"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben de comportarse fraternalmente los unos con los otros" (Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
Siempre se ha dicho que un pueblo de pasado emigrante muestra una especial sensibilidad por todo lo que afecta a cuestiones de solidaridad social. En Euskadi no tenemos que mirar muy lejos para recordar un pasado en que muchas personas tuvieron que abandonar esta tierra buscando un futuro mejor. En esas circunstancias se aprende mucho sobre lo que es el sentimiento de acogida y la verdadera participación en la vida de la comunidad que te recibe.
Tal y como lo conocimos en otros países, también aquí nos hemos marcado el deber ético de la hospitalidad y la apertura de nuestra casa y nuestro entorno a la persona desprotegida. Curiosamente, aquello que compartimos con sociedades a miles de kilómetros se verá gravemente amenazado en el Estado español si sale adelante la reforma de la Ley de Extranjería prevista por el presidente Zapatero.
Si ya se habían dado preocupantes pasos hacia la criminalización de las personas inmigrantes mediante pretextos artificiales de irregularidad o falta de papeles, ahora lo que se avecina es un nuevo marco castigador para quienes, de forma altruista y solidaria, ejercen el deber de la ayuda a los más vulnerables. Se quiere considerar un delito el quehacer humanista argumentando que sólo sirve para aumentar la situación de irregulares en el Estado español.
Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega esta medida involucionista basta con citar el artículo 53 c) del anteproyecto de modificación de la Ley de Extranjería, donde se sanciona como falta muy grave con multa de 501 a 30.000 euros "a quien promueva la permanencia irregular en el Estado español de una persona extranjera. Se considera que se promueve la permanencia irregular cuando esta persona dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del plazo legalmente establecido".
Este giro criminalizador pone en situación de ilegalidad a miles de personas, asociaciones y ONGDs que acompañan, ayudan y apoyan a personas sin papeles. Muchos agentes sociales que vienen ejerciendo el deber de acogida y la solidaridad para con las personas en situación de irregularidad verían perseguida su actuación. Es más, el cambio en el articulado de la Ley de Extranjería pretende ampararse en el silencio cómplice de la ciudadanía ante estos atropellos contra la democracia y el Estado Social de Derecho.
Con la excusa de atacar a las mafias y regularizar las consecuencias perversas que ya acarreaba la Ley de Extranjería, se incrementa la vulnerabilidad y la exclusión de seres humanos que lo único diferente que tienen con nosotras y nosotros es haber nacido en otro sitio del mundo.
El objetivo de la nueva norma es claramente intimidatorio. Se busca el enfrentamiento entre la ciudadanía para hacer del hombre, como decía Hobbes, "un lobo para el hombre". ¿A dónde nos está llevando este gobierno que dice ser socialista y aquí actúa como criminalista? ¿Pueden considerarse políticas de integración aquellas que buscan la confrontación?
El Partido Socialista Español (lo de Obrero parece haberlo dejado por otros menesteres) olvida que "toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio" (artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y que, en caso de persecución o peligro, "toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país" (artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, desde épocas de política más social que la actual, ha mantenido el principio de acogida y de acompañamiento impreso en sus programas tanto de inserción social como de atención a las personas venidas del extranjero. Se vienen considerando, no sabemos hasta cuándo, los valores de la solidaridad y de convivencia como la manera concreta de trabajar con personas de una gran vulnerabilidad que aspiran a alcanzar unos mínimos de supervivencia. Ahora bien, no podemos llamarnos a engaño. De salir adelante la reforma del artículo 53 de la Ley de Extranjería, todos los valores que han orientado la política municipal de inmigración se pondrán en tela de juicio.
Si el gobierno de Zapatero aprueba el cambio legal, ¿acatará la reforma el alcalde Lazcoz? ¿Dónde quedarán los principios de legitimidad y solidaridad? ¿dónde quedará el cumplimiento del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos? Se corre el serio riesgo de que se avance un paso más en el desmantelamiento de la política social en nuestro municipio, en la desaparición de aquello por lo que muchos grupos políticos y asociaciones hemos estado luchando. Lo que está en juego es la criminalización de la ayuda y ante semejante desafío nuestra respuesta va a ser clara: más compromiso.
