En respuesta a una pregunta de la diputada jeltzale Idoia Sagastizabal, la vicepresidenta Calviño asegura que harán ‘todo lo posible para que en esta legislatura se produzcan las modificaciones que sean precisas para garantizar el olvido oncológico‘
“El derecho al olvido oncológico es de justicia social; el cáncer no puede convertirse en una losa de por vida para quienes, además, sobreviven a él”. Esta es la principal afirmación que ha realizado Idoia Sagastizabal, portavoz económica del Grupo Vasco, en la sesión de control al Gobierno español en la que ha pedido a la vicepresidenta Calviño que garantice el derecho al olvido oncológico para terminar con la discriminación que sufren las personas que han padecido un cáncer y quieren acceder a productos financieros.
Durante su intervención, Sagastizabal ha explicado que el derecho al olvido oncológico no es otra cosa que “el derecho de aquellas personas supervivientes de cáncer a que las entidades financieras no tengan en cuenta su historial médico para contratar productos financieros”. En este sentido, ha aludido a un informe de la fundación Josep Carreras que expone que un 83% de las personas encuestadas asegura tener dificultades para acceder a un seguro de vida, o un 47% en el caso de un crédito o préstamo; “y cuando lo hacen, lo hacen además en condiciones alejadas de lo asequible o usual”, ha apostillado.
“No tener derecho al olvido supone que no pueden llevar a cabo su proyecto de vida con las mismas oportunidades que quienes no han padecido esa enfermedad”, ha afirmado Sagastizabal. Y ha recordado que el Estado español se encuentra “rezagado” en el cumplimiento de un mandato europeo en este sentido.
En su respuesta, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha recogido el guante lanzado por el Grupo Vasco y se ha comprometido a llevar a cabo ‘las modificaciones que sean precisas’ para garantizar el olvido oncológico.
Sagastizabal ha agradecido la respuesta a Nadia Calviño y ha añadido que el Grupo Vasco seguirá de cerca este asunto para “comprobar que, efectivamente, el Gobierno español cumple su palabra y garantiza este derecho antes de que culmine la legislatura”.
