La parlamentaria jeltzale ha denunciado que “las pensiones son otra expresión más de la discriminación que sufre la mujer”, y ha defendido la necesidad de contar con un diagnóstico real que permita actuar y mejorar las condiciones de vida de dichas mujeres. Hoy, el Parlamento Vasco, con el respaldo de todos los grupos, ha aprobado una resolución instando al Gobierno a elaborar un plan integral que responda a las necesidades de este colectivo
La brecha salarial entre hombre y mujeres se agrava cuando hablamos de las pensiones. Según los datos aportados por la parlamentaria Leixuri Arrizabalaga, la pensión media de jubilación que cobran las mujeres en Euskadi es de 907 euros al mes, mientras que la de los hombres se eleva hasta los 1.568 euros; es decir, la pensión de la mujer es 661 euros inferior a la que perciben los hombres. Además, el 73% de las mismas percibe pensiones por debajo de 1.000 euros al mes. Una de las razones que puede explicar esta “brecha salarial” es que el 45% de las mujeres que cobra una pensión en Euskadi es viuda, y la pensión media en estos casos no llega a los 800 euros al mes.
A la vista de estos datos, afirma Arrizabalaga, queda claro que las pensiones constituyen una de las expresiones más graves de la discriminación económica que sufren las mujeres en Euskadi. “La discriminación salarial es hoy en día uno de los factores que perpetúan y condicionan las diferencias entre mujeres y hombres. Por eso, la reivindicación y la lucha por la igualdad real y efectiva entre sexos debe estar también en este campo, el de las mujeres pensionistas”.
Para Arrizabalaga, tener una fotografía real de la situación socio-económica de estas mujeres es crucial para poder abordar una solución y proponer medidas que permitan dignificar su vida. Por eso, ha añadido, el acuerdo que hoy hemos cerrado en el Parlamento es un paso más en la lucha por la igualdad real.
Por unanimidad, la Cámara Vasca ha aprobado una iniciativa en la que se solicita al Gobierno a que, en colaboración con Emakunde, elabore en 2019 un estudio en profundidad sobre las mujeres pensionistas, cuantificando la aportación en el trabajo reproductivo y valorando su grado de exclusión social. Ese informe será la base de un plan integral de acción para responder a esas situaciones de precariedad de las mujeres pensionistas y dignificar sus condiciones de vida. “Lo conseguido en este Parlamento hoy será un avance en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria donde la discriminación no tenga espacio y quede desterrada”.
