La globalización económica ha asegurado la libre circulación de capitales en buena parte del mundo sin terminar de globalizar igualmente los derechos de las personas. Y con ello, el mundo sigue asistiendo a distintas situaciones de violencia endémica y parálisis política. Entre los avances más recientes, y gracias al impulso de diferentes agentes de la sociedad civil entre los que se encuentra UNESCO ETXEA de Euskadi, el Consejo de Derechos Humanos de la ONUha abordado la pasada semana una propuesta de codificación del denominado “derecho de todos los pueblos a la paz” como un derecho fundamental inherente a nuestra dignidad como seres humanos. Sin pretender soslayar la complejidad del debate sobre los instrumentos propios del Derecho Internacional, bien es cierto que el resultado final de la votación en Ginebra no puede dejarnos indiferentes como luego veremos. Llama la atención, en este contexto, que las presuntamente más avanzadas democracias del planeta se nieguen a reconocer el derecho a la paz como un derecho fundamental de todas las personas y pueblos del mundo; que configura su protección, según la declaración presentada, como una obligación fundamental de todos los Estados y como pilar fundamental de los restantes Derechos Humanos reconocidos universalmente.
Resulta cuando menos llamativo que buena parte de Occidente, incluidala UE, se niegue a votar favorablemente la codificación del derecho de los pueblos a la paz, mientras los países en desarrollo continúan con su reclamación antela ONU.
Sin embargo, la globalización económica comenzó varios siglos atrás. En los momentos en que Europa estuvo superpoblada y sufrió el desempleo, las crisis se superaron mediante flujos migratorios de europeos hacia todos los continentes. Los europeos viajaron, expoliaron culturas, sometieron a los nativos y explotaron la riqueza que hoy muchos países en desarrollo no pueden siquiera consumir para subsistir. De hecho, a través de esta acumulación de riqueza, las revoluciones industrial y tecnológica fueron posibles y catalizan hoy nuestros niveles de desarrollo.
Posteriormente, a lo largo del siglo XX, el mundo ha sido testigo de la lucha de muchos pueblos por su libertad política. La mayoría de las naciones han obtenido esa libertad, mientras el derecho ala Pazbien pudiera servir para construir una libertad más real y efectiva. Pero la explotación económica de muchas de ellas continúa, a veces, sin límite alguno, mediante acuerdos económicos que desatienden criterios de interés general, desarrollo sostenible o Derechos Humanos como el que ahora se pretende codificar en el Derecho Internacional. Una vez más, los nativos, los indígenas y las comunidades locales, entre otros, sufren la peor parte de este fenómeno, mientrasla ONUyla UEmiran hacia otro lado o se muestran incapaces de abordar estas cuestiones. A pesar de que el concepto y la práctica de la libertad política se aceptaron y promovieron, el control económico y la explotación del capital natural prosiguen a través de la globalización económica, de las políticas de algunos Estados y de la pasividad internacional. Ello no es óbice para que escuchemos, sistemáticamente, apelaciones a la cultura de paz, a la educación en los valores de la no violencia y otras propuestas bienintencionadas, mientras España prefiere acudir a Ginebra y votar “No” al derecho de los pueblos a la paz en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mientras esto sucede, de acuerdo con los estudios dela ONU, el 20% de la humanidad, esto es, Occidente, ostenta el 80% de la riqueza y recursos. Por el contrario, el restante 80% de la humanidad tiene que conformarse con el 20% de la riqueza y los recursos existentes. El 94% de toda la investigación y la tecnología se encuentran en manos de Occidente. Un contexto delicado sobre el que se asienta, a día de hoy, una cuota parte de nuestro progreso a costa de hipotecar el planeta y el futuro de millones de personas que también son titulares de derechos individuales y colectivos, como el derecho a vivir y desarrollarse en paz.
Y, con ello, parece necesario empezar a considerar que la globalización no está exenta de límites y problemas estructurales que todas las sociedades debemos abordar con determinación y solidaridad colectiva. Si los mecanismos del mercado logran dirigir los destinos de los seres humanos, la economía acabará -si no lo hace ya- dictando sus normas a la sociedad y no al revés. Llegará un momento en que la democracia será irreconocible y los valores que los Derechos Fundamentales desaparecerán de nuestros mapas. Serán, quizás, algo superfluo que el mercado devorará sin mayor contemplación. Sin límites, la globalización económica es un gigante que parece dispuesto a imponerse a nuestros sistemas políticos.
Por todo ello, tantola ONUcomola UEdebieran reconducirse hacia el logro de la justicia y la paz. Es imprescindible que ambas instituciones se sobrepongan a sus debilidades y dejen de ser instrumentos políticos sometidos, casi siempre, a la lógica de la globalización económica. Con ello, han de contribuir a que el Derecho y, con él,la Justicia, se globalicen junto con los Derechos Humanos.
Por ello, parece cuando menos necesario recordar aquí los Estados que votaron “SÍ” enla ONUal “derecho de los pueblos a la paz” un 17 de junio de 2011: Angola, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Cuba, Djibuti, Ecuador, Gabón, Ghana, Guatemala, Jordania, Kyrgyzstan, Malasia, Maldivas, Mauritania, Islas Mauricio, México, Nigeria, Pakistan, Qatar, Rusia, Arabia Saudi, Senegal, Tailandia, Uruguay, Uganda y Zambia.
En la misma votación, los siguientes Estados prefirieron obsequiar al mundo con un “NO” al mismo derecho: Bélgica, Francia, Hungría, Japón, Noruega, Polonia, Moldavia, República de Corea, Eslovaquia, España, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Si bienla Resoluciónfue aprobada por 32 votos a 14, resulta llamativa la reserva de algunos Estados a defender esa paz de la que aseguran ser garantes.
