Sorprende que en tan corto espacio como dos artículos de opinión (DV y El Correo, 30-9 y 20-10) pueda sostenerse una visión tan alejada de la realidad del autogobierno vasco por alguien que, como Joseba Arregi, no hace tanto fuera defensor y alto cargo del mismo. Sorprende, más si cabe, que tan distorsionada visión proceda, una vez más, de un reconocido miembro del constitucionalismo español.
Una de dos, o se ignora abiertamente la propia Constitución y el Estatuto de Gernika, o se silencian su tenor y su sentido respecto del autogobierno y el cumplimiento estatutario. De lo contrario, si se esta abogando por la eliminación del Estatuto y sus competencias no hay más salida que la reforma constitucional. En ello, parece que Joseba Arregi puede tener de aliada natural a la propia Rosa Diez en la defensa de regresiones constitucionales (léase, por ejemplo, contra el Concierto Económico).
El problema tal vez consista en la extrema facilidad para determinados cambios ideológicos que acaban rechazando el cumplimiento de un Estatuto amputado durante décadas. En ello parece coincidir igualmente el PSOE desde la muy cervantina "furia del renegado" contra todo aquello que uno no lidera. Según estas teorías regresivas podría pensarse que la mitad de nuestro sistema jurídico actual no es más que arqueología, las Diputaciones Forales entidades rupestres pobladas de funcionarios neandertales y el Amejoramiento del fuero navarro una mera celebración tribal ensalzada durante los Sanfermines. Pero dejemos ya las bromas, que el asunto es suficientemente serio.
El pacto alcanzado entre PNV y PSOE en Madrid sobre el cumplimiento estatutario y las políticas activas de empleo tiene una importancia política vital para el bienestar de Euskadi y la creación de riqueza en nuestro País, pese a quien pese. Especialmente a la vista de la nula gestión en esta y en otras muchas materias del lehendakari Patxi López, llegando a defender, como el propio Joseba Arregi, la caja única de la Seguridad Social frente a los derechos de los ciudadanos vascos y al cumplimiento del Estatuto que tanto decían defender ambos. Patxi López se ha erigido en el mayor exponente y defensor del incumplimiento del Estatuto en una materia fundamental pero despreciada también claramente por mensajes recientes como el de Idoia Mendia.
La ignorancia y/o inoperancia socialista en este tema ha sido más que notoria. El Estatuto de Gernika establece que la competencia legislativa en esta cuestión es estatal y la ejecución de dicha legislación corresponde a Euskadi. Es decir, el Gobierno Vasco será el encargado de gestionar todo lo relativo a las políticas públicas de empleo y a la formación profesional, algo impedido por UCD, PSOE y PP hasta hoy, y tampoco gestionado por el Lehendakari socialista. Pese a ello, resulta notorio advertir que la tasa media de paro en el Estado supera ya el 20%, mientras que la de Euskadi se sitúa sobre el 9%.
Claro que lo extraordinariamente llamativo de todo este proceso es que el Gobierno de López estuviera dispuesto a asumir la competencia incompleta, devaluándola y actuando como si fuese un tesorero de la Seguridad Social en lugar de lehendakari. Curiosamente, el Gobierno de Patxi López había valorado la transferencia de la competencia en 300 millones de euros mientras que, según lo aprobado en el Parlamento Vasco, la cuantía era notablemente superior. Ya en el año 2007 el Gobierno Vasco cuantificó la transferencia completa de las políticas activas de empleo en más de 400 millones de euros, hoy superados ampliamente en un acuerdo que llega a los 472 millones de euros.
Afortunadamente, el Grupo Vasco en el Congreso y el PNV han exigido y garantizado la transferencia en los términos establecidos en el Estatuto de Gernika y ratificados por el Parlamento Vasco en 1995. De lo contrario, estaríamos ante un nuevo fraude jurídico y político que, en este caso, hubiera contado con la inestimable colaboración del Gobierno de Patxi López, actuando en defensa de la Seguridad Social y no en interés de los ciudadanos vascos. Con toda seguridad, semejante política antiestatutaria hubiera sido aplaudida por la fina pluma de Joseba Arregi.
La pregunta a día de hoy es bien distinta. Se trataría de saber si algunos están siquiera por el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Gustar, lo que se dice gustar, el Estatuto no tiene porqué gustar a nadie. Claro que de no gustar a dudar de su existencia hay un amplio sendero que hoy el Derecho no permite recorrer sin reformas legales o previa derogación del texto. Las normas o el Derecho en su conjunto no son nostalgia ni mitología jurídica que puedan evaporarse en el tiempo como la ideología de algunos. Las normas no se derogan - o se inaplican - por pura voluntad política. ¿O el Estatuto vasco es una especie de chicle que se estrecha o extiende según sople el aire de Ferraz o de Génova? Sólo la extrema debilidad de Zapatero ha hecho posible este gran pacto estatutario, mientras quienes venían negando la existencia de transferencias pendientes han quedado en franca evidencia. Más bien nos han mentido durante décadas.
