en contra, cosa que te agradezco. Argüías una serie de carencias que en tu opinión hubo en el proceso de elaboración y apuntabas el camino correcto para tener éxito:
“Otro puente que puede ser una novedad es lo que hagamos en Cataluña. Modestamente la propuesta de modificación del Estatut de Catalunya que emane del Parlament puede ser una pieza fundamental que podría servir para desencallar la situación. Puede ser un grano de arena pero un grano de arena de ambición y la ambición es necesaria en la reforma del Estatut de manera que sirva no sólo para Cataluña sino también para Euskadi…Hemos diseñado un proceso que pueda servir para salir de la dinámica de bloques”.
Fíjate Joan, dónde hemos acabado. Comenzando un proceso con la tozuda voluntad de acordar por encima de bloques. Lográndolo en el Parlament. Pasando por un cepillado en las Cortes (ay, aquel “respetaré lo que decida el parlamento de Cataluña” de Zapatero). Otro cepillado del Tribunal Constitucional con regalito incluido dejando jurisprudencialmente claro que no existen competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Posteriormente, un incumplimiento tras otro de las cláusulas declaradas constitucionales. Con una financiación inadecuada de las competencias. Y todo ello aderezado con el desprecio de la clase política desde Madrid a los pasos y declaraciones que se iban dando desde Cataluña. Empujando a las instituciones catalanas hasta llegar a un lugar en el que sólo se ve una única salida. Hasta este punto al que hemos llegado. Hasta una consulta para decidir abandonar el Estado.
Amigo Joan, ahora lo ves reflejado en tus propias carnes: no vale con la buena voluntad de una parte. No vale con romper las dinámicas de bloques en Cataluña mientras en Madrid se entiende y jalea que es un valor mantener el enfrentamiento entre bloques. Que la obligación de pactar entre diferentes sensibilidades nacionales en Cataluña y Euskadi que nos reclaman desde Madrid no se la aplican ellos a nivel del Estado. No vale con que la reclamación de poder decidir su futuro la haga la inmensa mayoría del pueblo de Cataluña. Por mucho que digan, hoy por hoy no hay voluntad de entendimiento.
Señoras y señores diputados. El Gobierno de España tiene una patata caliente en sus manos. Mejor dicho, tiene dos: la patata catalana y la Euskal patata. En realidad, las ha tenido siempre.
Algunos, muchos, pensaban que con el paso del tiempo la patata se iría enfriando. El tiempo que todo lo cura haría que se enfriaran pues sólo circunstancias externas y coyunturales, una dictadura, habían hecho tomar calor al tubérculo. A otros se les ocurrió que colocadas ambas patatas de label calientes entre patatas frías transgénicas cultivadas para la ocasión, y metiendo todas en el mismo saco, acabarían todas pareciéndose y enfriándose. Pero resulta que no ha sido así. Y aunque se pongan guantes, los Gobiernos españoles siguen quemándose las manos.
La actitud política que desde los Gobiernos se ha llevado a cabo ha sido hacer uso del Tribunal Constitucional y de leyes y reglamentos sin cuento ni cuenta que llevaban el elástico germen del “contenido básico”. Así, los Estatutos de las comunidades históricas, considerados como pactos políticos, fueron socavados, horadados en sus contenidos. El artículo 149.1.1 de la Constitución, concebido en exclusiva en conexión con los derechos y libertades fundamentales, en cambio vale ahora lo mismo para un roto que para un descosido aunque no esté en juego ninguno de estos derechos. Lo mismo para leyes agrarias que para industriales o para hablar del arbitraje extrajudicial. En eso, este Gobierno es todo un campeón. El último ejemplo, la Ley para la Reforma del Sector Público.
Cuando el Parlament catalán decidió por abrumadora mayoría enviar a estas Cortes Generales la solicitud de transferencia para la convocatoria de una consulta, el Gobierno español se apresuró a darle taconazo al asunto enviándolo al cancerbero fiel y tradicional: el Tribunal Constitucional. Porque la invocación taumatúrgica de la norma constitucional suele ser, por regla general, el primer resorte defensivo del nacionalismo español ante las iniciativas como la impulsada por el Parlament de Catalunya: “Eso no se puede hacer -te dicen- porque lo prohíbe la Constitución”. Con lo que sacan de nuevo a relucir esa singular concepción constitucional, tan querida en la cultura política hispánica, que concibe el texto de 1978 como una trinchera.
Pero hete aquí que esta vez el Tribunal Constitucional, cansado de ejercer la acción política a través de sus interpretaciones, de ejercer una labor que no le corresponde pero que allana al camino para que el ejecutivo despeje obstáculos sin diálogo apelando a la resolución correspondiente, le ha dicho al Gobierno y las fuerzas políticas que esta patata caliente es de contenido político, no jurídico, y que la labor de la política es, precisamente, buscar soluciones a este tipo de problemas.
En definitiva, le dice que no vale escudarse en el texto constitucional como si fuera algo inamovible. Que la Constitución fue un instrumento que surgió para solucionar problemas, no para ser esgrimida su falsa inmutabilidad cual maza guerrera para derribar aspiraciones políticas.
PP, PSOE y UPyD confunden legalidad con democracia. Es cierto que la democracia necesita una legalidad en la que sustentarse. Pero no es menos cierto que los regímenes totalitarios también basan su legitimidad en la legalidad que han establecido. Una democracia no puede sustentarse en un positivismo atroz del derecho. Es necesario atender a la existencia de principios democráticos recogidos en declaraciones y pactos de nivel internacional que señalan derechos individuales y colectivos. No pocos autores consideran al principio de autodeterminación como ius cogens, por encima de las normas positivas.
Aquí llegamos al soniquete del “diálogo dentro de la ley” que representantes del PP repiten como un mantra últimamente. Suena bien ante la opinión pública. Así, de primeras, uno puede pensar: “que gente más civilizada”, ofrecen diálogo y además esa referencia a la ley hacen que parezcan ser “gente de orden” frente a los alborotadores, en este caso catalanes.
Pero, exactamente, ¿qué quieren decir con ese “diálogo dentro de la ley”? Aquí caben tres opciones.
-La opción A: Catalanes y vascos, ni se les ocurra pedir lo que no esté en la ley. De eso no se habla.
Mal vamos con esta opción. Hasta el Tribunal Constitucional reconoce que puede hablarse y reivindicarse lo que no está en la Ley
-Opción B: Vascos y catalanes, pidan, pidan, que da igual porque la mayoría en las Cortes la tenemos nosotros (PP y PSOE) y no vamos a cambiar la Ley.
Permítanme que sospeche que se refieren a este tipo de “diálogo”. A las pruebas me remito. No hemos conseguido en los meses que llevan recitando esta cantinela desde el Presidente del Gobierno al último militante del PP que nadie con responsabilidad haya aceptado que la Ley y la Constitución puedan modificarse. Ergo, en realidad, no están proponiendo diálogo porque no tienen voluntad ninguna de llegar a acuerdos.
-Opción C: Catalanes y vascos, estamos dispuestos a intentar llegar a un acuerdo y si es necesario a cambiar la Ley, incluida la Constitución, para adaptarse a dicho acuerdo.
Esta opción podría servir. No para que nadie saque el cien por cien de sus planteamientos, sino para que todos hagan concesiones.
Y en este ámbito el Tribunal Supremo canadiense, un país con Constitución escrita que no contempla la secesión entre sus cláusulas, da pistas para pacificar el conflicto. El Tribunal admitió la posibilidad de separación pero exigiendo, cuando hubiere voluntad clara de ello, negociaciones democráticas entre los sujetos concernidos que resolvieran todos los problemas que la autodeterminación planteaba. El 20 de agosto de 1998, la Corte Suprema concluyó que:
Posteriormente, el liberal Stéphane Dion, azote de los nacionalistas québecquois, sugirió la aprobación de una “Ley de Claridad”. Por cierto, Dion ha estado recientemente en el Congreso invitado por los socialistas españoles para hablar de federalismo. Dion defendió que no valía con que Québec ejercitase la autodeterminación cómo y cuando quisiera ni que se considerase suficiente el apoyo del 51% de la población a un proyecto secesionista. Voluntad y reglas de juego debían ser clarificadas y, por qué no, exigentes. En ese sentido fue aprobada la Clarity Act en el año 2000.
Esto es, hay una obligación política de negociar. ¿Negociar qué? Por ejemplo, mayorías exigibles para adoptar una decisión vinculante; la periodicidad con la que se puede repetir la consulta o referéndum; la decisión sobre el status de los intereses económicos de las administraciones y los ciudadanos, etc.
¿Quieren solucionar las cosas de verdad?
Los nacionalistas no nos oponemos a una Ley de Claridad. No nos oponemos a negociar los términos en que la consulta debe hacerse e interpretarse. Cataluña ha pedido, sigue pidiendo, poder negociar.
El Gobierno se opone a transferir al Estado la competencia para convocar una consulta. ¿A quién puede molestar que la ciudadanía sea consultada? Desgraciadamente, desde el año 1980 cuando se aprobó la Ley Orgánica de diferentes modalidades de referéndum -incluso desde el propio texto constitucional- se aprecia en España un concepto restrictivo de la democracia directa; un cierto miedo a conocer directamente qué es lo que quiere expresar la ciudadanía. Entendible quizá en los momentos de la transición en los que se primó la democracia representativa, pero inaceptable hoy si lo comparamos con su regulación en los países del entorno, con aquellos a los que España debería homologarse.
En esta materia no se ha avanzado en absoluto desde ese año 1980. Si algo es posible en países en los que ni siquiera tienen regulado ni previsto esto, ¿por qué no es posible hacer una consulta en una parte del Estado español donde hay una nación que se identifica como tal? El siglo XXI no es o no debería ser el siglo de las imposiciones, de la fuerza y del trágala.
Evidentemente, conocemos la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Consultas del Parlamento vasco decidiendo que era inconstitucional. Decían que no se ajustaba al orden normativo constitucional, que el 149.1.32.ª es al Estado a quien da la potestad para convocar los referéndum; que incluso la Ley 2/1980, relativa a las distintas modalidades de referéndum, deja bien claro que en el caso concreto de los referéndum, aunque también cualquier otra consulta, incluso a nivel municipal, tienen que pasar por el Consejo de Ministros para que la ciudadanía sea consultada.
Pero este no es un problema irresoluble políticamente por no ajustarse al ordenamiento jurídico constitucional. Cabe por una parte la aplicación del 150.2 a fin de que se transfiera a Cataluña dicha facultad porque a diferencia de lo que argumenta el Gobierno para oponerse a la iniciativa, Cataluña no está pidiendo la transferencia del título competencial de convocatorias de referendum en su plenitud, sino la delegación para un caso concreto y tasado cuyos términos el Gobierno perfectamente puede delimitar. Calificar de “vaciamiento” completo de la competencia del Estado la reclamación que hoy se vota es absolutamente falso
Pero, además, la postura del Gobierno indica una absoluta falta de voluntad política. Aun admitiendo el criterio del Gobierno, la solución constitucional es sencilla porque el artículo 149 del Título VIII de la Constitución no es un artículo que establezca mayorías reforzadas, y les recuerdo que hace muy poquito tiempo se reformó la Constitución, iniciando un procedimiento que duró una semana y media y santas pascuas; después no hubo ni referendums, ni recursos ante el Constitucional, ni nada de nada. Así que, si es por voluntad política, se puede cambiar el artículo 149.1.32.ª y en una semana y media sin ningún problema se podría dar cumplimiento al requerimiento del Parlament catalán.
Como segundo argumento el Gobierno se suma a la última invención en el derecho constitucional comparado, aportación del PP con la aquiescencia del PSOE. El Gobierno dice que “nadie puede privar de manera unilateral al conjunto del pueblo español, único titular de la soberanía de su derecho a decidir sobre su futuro colectivo”. No se puede consultar a los catalanes porque en boca de portavoces del PP, “decidimos juntos; decidimos juntos la Constitución y por tanto cualquier cambio de lo que denominan las reglas de juego deben votarlo todos los españoles”.
Aquí hago un paréntesis. Se lo voy adelantando para cuando llegue la consulta en el País Vasco. Para Euskadi búsquense otro argumento porque la Constitución Española sólo recibió en Euskadi el 30% de los votos del censo. Un fracaso en toda regla. Conviene recordarlo. La Constitución no se hizo pactando con los vascos, ni estos nunca dieron su visto bueno al texto. No decidimos juntos la Constitución ni la estructura del Estado. No contaron con nosotros. Que quede claro, cuando llegue el momento, queremos decidir.
Pero, en cualquier caso, el argumento de que toda la ciudadanía del Estado y no solo los catalanes deben votar es un argumento muy pobre. Paupérrimo. Por una parte, ¿dónde se ha visto semejante cosa? ¿En Escocia? No. ¿En Quebec? No. ¿En Noruega? No. ¿En Timor Oriental? No. En ninguna parte.
Por otra, los catalanes no quieren decidir acerca de la organización territorial del Estado. No, no, en absoluto. Quieren decidir sobre ellos, sobre su territorio, sobre sus ciudadanos, sobre su sociedad, sobre su futuro, pero no sobre el resto; el Estado español continuará con sus mismas estructuras caducas o cambiarán en el futuro, pero será por lo que decida esta Cámara. Los ciudadanos catalanes cuando voten determinada consulta no estarán decidiendo sobre la organización territorial del Estado.
Pero, incluso así, aun siendo el colmo del sinsentido jurídico, oigan, convoquen la consulta en todo el Estado. Pregunten a toda la ciudadanía por el status de Cataluña y se encontrarán lo que ya sabemos: que en Euskadi y en Cataluña el resultado de la votación será diametralmente opuesto al del resto del Estado. Las patatas seguirán ardiendo.
Y, ¿qué pasaría entonces? ¿Que como tienen ustedes la sartén por el mango aquí no se mueve nada y esto sigue igual? ¿Ustedes creen que se podría sacar esa conclusión y no mover absolutamente nada si una mayoría clara en Cataluña, por mucho que votara también el resto del Estado y se manifestara en sentido contrario, dijera lo que va a decir? Desde luego, eso no se correspondería con un Estado social y democrático de derecho.
Permítanme que traiga a colación un artículo de una persona nada sospechosa de ser nacionalista vasco o catalán y con fama de excelente jurista. Ustedes lo eligieron como magistrado del Tribunal Constitucional y llegó a ser su vicepresidente así como presidente del Consejo de Estado. Me refiero al señor Rubio Llorente, quien en un artículo gráficamente titulado “Un referéndum para Cataluña”, publicado en el diario El País el día 8 octubre de 2012, argumentaba:
”Si una minoría territorializada, es decir, no dispersa por todo el territorio del Estado, como sucede en algunos países del Este de Europa, sino concentrada en una parte definida, delimitada administrativamente y con las dimensiones y recursos necesarios para constituirse en Estado, desea la independencia, el principio democrático impide oponer a esta voluntad obstáculos formales que pueden ser eliminados. Si la Constitución lo impide habrá que reformarla, pero antes de llegar a ese extremo, hay que averiguar la existencia, y solidez de esa supuesta voluntad. Una doctrina que hoy pocos niegan y cuya expresión más conocida puede encontrarse en el famoso dictamen que la Corte Suprema de Canadá emitió en 1999 sobre la legitimidad de la celebración de un referéndum en Quebec (que, dicho sea de paso, los independentistas perdieron por poco más de 50.000 votos)”.
Claro que hay que conocer la opinión del pueblo de Cataluña. ¿Cómo van a enfriar la patata si no hacen un diagnóstico?
El que estén en contra de la secesión de Cataluña es una posición más que legítima. Lo que no es legítimo es que se escuden en la inmutabilidad de la ley para hacer que su posición prevalezca sobre la de otros pensamientos políticos. Lo que deberían hacer es intentar convencer a la ciudadanía catalana de que una secesión no les conviene. Tal y como hace el Gobierno británico. Tienen medios a su alcance, y muchos.
Pero empléenlos en convencer a los catalanes de las ventajas de pertenecer a España, no en amedrentarles con las penurias del destierro europeo y denigrarles en panfletos pagados por el Ministerio de Exteriores ante instancia europeas.
Llegados a este punto, permítanme que me haga eco de unas reflexiones que realizó en Davos, dirigiéndose a Durao Barroso, el profesor Sala i Martín, y con las que estoy absolutamente de acuerdo:
“Croacia y Serbia han conseguido la independencia a través de sangrientas guerras, con abundantes crímenes contra la humanidad que están siendo juzgados por el Tribunal de la Haya. Mis compatriotas catalanes están pidiendo un referéndum que les permita decidir si quieren seguir en España o prefieren ir por otro camino. En medio de este proceso usted, señor Barroso, ha dicho que si los catalanes votan a favor de la independencia, automáticamente quedarán fuera de Europa. Yo no tengo nada contra los ciudadanos de los Balcanes pero le pregunto: ¿De verdad que la Europa democrática de la que usted se siente tan orgulloso es una Europa que celebra la incorporación de países que consiguen la independencia a través de cruentas guerras pero amenaza con la expulsión a quien busca lo mismo a través de los votos?
¿No va siendo hora de que, como seres humanos libres y democráticos, empecemos a rechazar las fronteras trazadas con sangre y violencia y a aceptar las que se dibujan con los votos de los ciudadanos?
Y continúa:
“Yo creo que sí. Es más, pienso que como en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia, ese proceso debería ser liderado por Europa. Esa podría ser una de las bases sobre las que se fundamente el nuevo renacimiento de Europa”.
Y añade:
“Dicho esto, es verdad que la UE es una unión de Estados, pero los tratados no están escritos en piedra. Es más, detrás de esos Estados están las personas y ahora hay 7 millones de ciudadanos europeos que tienen un pasaporte granate en cuya tapa delantera están escritas las palabras Unión Europea, y que usted amenaza con expulsar. Cuando esos ciudadanos le pregunten a usted, ¿por qué me quitan la ciudadanía europea y se la dan a Serbios y Croatas?, usted les va a tener que responder: ¡es que vosotros tuvisteis la osadía de votar y eso, los tratados europeos no lo toleran! Y cuando lo haga, ¿cómo cree que el resto del mundo valorará los valores democráticos de la nueva Europa de la que usted se siente tan orgulloso? ¿Es esa la Europa que están ustedes haciendo renacer? Porque si lo es, el primero que no quiere ser europeo soy yo”.
Fin de la cita, señor Rajoy.
La vía catalana no es antidemocrática y por lo tanto no está imponiendo ninguna visión; es más, ejemplos tenemos: Canadá y Reino Unido, donde las constituciones no prevén nada sobre un posible referéndum. Es la hora de la claridad. Claridad para hacer una ley que establezca cuáles son los términos sobre los que se puede ejercitar el derecho a decidir. Pero desde luego lo que no puede hacer un Estado social y democrático de derecho es negar esa posibilidad. Las naciones catalana y vasca existen porque así lo siente un grupo muy importante de ciudadanos, y además a cualquiera que conozca la Historia española no le extrañará que esto suceda, y que el falso encaje que se dio a las realidades nacionales en la transición nos lleve una y otra vez al conflicto que ustedes se empeñan en perpetuar.
Voy terminando, señor Presidente.
Hay un término que gozó de popularidad en política durante estos últimos años. Fue el señor Mayor Oreja quien la puso de moda: la “trampa”. Había “tregua-trampa”, “propuesta-trampa”, “diálogo-trampa”, etc.
Empezamos a pensar que su objetivo es mantener una Constitución-trampa, una especie de cárcel de los pueblos. Hace medio año el portavoz del Partido Popular señor Gómez de la Serna, utilizando la expresión escrita en la puerta del Hades, en la obra de Dante Infierno, Canto número II, nos decía: “Abandonen toda esperanza”. O sea, ¿ustedes aspiran a convertir la constitución en un infierno? ¿A convertir una Constitución en una trampa para los ciudadanos que no están de acuerdo con los términos de la misma?
En Escocia pronto tendrán ocasión de explorar la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos en torno a su status político futuro. Sus gestores políticos saben que en un régimen de carácter democrático la Ley debe adaptarse a la voluntad ciudadana y a ello se han entregado en los últimos meses. En el caso de Catalunya, por el contrario, se apela precisamente a la ley para seguir desconociendo esa voluntad. Se prefiere ahogar la voz del pueblo con la mordaza de la Ley que acomodar la Ley a la voluntad popular.
Voy concluyendo con una cita del Lehendakari Ibarretxe pronunciada en el conocido debate del 1 de febrero de 2005 en esta misma Cámara que apunta con claridad a la solución del problema del encaje nacional vasco y catalán en el Estado: “Creo sinceramente que existe un camino, creo sinceramente que existe una solución, creo sinceramente que existe un punto de encuentro, y este es el derecho a decidir y la obligación de pactar.”
Hasta aquí la cita. En nombre del PNV quiero dejar constancia de nuestra posición. Los vascos constituimos una nación. Podremos discutir las condiciones, los compromisos y las mayorías necesarias para ejercitar el derecho a decidir. El derecho, nunca.
El PNV estará pues hoy, como estuvo siempre, al lado del pueblo catalán, a quien a pesar de haber perseguido el pacto se le han cerrado sistemáticamente todas las puertas para conseguirlo y, en consecuencia, estamos a favor de la petición abrumadoramente mayoritaria que realizan sus legítimos representantes: el Parlament de Catalunya.
Votarem SI.
Eskerrik asko.
