La prisión: ¿un castigo o una oportunidad?

En cuanto a condiciones de vida, en prisión destaca el hacinamiento, el fácil acceso a drogas ilegales y en general una insuficiencia de recursos, reconocida incluso por responsables del medio penitenciario. En consecuencia, todas estas circunstancias -junto a la etiqueta que reciben por haber estado en la cárcel- dificultan enormemente la reinserción de las personas que obtienen la libertad. Para comprobarlo no hay más que acudir a datos como la tasa de reincidencia del delito: 59% para los hombres y 52% para las mujeres.

La intervención con personas faltas de libertad se desarrolla en un entorno de precarias condiciones. Existen trabas administrativas y limitaciones presupuestarias que deben tenerse en cuenta. Los servicios públicos en el medio carcelario son de titularidad del gobierno español. La política que hasta ahora ha llevado dicho gobierno indica que ni publica ni políticamente existe un planteamiento serio de política penitenciaria, de qué hacer con las personas condenadas salvo castigarlas.

Tampoco invita al optimismo comprobar el exiguo presupuesto con que cuentan los servicios sociales penitenciarios públicos. La mayor parte del dinero asignado a Instituciones Penitenciarias se destina a seguridad, no a prevención ni a rehabilitación. Ante estas carencias, la Administración ha optado por recurrir a labor de un tercer sector, el de asociaciones y ONGDs, para desarrollar programas de reinserción. Estas entidades se encuentran a menudo en una posición incómoda. Ven que colaboran en unos fines que no comparten pero no pueden realizar las críticas que quisieran ya que se pueden quedar sin convenios de colaboración que sostengan su actividad. Habría que pensar que pasaría en las cárceles sin la ayuda de estos colectivos.

Pero el mayor obstáculo para la intervención de los servicios sociales en el medio penitenciario es precisamente la propia prisión que, paradójicamente según su objetivo, es una institución reeducadora y resocializadora. Todos y todas conocemos que esto no es así sino al contrario. ¡Cómo se va a enseñar a las personas presas a usar la libertad cuando no la tienen o cuando existe el régimen de aislamiento! Recientemente se ha suprimido la reducción de condena por pena de trabajo y se ha empezado a exigir a las personas condenadas el pago de las responsabilidades civiles como requisito para acceder a permisos, al tercer grado y a la libertad condicional. Esto significa que el gobierno socialista, en vez de implementar políticas preventivas y sociales, está endureciendo las leyes para ahondar el abismo que se genera entre la población reclusa y el resto de la sociedad. En pleno siglo XXI no podemos seguir funcionando exclusivamente bajo el prisma de que toda actuación ilegal será castigada con privación de libertad o de recursos económicos.

Ante todo esto, nuestro Grupo municipal sigue reivindicando la eficacia de las medidas de corte social (programa de igualdad de oportunidades, potenciación del régimen abierto…). Del mismo modo, hay que reclamar nuevas formas de entender la prisión y un mayor empleo de la justicia restaurativa con actuaciones como la mediación entre víctima y delincuente o los servicios a la comunidad. Ahora bien, por encima de todo es necesario y es nuestro deber tomar conciencia de las circunstancias lamentables que afectan a las personas en privación de libertad así como a aquellas que han estado en prisión y asegurarles unas condiciones de vida dignas tanto dentro como fuera de la cárcel, para que verdaderamente puedan contar con una segunda oportunidad. La situación de exclusión y pobreza de la que muchas personas parten les lleva a veces, casi inexorablemente, a la prisión. ¿Tan descabellado resulta plantearnos la cárcel como un trampolín en vez de un pozo?

Antes de acabar, nos gustaría hacer una reflexión sobre el personal que trabaja en las cárceles, su importancia. Se les encomienda una tarea de difícil consecución con pocos medios, sin reconocimiento social ni institucional. Todas las personas que trabajan en el ámbito penitenciario deberían tener en mente que el objetivo de la intervención social en este medio es el de poner todas las herramientas para que cuando una persona salga de prisión, lo haga con la garantía de tener una segunda oportunidad, alejándose de los factores condicionantes socioeconómicos y personales que le han llevado a esta situación.

Hablamos de invertir situaciones muy cercanas, pero en las que poco se puede hacer mientras todo dependa de decisiones que se toman desde Madrid. Por ello, nuestro Grupo político en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz pide que de una vez se produzcan las transferencias del ámbito penitenciario al Gobierno Vasco. Es un paso fundamental de cara a lograr una política efectiva de reintegración y resocialización, una segunda oportunidad.