Entrevistado en Radio Euskadi, el candidato jeltzale a las elecciones generales de noviembre ha calificado la sentencia del ‘procés‘ de “desproporcionada” y ha realizado un llamamiento para que “las protestas se conduzcan de forma pacífica”
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Aitor Esteban, candidato de EAJ-PNV a las elecciones del 10 de noviembre, ha criticado hoy que el Gobierno español no haya “movido ni una coma” de algunas obras comprometidas con el Grupo Vasco en el Congreso, como las correspondientes a los regadíos alaveses, que “están comprometidas en los PGE” y que son “actos ordinarios”. Entrevistado en Radio Euskadi, se ha mostrado “indignado” por este hecho y ha añadido que además de estas actuaciones, un Gobierno en funciones también puede realizar transferencias. “Si puede aplicar el 155, ¿por qué no puede cumplir el Estatuto? Es un acto ordinario, lo que no es normal es lo contrario”.
Preguntado por la situación en Catalunya, transcurridos dos días de la sentencia del ‘procés’, Esteban ha empatizado con el “momento emocional” que está viviendo la ciudadanía, ha recordado que incluso “los momentos más álgidos y brillantes del movimiento por el referéndum fueron pacíficos”, pero ha advertido de que “las manifestaciones pueden ser utilizadas por algunos interesados en buscar más la bronca que otra cosa”. Por ello, ha emplazado a los dirigentes catalanes y a la Generalitat a “tener la vista puesta a medio largo plazo y no dejarse llevar por quienes quieren empantanar las cosas”. “Las propias instituciones catalanas son los primeros interesados en que la protesta por la sentencia se conduzca de manera pacífica. Hay que hacer una defensa absoluta de la institucionalidad”, ha apostillado.
Sobre la sentencia dictada por el Supremo este lunes, el candidato jeltzale ha señalado que “deja interrogantes a futuro muy peligrosos” y ha asegurado que “las penas constituyen una respuesta de Estado más que otra cosa”. En estas línea, ha calificado de “desproporcionada” la decisión del Tribunal Supremo de condenar a los dirigentes políticos y sociales catalanes a penas de entre 9 y 13 años por presuntos delitos de sedición y malversación, y ha añadido que “por poner un castigo ejemplarizando han exagerado sin medida el tipo delictivo de sedición”. “Si eres autoridad pública, los años de cárcel por sedición son los mismos que los de un homicidio. Me parece una auténtica desproporción", ha señalado.
