La senadora de EAJ-PNV pide trasponer al derecho del Estado la Directiva europea que establece la cobertura y la financiación que los prestadores de servicios deben ofrecer a obras europeas.
Almudena Otaola ha denunciado la conculcación al derecho a la diversidad cultural y lingüística que supone la no incorporación al derecho interno del Estado español de la Directiva europea de 2018 que lo regula. En la sesión de control al Gobierno de hoy, la senadora de EAJ-PNV ha apremiado a la Vicepresidenta Tercera a trasponer esta Directiva, necesidad que ha compartido Nadia Calviño, que posibilitaría un beneficio también para la producción vasca y para la que se realiza en euskara.
Concretamente, el artículo 5 de la Ley de Audiovisuales establece que los prestadores del servicio de comunicación televisiva de cobertura estatal o autonómica deben reservar a obras europeas el 51% del tiempo de emisión anual de su programación, así como contribuir anualmente a la financiación anticipada de producción continental de películas cinematográficas, filmes y series para televisión, así como documentales y películas y series de animación, con el 5% de los ingresos devengados en el ejercicio anterior conforme a su cuenta de explotación -un 6% en el caso de los de titularidad pública-.
“Esta fuente de financiación y de visibilización es primordial. Películas como ‘Handia’, ‘Errementari’, ‘La Trinchera Infinita’ u otras producciones vascas han sido posibles gracias a ello”, ha opinado Otaola, ante un panorama cultural castigado adicionalmente con la crisis sanitaria. “El cambio de forma de consumo hace necesario que las reglas del juego sean iguales”, ha reclamado a la también Ministra de Transformación Digital, en referencia a una situación que supone una competencia en desiguales condiciones para los prestadores del servicio de comunicación televisiva y las plataformas audiovisuales. “Las televisiones públicas no deben encontrarse en una situación de desventaja aún mayor, disponen de una gran financiación de recursos públicos y es responsabilidad del Gobierno español no acrecentar la desventaja competitiva que supone esta falta de trasposición.
