Tras cien años del establecimiento de la base de Guantánamo en territorio cubano, la llegada de Barack Obama a la Presidencia de los Estados Unidos puede vislumbrar, al fin, una nueva cultura sobre la aplicación de los Derechos Humanos en un país que no ha destacado por su tutela. Las medidas tendentes al cierre de la base de Guantánamo deben ir encaminadas en esa línea, tal y como cabe deducir de las primeras decisiones adoptadas por Obama sobre Guantánamo suspendiendo juicios y condenas de muerte para algunos de los presos. De hecho, durante estos últimos años no han dejado de sucederse las denuncias internacionales de cuanto allí sucede desde la perspectiva de los Derechos Humanos, su constante violación, y la impotencia del Derecho Internacional para dar respuesta a esta lacra. Existe igualmente un exhaustivo informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de esta prisión y la negativa respuesta del Gobierno de Estados Unidos a las demandas de la ONU para su cierre.
Son diversas las organizaciones internacionales que han constatado algunas de las situaciones que han acontecido diariamente en Guantánamo con absoluta impunidad. Tentativas de suicidio, aislamientos indefinidos, prohibiciones desproporcionadas (incluidas las relacionadas con la libertad de culto religioso), inyecciones paralizantes, interrogatorios interminables, tortura mental y brutales traslados. Guantánamo ha terminado por definirse desde la perspectiva jurídica como un lugar en el que no ha existido el derecho a tener derechos. Un lugar que agrupa presos hasta presentar alrededor de 700 personas, de unas 35 nacionalidades diferentes con sus correspondientes lenguas y culturas, si bien es cierto que una parte importante de los que allí se encuentran proceden de las detenciones de Kandahar en Afganistán. Muchos volaron hasta Guantánamo con las manos esposadas a la espalda y sus cuerpos inmovilizados a la fuerza.
Ante el clarificador informe de la ONU que concluye en la necesidad del cierre a la vista de las concluyentes violaciones de diversos derechos fundamentales, la administración estadounidense parece, al fin, de la mano de su nuevo presidente abordar la situación en su integridad. El Camp X-Ray, ya cerrado, era un verdadero campo de concentración impropio del siglo XXI. El mundo entero pudo ver las imágenes de los presos, vestidos con monos de color naranja, las manos y los pies atados con cadenas, los ojos vendados, la boca amordazada y los oídos tapados. En su etapa inicial, en Camp X-Ray se llegó a prohibir toda práctica islámica. Con posterioridad, se comenzaron a permitir los rezos y se distribuyeron ejemplares del Corán. La vida de los presos en la base se ha venido desarrollando en pequeños habitáculos de dos por tres metros, hechos de alambre, lo que impide cualquier intimidad. Lo más llamativo de Guantánamo es, en cualquier caso, el aislamiento y la incertidumbre. Los presos han desconocido cualquier acontecimiento sobre su situación. No han sido informados sobre su pérdida de libertad, ni acerca de su futuro procesamiento.
Con el tiempo y la presión de los organismos internacionales, algunos de los abogados militares encargados de defender a los detenidos en Guantánamo han sido destituidos, después de que algunos letrados protestaran por las condiciones en que se celebran los juicios. La Administración USA ideó unos tribunales especiales denominados "Comisiones Militares", basados en un modelo de procedimiento propio de la Segunda Guerra Mundial. El proceso, establecido siete años antes de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, desprecia literalmente el Derecho Internacional y el propio sistema de justicia militar de los Estados Unidos. Estas normas permiten a los representantes del Gobierno escuchar las conversaciones entre los abogados y clientes. Una vez condenado, el preso no tiene posibilidad alguna de apelación o recurso contra la sentencia. Igualmente, la ausencia de jurisdicción que ha venido argumentando la Administración USA a causa de la ubicación territorial de los presos en Guantánamo (Cuba) constituye una evidente violación del Derecho Internacional, así como una invitación al abuso de poder por parte de otros Estados.
Guantánamo debe dejar de estar en un absoluto vacío jurídico de forma que el Derecho Internacional pueda siquiera desplegar alguno de sus resortes más allá del valor denunciatorio del informe emitido por la ONU. Cerca de 700 prisioneros, sospechosos de vinculaciones terroristas, permanecen encarcelados en la base militar bajo el mayor vacío jurídico que se recuerda; no han sido acusados formalmente ni han sido declarados prisioneros de guerra de acuerdo con el Derecho Internacional. Su situación quedaba al desamparo del nuevo concepto creado por la Administración USA, siendo denominados "combatientes enemigos", con el fin de evitar sus derechos como posibles prisioneros de guerra. En el Reino Unido, el juez del “House of Lords”, Johan Steyn, ha calificado las detenciones de "monstruoso fracaso para la justicia". Se ha tratado, en suma, de ubicar a los prisioneros de Guantánamo fuera del alcance del Derecho.
Otra de las organizaciones internacionales que ha trabajado en este ámbito es la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados IBA, con sede central en Londres) para remitir un demoledor informe al Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconociendo y declarando que cada uno de los detenidos se encuentra perfectamente legitimado para recurrir contra las detenciones que han sufrido. El informe de Naciones Unidas se reafirma en las conclusiones del informe remitido por la IBA al Tribunal Supremo de EE.UU. La IBA cuestiona abiertamente la decisión inicial de los tribunales USA en el sentido de manifestarse inicialmente incompetentes sobre las situaciones que acontecen en Guantánamo. El informe de los letrados Lowe & Goodwin deja bien clara la existencia del derecho de “habeas corpus” universalmente reconocido en el Derecho Internacional, así como el derecho de cada individuo a recurrir y cuestionar cualquier detención. Se trata de un derecho fundamental insusceptible de condicionamiento alguno e inseparable de la condición personal de todo ser humano, independientemente de cualquier otra consideración. Tal reconocimiento es pleno igualmente en los convenios y tratados internacionales, incluidos aquéllos ratificados por los Estados Unidos. Todo ello ha pesado positivamente en las medidas aprobadas por Obama en sus primeros días de mandato para comenzar a dar la vuelta a un autentico engendro jurídico que debería finalizar con el cierre definitivo de la base.