Dicen que el Concierto Económico es una de las instituciones que mayor adhesión suscita en Euskadi. Y es posible que así sea. De hecho son muy pocas las voces que se pronuncian públicamente a favor de su supresión. Pero una cosa es que todos declaremos públicamente nuestra más inquebrantable lealtad al Concierto y otra, muy diferente, que las conductas de unos y otros sean realmente consecuentes con esa declaración. Porque según demuestra la experiencia, algunos de los efusivos abrazos que se le están dando lo que de verdad están consiguiendo es asfixiarlo. E incluso tengo para mí que no siempre de manera inconsciente e involuntaria.
Un episodio reciente me sirve para ejemplificar estas afirmaciones. A finales de 2007, las Cortes Generales aprobaron la Ley quinquenal del Cupo (LC). En ella se establece la metodología que, durante los próximos cinco años se habrá de utilizar para el cálculo de las cantidades que la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) satisfará anualmente al Estado para contribuir a la financiación de las cargas no transferidas. La aprobación de la LC constituye un dato positivo en sí mismo, en la medida en que su entrada en vigor dota de estabilidad a las finanzas públicas vascas, en términos bastantes provechosos para nuestros intereses. Pero en este caso, además, la norma incorpora también otras aportaciones plausibles.
Por primera vez, se esfuerza en dar solución a un grave problema que de un tiempo a esta parte había surgido en el ámbito de las relaciones financieras de la CAV con el Estado, sin que hasta la fecha se le hubiese podido dar respuesta satisfactoria. El problema al que me refiero se plantea cuando el Estado decide hacer uso de sus títulos horizontales para intervenir en ámbitos que corresponden a la competencia sectorial de las comunidades autónomas mediante actuaciones que suponen el empleo de fondos públicos procedentes de la Hacienda común. El Estado, en estos casos, acostumbra a transferir estos fondos a las comunidades autónomas, para que sean ellas las que, en ejercicio de sus competencias sectoriales, los gestionen y, en su caso, distribuyan entre los ciudadanos. Pero esta práctica origina un serio inconveniente en el caso vasco. La técnica al uso no puede ser aplicada en las comunidades con régimen concertado, porque el modelo de Concierto está reñido con la existencia de transferencias financieras del Estado a la CAV. En estas comunidades, los ajustes, si hubieran de existir, habrían de llevarse a cabo mediante la oportuna minoración del Cupo; de suerte que la CAV no recibiese fondo alguno procedente del Estado, pero pudiese reducir, en la cuantía correspondiente, la preceptiva contribución anual al sostenimiento de las cargas no asumidas.
Durante la última legislatura, este problema se ha planteado en dos terrenos. El de la Educación, donde la reforma ha supuesto la imposición de nuevas obligaciones a las administraciones autonómicas, que el Estado ha contribuido a sufragar mediante transferencias de recursos a las comunidades autónomas, y el de la Dependencia, donde la Ley del mismo nombre ha establecido estándares de prestación de servicios que las comunidades autónomas están obligadas a ofrecer, para lo que el Estado ha establecido un mecanismo de compensación económica, articulado mediante transferencias financieras a favor de las instituciones autonómicas.
En ambos casos, la representación de EAJ-PNV en las Cortes enmendó los proyectos de ley correspondientes, con la pretensión de que los arreglos financieros derivados de las nuevas obligaciones que el Estado imponía a la CAV se llevasen a cabo vía minoración del Cupo y no, como en el caso de las demás comunidades autónomas, mediante transferencias ordinarias de fondos estatales. Era una manera de hacer respetar nuestro singular modelo financiero, que de otra manera corría el grave riesgo de verse superado por los hechos.
Me interesa reseñar que, en este cometido, particularmente durante la tramitación del proyecto de Ley de Dependencia, tuvimos un original compañero de viaje: el PP. Acuciado, probablemente por UPN, que gobierna en Nafarroa con un régimen de financiación similar al vigente en la CAV, el grupo parlamentario popular presentó idénticas enmiendas que las nuestras, en el Congreso y en el Senado. Desgraciadamente, estas enmiendas no prosperaron. Se opuso a ellas el PSOE, que arrastró consigo a los socios parlamentarios con los que pactó la Ley, frustrando nuestras pretensiones.
Al cabo de algún tiempo, sin embargo, al negociar con el Gobierno los contenidos de la LC, descubrimos que el Ministerio de Solbes estaba dispuesto a asumir las pretensiones que tan férreamente se había resistido a admitir durante la tramitación de la Ley de Dependencia. Naturalmente, no dejamos pasar la oportunidad. Y, hoy, gracias a ello, la LC ya vigente fija las bases para la resolución de este problema que, a buen seguro, seguirá planteándose en el futuro.
La sorpresa llegó cuando, a la hora de votar la LC en el pleno de la Cámara, el Grupo Popular, de la mano del diputado Azpiroz, anunció su disposición a abstenerse, con el peregrino argumento de que la solución arbitrada en la norma para la resolución del problema que acabo de exponer ponía en riesgo el Concierto ante la UE. Además de absurda e infundada -para el Tribunal de Luxemburgo sólo las compensaciones financieras del Estado destinadas a cubrir los menores ingresos provocados por las reducciones de tipo acordados por la región son incompatibles con la UE- la actitud del PP encerraba una inmensa contradicción. La fórmula que según Azpiroz tan perniciosa resultaba de cara al encaje del Concierto en el marco comunitario era la misma -exactamente la misma- que, pocos meses atrás, su grupo parlamentario y el vasco habían defendido sin éxito durante la tramitación de la Ley de Dependencia. El PP se estaba poniendo descaradamente en evidencia, sin que al parecer le importase lo más mínimo.
Pero es que hay más. Cuando al cabo de muy pocas semanas le llegó el turno al Convenio navarro, el Gobierno remitió al Congreso un proyecto que, en el asunto que nos concierne, era idéntico al Concierto vasco. Pero en este caso, haciendo gala de un nuevo alarde de incoherencia, el grupo popular no se abstuvo, como en el caso vasco. Votó favorablemente, sin aportar una sola razón que justificase su diferente conducta.
El último episodio del vodevil se produjo hace unos días, cuando en un acto de presentación de los candidatos del PP a las elecciones generales, Azpiroz aseguró que su programa para la próxima legislatura incluía la revisión de la LC, con el propósito de suprimir los aspectos que en su día criticó ante el Pleno del Congreso. Evidentemente, nada equivalente dijo sobre la norma equivalente de Nafarroa. Al parecer es la vasca la única necesitada de corrección. Eso sí, Azpiroz avaló su propuesta asegurando que lo hacía por el bien del Concierto; por el amor que le profesa. Ciertamente, hay amores que matan.
