El Grupo Vasco considera “acertadas” las medidas para “reparar” a las víctimas de abusos en la Iglesia planteadas en el informe del Defensor del Pueblo, realizado a petición de EAJ-PNV

El diputado jeltzale Joseba Agirretxea ha asegurado que este informe es “serio, objetivo y empático”, y arroja “algo de luz entre tanta oscuridad”

El Grupo Vasco considera “acertadas” las medidas para “reparar” a las víctimas de abusos en la Iglesia planteadas en el informe del Defensor del Pueblo, realizado a petición de EAJ-PNV 21Noviembre
21 Noviembre |
Congreso
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El Grupo Vasco ha afirmado que las medias para “reparar” a las víctimas de abusos en la Iglesia planteadas en el informe del defensor del Pueblo son “acertadas”. Ángel Gabilondo ha presentado hoy el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, en respuesta a una iniciativa parlamentaria de EAJ-PNV y PSOE de marzo de 2022. El diputado jeltzale Joseba Agirretxea ha asegurado que es “un informe serio, objetivo y empático” y que arroja “algo de luz entre tanta oscuridad”. Asimismo, Agirretxea ha lamentado que las víctimas han sufrido estos abusos “en una de las etapas más frágiles de su vida”. “El informe manifiesta claramente que el eje central debe de ser la víctima”, ha dicho.

En este contexto, Agirretxea ha criticado que la respuesta de la Iglesia ha sido durante muchos años de “negación” de estos casos, “algo que no se puede defender ni tolerar”. “Ni la petición de perdón debe quedarse sin justa reparación hacia las víctimas ni los agresores sexuales puede quedar exonerados de su responsabilidad”, ha remarcado. “No es un problema de que la Iglesia no tenía internamente sistemas para encauzar esta gravísima problemática; el error y el horror ha sido el ocultamiento consciente en algunos casos y el ofensivo desinterés en otros”, ha lamentado.

Además de la obligación de reparación que incumbe a la Iglesia católica por los “daños causados”, el diputado jeltzale ha afeado que “hay una obligación del Estado que se funda no solo por los deberes generales de solidaridad, sino por tratarse de casos en los que los abusos se han cometido en un centro educativo o en una actividad en la que el Estado tenía un deber de supervisión”. “A nosotros, como responsables políticos, nos corresponde recoger el mandato que le hicimos al Defensor del Pueblo y actuar en consecuencia poniendo los recursos necesarios para reparar las víctimas y crear la estructura necesaria para que jamás vuelva a ocurrir”, ha zanjado Agirretxea.

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