EN el río revuelto del sistema financiero español las aguas bajan turbias. Las cajas de ahorro nacieron hace más de un siglo para ayudar a las clases sociales más desfavorecidas y para proveer de servicios que ni el Estado ni el sistema financiero ofrecían. Hoy están en una situación de liquidación y, por tanto, al alcance de especuladores o aprovechados ajenos a los valores de las cajas de ahorro.
Tres son los motivos principales esgrimidos oficialmente para justificar la liquidación de las cajas. En primer lugar, la falta de confianza de los mercados financieros internacionales en la economía española. Le sigue el voraz apetito de su principal grupo competidor, la gran banca. Y, en tercer término, el fracaso in vigilando de la autoridad monetaria (Banco de España), que no solo no supo anticipar los riesgos asociados a la denominada crisis del ladrillo sino que aventó el modelo de financiación fácil a la compra de viviendas. A ello hay que unir otro motivo de fondo: la voraz corriente recentralizadora del Estado español, tratando de arrebatar, en momento tan propicio, las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
La coincidencia temporal de estos elementos dificulta y paraliza el intenso y profundo proceso de reestructuración del modelo de cajas de ahorros en España. Sirva como muestra la proliferación de normas del Ministerio de Economía y Hacienda para regular este caos. La última, sin ir más lejos, está en el Real Decreto-Ley 2/2011 para reforzamiento del sistema financiero aprobado recientemente por el Gobierno español (pendiente de refrendo por las Cortes) y nacido bajo la pretensión de facilitar el crédito a las empresas productivas, previo refuerzo del capital de las entidades financieras.
La experiencia reciente demuestra, sin embargo, que la capitalización puede ser condición necesaria pero en ningún caso suficiente para garantizar la canalización del crédito a las empresas y particulares. La eficacia de la norma queda, por tanto, en entredicho desde su nacimiento. Es conocido que no basta con capitalizar a una entidad financiera para que esta, de forma automática, conceda mayor volumen de crédito a sus clientes. Pese a las importantes ayudas públicas de liquidez a través del FROB a favor de las entidades financieras, el conjunto del crédito privado concedido por el sistema ha disminuido un 5% en el año 2010. El principio central en que se basa la norma no se sostiene pues de manera forzosa.
Por otro lado, la incertidumbre de los mercados se asocia con un marco normativo inestable, cambiante y excesivamente efímero. Los SIP (Sistemas Integrales de Protección), sin ir más lejos, fueron diseñados para solucionar el problema de reforzar los recursos propios (capital) y algunas cajas de ahorros se vieron forzadas a adoptarlas buscando con prisa parejas en el mercado no siempre bien avenidas. Esto ocurrió hace tan solo unos meses y la fórmula está ya en declive.
Este Real Decreto-Ley introduce como elemento novedoso la discriminación de las entidades financieras atendiendo no a su situación económica o financiera, como sería de esperar, sino a su naturaleza jurídica. En efecto, se establece un coeficiente de solvencia (relación entre los riesgos asumidos por una entidad con terceros y su capital) del 8% (si las entidades cotizan) o del 10% (si las entidades no cotizan). Resulta conocido que hasta ahora, por su propia naturaleza, ninguna caja de ahorros cotiza en el mercado y por tanto, se discrimina de forma clara en su contra y a favor de la banca.
Quiero pensar que las autoridades de defensa de la competencia, tan alerta en otras ocasiones para sancionar a algunas cajas de ahorros regionales, no pasan por alto esta circunstancia y habrán emitido opinión previa justificando lo injustificable (condiciones diferentes para agentes que trabajan en el mismo mercado, compartiendo clientes, productos y servicios). De lo contrario, su silencio cómplice tampoco es entendible. Con todo, resulta menos novedosa la actitud de dejar al margen las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
Desde la perspectiva de Euskadi, es necesario remarcar que las cajas de ahorros y su filosofía social constituyen parte central del capital social que tenemos como pueblo. Resulta conocido que Euskadi es un entorno en el que el capital social o relacional es muy elevado, siendo central en este tema la función desempeñada por las cajas de ahorro. La puesta en valor de la responsabilidad social corporativa por parte de las entidades financieras en general no hace sino reconocer la labor previamente desarrollada por las cajas de ahorros vascas que, desprovistas de ánimo de lucro, proveían servicios de diversa naturaleza a favor de amplias capas de población distribuidos bajo criterios de no exclusión.
El debate sobre el futuro de estas entidades, de manera simplificada, bascula entre transformarlas en sociedades capitalistas (bancos), donde los rendimientos de la actividad se repartan en exclusiva entre los propietarios de las mismas en claro detrimento de la obra social, o bien se siga manteniendo el reparto de una parte importante de los beneficios generados. En otros términos, la discusión se centra en convertir a las cajas de ahorros en bancos o, por el contrario, mantener su condición de caja de ahorros, articulando sistemas de refuerzo de sus recursos propios que preserven su identidad y la labor social que desarrollan.
Para dimensionar la aportación específica de las Cajas de Ahorros Vasco Navarras, baste señalar que según consta en la Memoria de la Federación, en 2009 aportaron nada menos que el 38% de su beneficio neto al sostenimiento de la Obra Social, con un importe de 213,5 millones de euros, cifra similar a la del ejercicio precedente, pese a la delicada coyuntura.
En términos de PIB, en el conjunto de Euskadi -Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa- la aportación social alcanza el 3,25 por mil en 2009, nuevo máximo en la última década, lo que equivale a un dividendo social de 78,2 euros por persona. Del total destinado a obra social, el área de asistencia social y sanitaria supone el 48,9%, le siguen las actividades culturales (27,6%), la educación e investigación (17,9%) y las actividades relativas al patrimonio histórico y natural (casi el 6%).
Además de la acción social propiamente dicha, no podemos olvidar el apoyo directo a la financiación de las pequeñas y medianas empresas vía participación en convenios de colaboración financiera (634,2 millones de euros), aportando el 49% del total de entidades financieras en 2009. Las tres cajas de ahorros de la CAV -Vital, Kutxa y BBK- contribuyen asimismo con el 67,2% de total de la financiación concedida a la vivienda. Además, los recursos totales canalizados por las mismas en los Convenios de Inversión productiva (AFI) fueron de 33,7 millones de euros. Siendo el apoyo institucional de las cajas de ahorros vascas importante, no oculta sin embargo que al cierre de 2009 el crédito concedido a particulares ascendía a 57.388 millones de euros, un 1,3% más que un año antes. Todo lo cual demuestra, bien a las claras, el compromiso ineludible de las cajas vascas con el desarrollo de Euskadi, incluso en tiempos de vacas flacas.
Si a esta delicada situación unimos la normalizadora adaptación por parte del Gobierno vasco de la norma estatal (Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros), con criterios alejados a los que se predican de no injerencia en el devenir de estas entidades, tratando de diluir los rasgos distintivos del modelo de cajas vascas, incorporando de manera calculada nuevos grupos en sus órganos de gobierno, desnaturalizando el modelo de representación tradicional, restando importancia a las entidades fundadoras a modo de café con leche para todos, en perjuicio del compromiso territorial y la vocación social, tendremos completado el conjunto de razones que evidencian palpablemente la perentoria necesidad de preservar, en Euskadi, los elementos esenciales de un modelo (regional) propio y diferenciado que ha demostrado ser eficaz y eficiente en el tiempo. Manteniendo, para ello, la naturaleza de cajas de ahorros, desarrollando con determinación y premura un modelo de mayor dimensión y acentuando su orientación social y vocación territorial como garantes del cumplimiento de su misión fundacional.
