La parlamentaria Arantza Aurrekoetxea le pregunta a la consejera de Educación de qué manera ha previsto solucionar el Departamento las consecuencias derivadas de la aplicación de Ley 3/2010, como son el incumplimiento de convenios laborales vigentes y el endeudamiento de los centros de enseñanza
Arantza Aurrekoetxea se ha hecho eco de la preocupación que la modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010 -que entró en vigor el pasado 6 de julio- ha generado en el colectivo de personas que conforman la enseñanza concertada y ha presentado una iniciativa para conocer, de primera mano, cómo piensa encarar el Ejecutivo López las consecuencias que la aplicación de dicha Ley puede ocasionar.
A la hora de presentar dichas iniciativas, la parlamentaria jeltzale ha tenido en cuenta la exposición que realizó, el pasado 30 de junio, una representación de las organizaciones de la enseñanza concertada Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, AICE-IZEA, EIB eta Ikasgiltza que compareció ante la comisión de Educación del Parlamento, a petición propia, para exponer las consecuencias negativas de la aprobación de dicha Ley para la enseñanza concertada. Desde esa perspectiva, le ha formulado las siguientes preguntas a la consejera de Educación, Isabel Celaá:
- ¿Cuándo y cómo dio a conocer el departamento a las organizaciones de la enseñanza concertada la propuesta de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la CAE para 2010?
- ¿Qué consecuencias económicas concretas tiene la Ley 3/2010 sobre el personal afectado por el Pago Delegado y sobre los centros?
- ¿De qué manera ha previsto solucionar el Departamento las consecuencias derivadas de la aplicación de la Ley 3/2010, como son el incumplimiento de convenios laborales vigentes y el endeudamiento de los centros de enseñanza?
- ¿Qué opinión jurídica le merece al Departamento el informe emitido por Kristau Eskola sobre la modificación de la Ley?
La parlamentaria del PNV considera que "antes de tomar una decisión de semejante envergadura como es la rebaja de los sueldos, el Gobierno debería haber analizado con detalle las consecuencias que dicha medida podía provocar y, por eso, como grupo mayoritario de la Cámara, queremos saber qué soluciones plantea el departamento que dirige la señora Celaá para resolver la problemática que la aplicación de la Ley genera en la enseñanza concertada".
