Intervención sobre el Impuesto de Patrimonio

NOTA: Este discurso puede ser modificado parcial o totalmente por el orador de manera que solo es válido lo pronunciado en el hemiciclo aunque estuviere aquí  escrito.

Sr. Presidente,

Sras. Diputadas, Sres. Diputados,

Egunon danori.

Hoy, el Sr. Rubalcaba, actuando como Ministro de Economía y Hacienda o, mejor dicho, como Presidente del Gobierno, nos trae a esta Cámara, en el último Pleno de la legislatura, un Real Decreto-Ley por el que se reestablece el Impuesto sobre el Patrimonio.

Un Real Decreto-Ley que se ha pervertido, que ha pedido parte de su potencialidad desde el momento en que se ha convertido en un arma  exclusivamente o fundamentalmente electoral.

El debate que se tenía que haber producido sobre la necesidad de reformar en profundidad el sistema tributario (también el Impuesto sobre el Patrimonio) para atender con criterios de equidad, justicia social y progresividad a la financiación de las políticas públicas prioritarias, se ha simplificado hasta el extremo de si los ricos o los que más tienen han de soportar en mayor medida los costes de la crisis.

Lo que en su día el Sr. Rodríguez Zapatero nos vendió que bajar los impuestos era de izquierdas, hoy el Sr. Rubalcaba nos vende que recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio es aún más de izquierdas, en ese afán electoral de desmarcarse del Gobierno del Sr. Zapatero, y de hacer un guiño electoral a los desencantados por la política económica del actual Gobierno.

Situemos, pues, la naturaleza de la medida que hoy se va a convalidar en esta Cámara en sus justos términos.

Además, el Gobierno ha aprobado este Impuesto con ciertos complejos y miedos. Lo ha hecho sólo para dos años, argumentando que éste es el horizonte de contención del déficit público al 3%, como si a partir del 2013 la situación variara sustancialmente.

Han insistido en que sólo afecta a los más ricos, a aquéllos que poseen en valores (inmobiliarios y  mobiliarios)  más de un millón de euros. Hemos oído hablar de 90.000 los afectados, y también de 150.000.

Por otro lado, no ha quedado nada claro cuánto piensan recaudar con el impuesto reestablecido.

Se nos dice que alrededor de 1.000 millones de euros, pero tampoco lo sabemos.

Dependerá de lo que hagan las Comunidades Autónomas. Dado que es un impuesto cedido a éstas, puede perfectamente ocurrir que algunas o todas ellas decidan no aplicar el impuesto a sus ciudadanos, o bonificar el 100% del pago del mismo.

Puede ocurrir, pues, que habiendo el Gobierno del Sr. Zapatero activado el impuesto, lo desactiven las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP en su mayoría.

Por lo tanto, no sabemos lo que puede ocurrir al final desde el punto de vista de los ciudadanos afectados (si los madrileños o valencianos van a pagar o no, por poner un ejemplo que está en los medios) ni desde la recaudación.

También, en este sentido, se ha generado una gran confusión sobre lo que financieramente la aplicación o no del impuesto les puede suponer a las propias Comunidades Autónomas.

En su día, se modificó el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, incorporando en favor de éstas una dotación de 2.100 millones de euros por la pérdida de recaudación que suponía la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.

Ahora, esa cantidad es intocable aunque las Comunidades Autónomas no decidan aplicar en su territorio el impuesto rehabilitado.

¿Qué capacidad de coacción o de presión tiene este Gobierno? Me temo que casi ninguna.

Como digo, los motivos de confusión son múltiples y lo que prima es el carácter electoral de la medida.

Lo han hecho muy mal, Sres. del Gobierno.

Estamos inmersos en una profunda crisis económica de la que no es previsible que salgamos ni pronto ni con facilidad.

Tendremos, sin duda, que cumplir durante los próximos años con los compromisos adquiridos en el ámbito dela Unión Europeaen materia de déficit y endeudamiento públicos, y supongo que también respetar lo establecido enla Constituciónen la reciente reforma.

La crisis va para largo y habrá que seguir haciendo los deberes. Reformando el mercado de trabajo para crear empleo (no precarizando, reformando), reformando un sistema financiero (que gracias al Gobierno y al Banco de España no sabemos en qué situación se encuentra), reformando el gasto público, las políticas públicas, las estructuras administrativas y un largo etc.

Va a ser inevitable, a la par que urgente y necesario, debatir y revisar la política social, la política de infraestructuras, etc. Debatir y revisar no quiere decir al menos para el Grupo Vasco, para el Partido Nacionalista Vasco, suprimir y eliminar.

Quiere decir hacer más con menos, y hacer mejor las cosas. Evitar despilfarros y solapamientos, luchar contra el fraude, contra el fraude fiscal y contra el fraude en las políticas públicas.

En este contexto es en el que habría que revisar en profundidad el sistema tributario.

Y es por equidad, justicia social y progresividad por lo que los que más tienen han de contribuir en mayor medida. Es además una perogrullada.

Durante los últimos años hemos visto cómo el sistema tributario perdía globalmente progresividad.

La presión fiscal ha caído bruscamente especialmente a partir del año 2009. La caída de la recaudación llevó al déficit público hasta el 11,2% del PIB.

El marginal del IRPF ha ido disminuyendo desde el 56% hace 15 años, hasta el 48% actual. El Impuesto de Sociedades ha ido viendo reducir el tipo nominal y el efectivo. Han aparecido las SICAVs. La fiscalidad del capital se ha reducido en gran medida. Ya las rentas de capital no se suman a las de trabajo a la hora de tributar por el IRPF.

A lo largo de los últimos años, y con mayor intensidad durante los años de crisis, la distribución funcional de la renta, el reparto entre rentas de trabajo y rentas de capital, se ha escorado en favor de estas últimas. Ha aumentado la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen.

No quiero decir que todos estos cambios hayan sido perversos y negativos. Lo que quiero decir es que se han producido, y que el sistema tributario ha perdido progresividad.

Una progresividad que habría que ir recuperando sin generar perjuicios en la actividad productiva.

Es por ello difícil estar en contra de una medida como la que hoy se plantea.

Y lo es porque incluso desde el punto de vista ético y estético es difícil defender que los contribuyentes con más posibles no tengan que hacer un esfuerzo extra con la que está cayendo.

Aunque puede sonar demagógico, no lo es. Exigir que los que más tienen paguen más y que se graven las transacciones financieras para evitar especulaciones que tanto mal han causado en esta crisis, es incluso una obligación moral.

Así lo han entendido muchos del los tenedores de grandes fortunas en los Estados Unidos y en Europa, no así en el Estado español, por desgracia.

Queremos insistir en dos cuestiones muy importantes.

En primer lugar, que esta actuación parcial y de menor entidad no puede evitar un retraso en el verdadero debate sobre la reforma del gasto público, la reforma integral del sistema tributario y la lucha contra el fraude.

Y en segundo lugar, para que esta medida sea efectiva se ha de aplicar en el conjunto de las Comunidades Autónomas. En caso contrario se pueden generar filtraciones y deslocalizaciones indeseadas que generen problemas de gran alcance. Si Madrid, por ejemplo, no aplica el tributo, existe un gran riesgo de que grandes fortunas trasladen su domicilio para evitar el pago del impuesto.

Se requiere, pues, acuerdo amplio, consenso y aplicación general para evitar efectos indeseados.

Tomar la decisión  precipitada, y pensando exclusivamente en su impacto electoral, es por lo que nuestro Grupo Parlamentario se va a abstener.

Las cosas hay que hacerlas bien y en serio. Y este Real Decreto-Ley adolece de muchos defectos tal y como les he comentado.

Y con esta intervención, y anunciando nuestra abstención, me despido de todos ustedes  esta legislatura.

Eskerrikasko.