En Diciembre de 2007 el Consejo del Gobierno Vasco aprobaba después de varios meses de trabajo interno y de contraste con los diferentes sectores de la sociedad civil el 1er Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos. Hasta Mayo de 2008, en que se sometió a la consideración del Parlamento Vasco, pasaron cinco meses de negociación con los diferentes partidos políticos. Eran momentos de intensa presión política y mediática contra el Gobierno presidido por Juan José Ibarretxe, y sin embargo el empeño de éste fue el de intentar el más amplio consenso político alrededor de un Plan novedoso y que como todas las acciones a desarrollar desde el ámbito educativo, debe hacerse desde la negociación y el acuerdo más amplio si queremos que tenga un recorrido exitoso.
El actual Gobierno, presidido por Patxi López, elegido tras el pacto PSE-PP, se refiere hoy a aquel Plan como "significativo, aunque tardío, avance". Tarde y pronto, como nos enseñaban los muñecos del Barrio Sésamo a la gente de mi generación, al igual que arriba y abajo, o cerca y lejos, son conceptos relativos. Y puestos a relacionar, conviene señalar que en el año 2008, cuando Euskadi aprueba su Plan, sólo 20 Naciones o Estados en todo el mundo disponían de algún tipo de plan de educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos, como proyecto estructurado y sistemático, es pues una realidad novedosa a nivel internacional. Escribo estas líneas además, la semana en que el Parlamento de Navarra, donde UPN-PP y PSOE tienen mayoría absoluta desde la constitución del 1er Parlamento, acaba de aprobar su Ley foral de Víctimas del Terrorismo. Dos años después de que lo hiciera el Parlamento Vasco de mayoría nacionalista. Sin embargo todavía no hemos escuchado al Presidente Sanz, ni al Parlamento de Navarra pedir perdón públicamente a las víctimas por el olvido o el retraso en el reconocimiento. Y ningún medio de comunicación, ni opinador, ni tertuliano ha presentado a éstos como "enfermos y crueles" o como "conniventes con el terrorismo".
En este contexto el Gobierno López nos presenta bajo el título de "Convivencia democrática y deslegitimación social del terrorismo" una reformulación del vigente Plan de Educación para la paz y los derechos humanos. Y frente a los 5 meses de negociación parlamentaria que llevaron a la aprobación de éste, nos da 15 días para presentar "alegaciones". Posteriormente, tras las críticas recibidas por toda la oposición parlamentaria, por amplísimos sectores de la comunidad educativa, y asociaciones de derechos humanos, amplía en 3 semanas más antes de su aprobación definitiva en aras a intentar lograr un mayor consenso parlamentario. ¿Tiene el Gobierno Vasco verdadero interés en llegar a acuerdos amplios? ¿O pretende por el contrario aprobar a toda prisa un Plan que responda únicamente a los presupuestos ideológicos y programáticos del pacto PSE-PP?
El Gobierno insiste en que nos pronunciemos sobre un Plan que todavía no ha contestado si modifica y complementa parcialmente al anterior o si lo sustituye en su totalidad. Si como manifiesta el PP y el gabinete de Lehendakaritza, su vocación es sustituirlo, no podemos compartirlo. No, porque es manifiestamente peor que el anterior. Menos ambicioso, menos integral, menos concreto, y más parcial desde el punto de vista de la orientación, de los contenidos y de la perspectiva ideológica.
Si por el contrario su intención es completar aquellos aspectos que la actual mayoría considera quedaban insuficientemente recogidos en el anterior lo que debe hacer es presentar el texto completo del Plan de Educación. Un texto refundido en el que quede claro qué permanecería vigente del Plan actual y en que partes se vería modificado. En todo caso un Plan de Educación para la Paz y los Derechos Humanos no puede verse reducido a un plan de deslegitimación social del terrorismo. Esto último es fundamental en Euskadi, pero fundamental no es sinónimo de único. Los Derechos Humanos no son un catálogo de Ikea que pueden cogerse aleatoriamente y montarse por piezas. Su defensa debe ser integral, y esa perspectiva integral es la que exigimos al Plan.
En segundo lugar no podemos apoyar un Plan que bajo el defendible objetivo de la deslegitimación de la violencia pretenda un adoctrinamiento de los alumnos en la defensa de un modelo constitucional concreto. Evidentemente educar en derechos humanos es reivindicar el sistema democrático, y defender la tolerancia y el pluralismo político. Pero no podemos colar de rondón la identificación de violencia con la denuncia de un modelo constitucional concreto o incluso con la existencia de personas o proyectos contrarios al "sistema".
En tercer lugar un plan de estas características no puede hacerse desde la unilateralidad y la imposición. El mundo educativo en general, y el vasco en particular, tiene una mayoría de edad que ejerce en plenitud y con excelentes resultados por otra parte. Por lo tanto la aplicación de un proyecto tan ambicioso como el de educar a nuestros niños y jóvenes en valores de paz y de respeto a los derechos humanos debe hacerse "sí o sí" (parafraseando a Antonio Basagoiti) desde el consenso con el sector educativo, sin imposición de una metodología concreta y única, con la participación de la escuela, padres y madres, profesionales y asociaciones que trabajan en defensa de la paz y los derechos humanos. Sólo así seremos capaces de garantizar el éxito de la iniciativa.
Estas son, en mi opinión, las premisas necesarias para ampliar consensos alrededor del Plan. Estas y no otras que de manera falsa y manipuladora intentan endosar al Partido Nacionalista Vasco desde diversos sectores políticos y mediáticos. En ningún momento hemos cuestionado la importancia del testimonio de las víctimas de la violencia en general, y del terrorismo en particular, en las aulas. Quien diga que esa es la razón de nuestra oposición al Plan sencillamente miente. No nos oponemos a ese testimonio, ni de forma indirecta, ni directa. Ni a través de textos, ni de imágenes, videos, audios. No nos oponemos al testimonio presencial en las aulas. El propio Plan vigente lo recogía y lo puso en práctica, con notable éxito según los evaluadores, a través del programa "Bakerako Urratsak".
Pero si queremos que el proyecto salga adelante y se aplique de una manera eficaz, si queremos educar a nuestros niños y jóvenes en valores de paz y derechos humanos, si queremos construir una sociedad conciliada y reconciliada, basada en la dignidad humana, el respeto, la tolerancia, la justicia y los principios democráticos, la aplicación de este plan tiene que descansar en la comunidad educativa, desde su libertad de elección de metodologías, desde el respeto a la autonomía de los centros. En definitiva desde el consenso, sí o sí.
