1.- CONSIDERACIONES GENERALES
- El documento de reformulación parte de un diagnóstico ERRÓNEO y FALSO ya que no se han tenido en cuenta, se han omitido e, incluso, se han falseado las distintas evaluaciones del Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos realizadas por diferentes especialistas (página 32- Bakerako Urratsak). Este hecho contraviene las directrices que establece el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de Planes de Acción en Derechos Humanos porque la labor planificadora no va acompañada de un diagnóstico de partida que posibilite una acción política realista y acorde al objetivo a conseguir, tal y como establecen dichas directrices. Sin un diagnóstico real, la planificación es ciega.
En el documento del Gobierno no se incluye el diagnóstico de partida ni se detalla quién y bajo qué criterios lo ha realizado. Pero, de las propuestas que formula, se puede extraer que se trata de un diagnóstico interesadamente político, fiel reflejo del pacto PSE-PP.
- El anterior Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos ya tenía en cuenta la Ley de Víctimas de 2008. Por lo tanto, la aprobación de dicha ley, en ningún caso, se puede utilizar como excusa para justificar una revisión en la orientación global del Plan.
- La reformulación del Plan Educación para la Paz y Derechos Humanos formulada por el Ejecutivo López despoja al Plan de su carácter INTEGRAL. Lo convierte en un Plan reduccionista ya que cuando habla de vulneraciones de derechos humanos no identifica ni define el universo de las violaciones y se pierde en términos ambiguos.
Por otra parte, la reformulación conlleva una pérdida de calidad importante con respecto al Plan original ya que, a diferencia de éste, no incorpora una visión integral y multilateral de las violaciones de derechos humanos. Un proceso de reconciliación no puede marginar o despreciar ningún sufrimiento padecido por causa de la violencia ni vulneraciones que han agravado el conflicto. El tratamiento de la solidaridad con las víctimas debe ser plural y, necesariamente, debe estar alejado de cualquier razón o posición política.
Al dejar de ser un plan integral, deja de ser un plan de educación para la paz y los derechos humanos.
- El OBJETIVO general y principal en la educación para la paz y los derechos humanos es propiciar una convivencia conciliada y reconciliada basada en la dignidad humana, el respeto, la tolerancia, la justicia y los principios democráticos. La deslegitimación de la violencia es una de las prioridades que se deriva de ese objetivo principal que debe recoger cualquier plan integral.
Aunque el documento de reformulación acepta la necesaria articulación con otros objetivos (que no se explicitan, ni se concretan), "se prioriza el de la deslegitimación de la violencia terrorista existente en nuestra sociedad, que no es otra que la que ejerce ETA."
- Se cita también el papel de los medios de comunicación públicos (EITB) pero se obvia que esta cuestión no es nueva; el Ejecutivo Ibarretxe ya la abordó en la anterior legislatura. El 2 de mayo de 2007, antes de aprobarse el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos 2008-2011, el Gobierno firmó un Convenio de Colaboración con EITB. Y, en diciembre de 2007, se aprobó en primer plan de acción, que fue objeto de valoración en 2008.
- EVALUACIÓN. El Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos establecía que la evaluación del mismo la realizaría el propio Ejecutivo junto con diferentes organismos internacionales. En contraposición a esta actitud participativa y abierta, en el caso del documento presentado por el Gobierno López, no se sabe quiénes han participado en su elaboración, más allá del propio Ejecutivo. En cualquier caso, sí tenemos constancia de que, en contra de lo que aprobó por decreto el Gobierno Ibarretxe, en la reformulación no ha se ha contado con el Consejo Consultivo. Ni con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ya que el Ejecutivo socialista zanjó esa relación; tampoco aceptó una enmienda del PNV a los Presupuestos 2010 en la que planteaba que se mantuviera dicha colaboración. Curiosamente, ahora parece haber cambiado de criterio y da la sensación de que acepta recuperar el convenio, eso sí, después de aprobar el documento de reformulación.
Estimamos que el Gobierno ha perdido una gran oportunidad de dar valor a la educación para la paz y derechos humanos al no permitir que los especialistas en esta materia hicieran sus correspondientes valoraciones y diagnósticos a la hora de elaborar el documento.
- Las aulas están para educar -también en derechos humanos y teniendo en cuenta los testimonios de las víctimas- pero no son el lugar adecuado para reparar su dolor, tal y como recoge el documento del Gobierno cuando dice que "en el proceso educativo las víctimas tienen que encontrar también aspectos de reconocimiento y la reparación que se les debe".
- En el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos, las víctimas tenían presencia, tanto en el documento, en general, como en su programa en las aulas. Por lo tanto, no podemos compartir la siguiente afirmación recogida en la reformulación del Ejecutivo López: "Ese espacio no ha existido para las víctimas del terrorismo, y lo que se contempla en el plan para ellas es manifiestamente insuficiente. Según el documento, la iniciativa Bakerako Urratsak es la que les ofrece ese espacio pero lo hace sin especificarlas con claridad en cuanto a víctimas del terrorismo, y en un marco de personas que sufren y han sufrido la violencia, que deja en confusión la especificidad de cada una de las formas de violencia".
Bakerako Urratsak- Dando pasos hacia la Paz fue el segundo programa piloto para la educación en derechos humanos llevado a las aulas. La evaluación del mismo la realizó Maite Garaigordobil, una experta en la materia ajena al Gobierno, y concluyó que el grado de satisfacción entre los alumnos y los docentes era notable. Las víctimas del terrorismo, todas, tenían su presencia en el mismo. Además, las conclusiones sobre la evolución de este programa estiman que es aplicable en cualquier centro de educación de Euskadi. Este último punto es muy importante porque resulta fundamental tener un programa, unidades didácticas impartibles en todos los centros educativos, y que partan del consenso entre los profesionales que las van a impartir.
- En la reformulación tampoco se concreta el procedimiento de elaboración de las unidades didácticas ni los motivos por los que, a su parecer, fueron insuficientes las anteriores.
Resulta llamativo el hecho de que, siendo la aplicación en las aulas la única acción concreta que se identifica en el documento y en base a la cual parece justificarse la reformulación, no se haya seguido ningún procedimiento de participación de la comunidad educativa ni de las asociaciones de derechos humanos que trabajan en la educación para la paz.
Según la comunidad educativa -y no le falta la razón- esta reformulación carece de concreción y deja muchas preguntas sin contestar: ¿la presencia de las víctimas en las aulas será obligatoria u opcional para cada centro? ¿Cómo se controlará" la actitud" de los docentes (a los que el Gobierno exige que tomen una posición clara y firme contra la violencia de ETA)?
Por otra parte, no podemos aceptar que se ponga en duda la actitud de la escuela vasca frente al terrorismo, no es justo. No podemos, ni debemos dejar que se divida a la sociedad en legitimadores o no de la violencia terrorista. ¿Quién hará de juez y valorará el talante democrático de cada uno? La postura que se mantiene en el documento del Gobierno genera un serio riesgo de DIVISIÓN y ENFRENTAMIENTO en la sociedad.
Entendemos que el testimonio de las víctimas -presencial o indirecto- puede ser un recurso pedagógico y creativo más, siempre y cuando quede contextualizado en el marco de trabajo educativo global expuesto en los criterios sobre reconciliación, los sufrimientos y nuestras respuestas ante los mismos.
- El documento Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia (2010-2011) traslada a las aulas el problema de la falta de consenso.
- Es un documento de parte. El Gobierno vasco, en ningún momento, ha contado con el resto de instituciones vascas ni con los agentes sociales para su elaboración.
2.- CONCLUSIONES:
1.- La reformulación planteada por el Gobierno parte de un diagnóstico erróneo, deformado por una óptica política. Para su elaboración, el Ejecutivo no ha contado con ninguna aportación de las asociaciones y colectivos que trabajan en Derechos Humanos ni con la comunidad educativa. Tampoco ha hecho uso de de los instrumentos de colaboración que incluía el Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos.
2.- Los cambios que plantea este documento parecen pensados, simplemente, para proyectar sobre el ámbito educativo los contenidos del pacto entre el PSE y el PP, y para justificar su discurso del cambio.
3.- Es un plan parcial en su concepción y limitado en el ámbito que pretende incidir. Se centra, únicamente, en las víctimas del terrorismo y deja de lado la educación para la paz, los valores, la convivencia y la reconciliación. Deja de ser un plan integral.
4.- En un plan de Educación, está fuera de lugar la necesidad de identificación política con el Estado constitucional.
5.- Se pone en duda la labor educativa en derechos humanos desempeñada, hasta hoy, por la comunidad escolar vasca.
6.- Un auténtico Plan Integral de Educación debería estar consensuado con el resto de instituciones vascas y con los agentes sociales, que serán los que los encargados de aplicarlo.
3.- PROPUESTA DEL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTAS VASCOS AL GOBIERNO VASCO
Tras el estudio detenido del documento de reformulación aportado por el Gobierno vasco, solicitamos la devolución del mismo y la remisión al Parlamento de un PLAN INTEGRAL Y COMPLETO de Educación para la Paz y los Derechos Humanos CONSENSUADO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA, CON EL RESTO DE INSTITUCIONES VASCAS Y CON LOS AGENTES SOCIALES para su posterior debate.
Vitoria-Gasteiz, 16 de abril de 2010
