La norma será más garantista y simplificará los procesos sancionadores que puedan abrir el Gobierno vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos vascos. “Acabaremos con la dispersión de normas que hay en la actualidad y obtendremos una mayor claridad y seguridad jurídica tanto para las administraciones como para las personas”, ha defendido Irune Berasaluze
La ley que esta mañana ha ratificado por amplia mayoría el Pleno del Parlamento Vasco, Ley de Potestad Sancionadora, regula la capacidad sancionadora de las administraciones públicas de Euskadi. La nueva norma, tal y como ha detallado la parlamentaria jeltzale Irune Berasaluze, permitirá, además de actualizar la norma anterior que data de 1998, simplificar los procesos y reforzar las garantías de la ciudadanía en los procesos de los que pueden ser objeto de sanción. “El objetivo de esta nueva norma es dotar a la ciudadanía de mayores garantías en el proceso sancionador de todos los organismos públicos con potestad sancionadora en los tres niveles institucionales, por lo que se aplicará a nuestros tres niveles institucionales”. En este sentido, ha añadido, se han recogido “importantes modificaciones, sobre todo en lo que se refiere a las Entidades Locales de Euskadi, ya que también será aplicable dentro de su ámbito”.
Este nuevo texto legal responde a la necesidad de seguridad jurídica derivada de la importante dispersión y carencia de la normativa en la materia. Tiene en su base la introducción de las modificaciones necesarias para adaptar la actual norma, con 25 años de historia, a las nuevas realidades y a los cambios introducidos en el procedimiento.
Como ha señalado en su intervención plenaria, la ley apuesta por el carácter educativo de la sanción frente a lo punitivo, y muy especialmente en el caso de menores y personas con discapacidad, que tendrán una protección aún mayor. Así, ha explicado la representante de EAJ-PNV, “cuando el menor o persona con discapacidad cometa una infracción administrativa, las administraciones públicas deberán tener en cuenta el interés superior a proteger y, por ejemplo, proponer alternativas a la sanción, como actos de conciliación o reparación entre infractores y sus víctimas”. Berasaluze también ha puesto en valor la incorporación del lenguaje de género, los derechos lingüísticos de todas las personas, así como todas las cuestiones relacionadas con la “transparencia, el buen gobierno o la administración electrónica”. Asuntos, ha recordado, que la administración exigía dentro de su proceso de modernización.
