Ante el nuevo horizonte que puede adivinarse tras el último comunicado de ETA, las tierras de Euskal Herria continúan declinando sus valles y pueblos, casi como si el tiempo no hubiera pasado. Desde los altos, tal vez así pudiera parecer, aunque valle abajo las cosas resultan bien distintas en el tiempo de incrédula esperanza que ha abierto el alto el fuego permanente, general y verificable hecho público por ETA ayer mismo.
Pese a la importancia del comunicado y a la valoración positiva que merece, es fundamental afianzar su contenido para que esta tregua sea la definitiva. Para ello es básico que ETA haga el "esfuerzo" definitivo de disolverse y desaparecer. Fundamentalmente, porque ningún objetivo político, por esencial que sea, puede considerarse un fin en sí mismo. En nuestra propia existencia como personas, y también como pueblos, seguimos formando parte necesaria de un proceso, de un proceso que nadie puede aventurar pues se va cimentando con el tiempo.
Esto implica que ni el mantenimiento del régimen vigente, ni la libre determinación o, incluso, la independencia, pueden considerarse, por sí solos, objetivos últimos de este proceso. La paz sí es un verdadero fin en sí misma. Es un derecho de todos; una parte integrante de nuestro derecho a la vida que ETA no debe condicionar ni tutelar nunca más. Los procesos políticos democráticos, justo al contrario que en los regímenes totalitarios, siempre se encuentran vivos, abiertos y en transformación. Es ésa, justamente, la esencia de toda democracia; la constatación de una perenne invitación al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de soluciones a los más diversos conflictos sociales. Es parte de toda realidad democrática, la necesidad de readaptarse a las nuevas situaciones y, evidentemente, de consultar para ello a quienes ostentan la única soberanía por encima de cualquier otra consideración: los ciudadanos. He ahí, seguramente, el reto que tenemos ante nosotros, más allá de la retórica implícita de ETA que viaja hoy de Bruselas a Gernika sin responder al clamor real de una sociedad que sigue exigiendo su disolución.
En todo este contexto, la política y el Derecho constituyen elementos de fundamental importancia para garantizar la paz, la pluralidad política y la cohesión social. Precisamente, porque ambos (Política y Derecho con mayúsculas) son los mecanismos principales de resolución de los conflictos a través de fórmulas, no necesariamente de imposición, sino también de integración de voluntades e intereses contrapuestos. Ni la política ni el ordenamiento permiten, o deben permitir, una utilización sectaria o partidista de sus resortes, que busque la perpetuación de un conflicto como el vasco. Muy al contrario, cualquiera de sus criterios de interpretación pretende buscar soluciones que puedan satisfacer a varias partes y a la realización de la justicia y la paz. Este mismo fenómeno es perfectamente predicable tanto del Derecho Constitucional en el que se inserta el conflicto vasco hoy, en los niveles constitucionales de España y Francia, y en el nivel macro-constitucional que representa la Unión Europea. Lo mismo cabe decir del Derecho Internacional, imprescindible para abordar cuestiones como libre determinación y reconocimiento internacional de nuevas realidades, sea cual sea su peculiar naturaleza. Y una paz definitiva sin la tutela de ETA puede ser un elemento catalizador de todo lo anterior.
En Euskal Herria, la manifestación de estas reflexiones no puede ser más evidente en estos tiempos de incrédula esperanza. Ni el Derecho, ni la Política, ni el sentido común permiten considerar que el problema vasco sea exclusivamente vasco, ni, del mismo modo, que el problema de ETA no sea un problema español, además de vasco. Ninguna de los diversos elementos y heridas históricas que intervienen en el conflicto vasco pueden ser patrimonio exclusivo de nadie, dado que dicha lectura supone una distorsión radical del propio conflicto y de sus diferentes vertientes. Es ésta, probablemente, otra de las claves para una definitiva resolución del contencioso político mediante la paz definitiva.
Precisamente en la virtualidad y en la fuerza que representa la soberanía del pueblo encarnada por su derecho de decisión, con pleno respeto a los derechos fundamentales y en una situación de paz definitiva, reside, o debería residir, el futuro de nuestro pueblo. Se trata de una fórmula que aparece ya en la misma teoría del Estado moderno en palabras de genios contemporáneos como Rousseau, cuyos postulados otorgan la palabra y la decisión a la sociedad, como fórmula de resolución de los conflictos.
La legitimidad para ello es, precisamente, la que emana de la propia democracia como fórmula abierta de convivencia y en permanente construcción sobre la base de una paz definitiva con plenitud de derechos individuales y colectivos. No debe haber marcha atrás ni tutelas políticas por parte de ETA. Y es que sin paz real no caben las libertades políticas.
