Mikel Legarda ha criticado que lo que pretende la propuesta jelzale es “limar las desigualdades aplicativas” de la norma europea en España y corregir sus “efectos paradójicos”
El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV lamenta que el Congreso de los Diputados no haya respaldado su reforma para que el ordenamiento jurídico español adapte de una manera “más correcta” la Decisión Marco sobre acumulación de condenas para que puedan ser descontadas las penas que hayan sido cumplidas en Francia. El voto en contra del PP y Ciudadanos, y la abstención del PSOE han impedido que la iniciativa, una Proposición de Ley, sea aceptada a trámite.
Durante su intervención, el diputado jeltzale Mikel Legarda ha asegurado que la petición que realiza el Grupo Vasco es “lógica y va en consonancia con la regulación que han hecho la inmensa mayoría de los países europeos”, subsanando así las “limitaciones objetivas y temporales” que introdujo el PP durante la trámite por el que se incorporó esta Decisión Marco al ordenamiento jurídico español.
“Lo que ha hecho una persona en un Estado miembro no es indiferente a los otros Estados a los efectos de prevenir nuevos hechos delictivos en su ámbito por aquella misma persona, o para tenerlas en cuenta en un nuevo proceso penal”, ha señalado Legarda. Además, ha destacado que las limitaciones “privan de efectividad al principio de equivalencia que la Decisión Marco busca implantar en el ámbito europeo, en un espacio común de libertad, seguridad y justicia”.
El diputado jeltzale ha explicado que la trasposición de esta norma europea tiene “consecuencias prácticas tangibles” como, por ejemplo, el “efecto paradójico” de alargar para un condenado el periodo de privación de libertad respecto al que le correspondería cumplir si todas las sentencias se hubieran dictado en España. Del mismo modo, Legarda ha citado la “perplejidad” que supone que se excluya la posibilidad de acumulación de las condenas dictadas por tribunales de Estados miembros de la UE y, por el contrario, no se haga con las dictadas por los Tribunales de otros Estados. “Es decir, se da una efectividad inferior a las sentencias de países de la UE que a las de los terceros países, lo que supone un evidente retroceso en los avances en la construcción del espacio europeo”, ha criticado.
Por último, Legarda ha señalado que la iniciativa, además de “limar las desigualdades aplicativas” de la norma europea, no hace otra cosa que volver al texto que aprobó el Consejo de Ministros en 2013, que fue remitido al Senado (donde se introdujeron los cambios) y sobre el que el CGPJ y el Consejo de Estado informaron favorablemente.
