El diputado Mikel Legarda ha calificado de “brindis al sol” algunas de sus medidas pero ha justificado el voto a favor de la norma en que “su no convalidación es peor”
El Grupo Vasco ha manifestado hoy su apoyo al Decreto 16/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el trámite de la Administración de Justicia, y lo ha hecho “porque es momento de buscar consensos para la vuelta a la normalidad en la Administración judicial”.
En el debate de convalidación, Mikel Legarda, portavoz de Justicia del Grupo Vasco, ha recordado que “del buen funcionamiento del servicio público de Justicia dependen proyectos vitales, decisiones económicas y más aún en el momento como el presente”. Por ello, y tras señalar que esta norma “pretende ser un primer paso coyuntural” ha justificado el voto a favor del Decreto porque “su no convalidación es peor”.
Durante su discurso, Legarda ha evidenciado que “la Justicia no es ajena al efecto devastador de la pandemia” y ha recordado que “a un servicio público ya colapsado se le añade un nuevo colapso por el parón al que se ha visto sometido” por la crisis del Coronavirus. A esto habrá que sumar, además, tal y como ha dicho Legarda, “toda la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria y de las medidas de contención adoptadas para paliar sus efectos”. Así, y como hiciera el Consejo General del Poder Judicial, el diputado jeltzale ha señalado que estamos ante un “escenario excepcional e inédito al que ha de darse una respuesta desde ahora y aún más tras el levantamiento del estado de alarma para reactivar el servicio, evitar su colapso y garantizar la seguridad” de los funcionarios y personal, profesionales y público en general.
En todo caso, el diputado del Grupo Vasco ha señalado que algunas de las propuestas del Real Decreto son “un brindis al sol”, como las medidas tecnológicas que requieren de “una gran inversión” pero ha citado otras positivas, como las reglas de cómputo de plazos suspendidos, las medidas concursales para evitar la liquidación de de empresas, la citada no presencialidad o la negociación con el Consejo General de la Abogacía sobre el alcance y condiciones de la habilitación judicial del parte del mes de agosto.
Por último, Legarda ha advertido de que la futura Ley con medidas estructurales anunciada por el Ministerio de Justicia debe ser remitida como Proyecto de Ley “con todos los informes” pertinentes, “y no como un Decreto Ley, que no convalidaríamos, o una Proposición de Ley, que no aceptaríamos”.
