ZAPATERO CONTESTO: CERO PATATERO

Este último miércoles 7 de noviembre, nos vino el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y Joseba Zubia le hizo una pregunta redonda.

Le preguntó cuantas transferencias se habían producido en ésta legislatura que da sus últimas boqueadas. Podía haber contestado: Cero Patatero o Cero Zapatero y se hubiera ahorrado el trámite.

Lo malo es que dijo más. Poco menos le vino a echar la culpa al Lehendakari porque cuando está con él no le pone encima de la mesa ésta reivindicación. ¡Ostras!. Pero ¿hay que pedir, suplicar y negociar que se cumpla una ley orgánica refrendada por el pueblo vasco?. ¿Las leyes no hay que cumplirlas porque si?.

Y otra afirmación.

Hay transferencias que no se pueden cumplir. Y se quedó tan ancho. Eso es flagrante delito. Mientras a Ibarretxe se le encausa por dialogar de forma pública a Zapatero no se le dice nada porque públicamente afirma que no va a cumplir una ley orgánica.

Maravillas de la política española.

Este fue el trámite:

El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Eskerrik asko, presidente jauna. Egunon, señor presidente del Gobierno, bienvenido una vez más a esta casa. La pregunta de hoy, sin duda, la última que voy a tener ocasión de formularle en la presente legislatura, es bien sencilla, y la respuesta creo que igualmente lo es: ¿ Cuántas competencias, que le corresponden a Euskadi en virtud del Estatuto de Gernika de 1979, han sido objeto de transferencia durante la presente legislatura?
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría

Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.

Lamento que sea la última vez que en esta legislatura me pregunta el señor Zubia en esta sesión de control del Senado. Y deseo que pueda ser nuevamente en la próxima legislatura cuando el señor Zubia pueda volver a preguntar. (Risas.- Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Nada más llegar al Gobierno, en abril de 2004, iniciamos los primeros contactos para tratar de los traspasos llamados pendientes. En el marco de estas reuniones se instó al Gobierno vasco a la negociación del traspaso de políticas activas de empleo y formación profesional, porque esta es la única comunidad autónoma que no ha recibido aún este traspaso, y desde el Gobierno estimamos que se debería concretar cuanto antes. El traspaso de políticas activas de empleo está pendiente sólo de discrepancias en cuanto a las bonificaciones que forman parte de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y en la aplicación del régimen derivado del Concierto Económico. Y espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo en este legislatura sobre el citado traspaso. De este acuerdo depende que se puedan transferir otras competencias conexas, como las actividades de educación, empleo y formación que realiza el Instituto Social de la Marina, así como los créditos presupuestarios correspondientes a los servicios territoriales de la fundación tripartita de formación continua.

Señoría, es cierto que algunas de las competencias que se han reclamado - tengo que decir que no ha sido, como en alguna ocasión le he transmitido a su señoría, un objetivo prioritario en la agenda del diálogo entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España en esta legislatura- eran y son no asumibles para mi Gobierno : por ejemplo, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social porque supondría la quiebra del principio de caja única, razón por la cual, obviamente, no ha sido objeto de traspaso, ni de negociación con ninguna comunidad autónoma. Otras materias, no obstante, como la Inspección de Trabajo, se encuentran pendientes de que se cierre la fórmula definitiva con que se va a realizar este traspaso con el conjunto de las comunidades autónomas, que están asumiendo competencias en esta materia como consecuencia de la reforma de los estatutos de autonomía que se han producido en esta legislatura.

Señor Zubía, esta ha sido una legislatura de diálogo y bastantes acuerdos entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euzkadi. Desde luego, ha habido un diálogo en muchos aspectos de gran importancia política para el devenir del País Vasco, ha habido diálogo y acuerdos en aspectos de gran importancia económica para el País Vasco, como son los acuerdos en materia de concierto, y también ha habido diálogos y acuerdos en materia presupuestaria, en materia de desarrollo y progreso para Euskadi en el ámbito de las infraestructuras y en el ámbito tecnológico.

Es evidente que en lo que afecta al traspaso de competencias hemos avanzado menos, le puedo asegurar que no por falta de voluntad del Gobierno de España, sino únicamente por mantener los principios de lo que representa lo que tiene que determinar los traspasos de competencia: la letra y el espíritu de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
Muchas gracias. ( (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Zubía.

El señor ZUBÍA ATXAERANDIO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, adórnese como se adorne y dígase lo que se diga, la pregunta que le he formulado tiene una única respuesta: el número de competencias transferidas a Euzkadi a lo largo de esta legislatura es cero, un número bien redondo pero que tristemente lo dice todo. La pretendida y deseada legislatura del talante y del cambio se va a cerrar en este concreto y para otros importantísimos ámbitos con un sonoro y rotundo fracaso.

Cero traspasos en toda una legislatura ponen de manifiesto la clase de talante que ha estado en práctica y nos muestra una realidad que no es precisamente la de estar ante nuevos tiempos y épocas de cambio, sino que seguimos donde estábamos y nada ha cambiado. Eso sí, cuatro años más de sequía y flagrante incumplimiento, que hacen la situación cada vez más insostenible, pues son ya 28 años, señor presidente del Gobierno, los que llevamos reivindicando el traspaso de unas competencias asumidas en el Estatuto pero que siguen sin poderse ejercer, pese a esa legitimidad competencia. Y con ello, paradójicamente, quién sí la ejerce es quien no la ostenta, que no es otra que la Administración Central, lo que tiene evidentemente también consecuencias políticas, sociales, jurídicas y también económicas; también económicas, señor presidente del Gobierno, en tanto que de realizarse las transferencias pendientes se reduciría la cuantía del cupo a pagar al Estado y haría innecesario el esfuerzo presupuestario que año tras año tiene que hacerse con recursos propios de las instituciones vascas para financiar la prestación de servicios que debían ser gestionadas por estas de cumplirse el Estatuto, pero las sigue gestionando el Estado, sin hacer frente a las necesidades reales de tales servicios. Dicho más claramente y para que todos nos entendamos, se están financiando por responsabilidad -subrayó, por responsabilidad- materias sin transferir porque el Estado no cubre las necesidades existentes y, al mismo tiempo, se aporta vía cupo por esas mismas materias no transferidas, es decir, que el contribuyente vasco está costeando dos veces una misma prestación.

No deja de ser frustrante tener que seguir reparando estas cosas después de 30 años casi de vigencia del Estatuto de Guernika, tan frustrante como comprobar una vez más la nula intención de romper esa estrategia de veto y bloqueo puesta en práctica hace ya no pocos años.

Fíjese si hace años, señor presidente del Gobierno, que ya en 1087 el Senado, esta Cámara, aprobaba una moción con motivo del debate de las autonomías por la que se instaba al Gobierno a que concretara y se formalizara por el Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco el programa de transferencias pendientes, así como el calendario para su ulterior negociación. Papel mojado.

Tres años después, el propio Tribunal Constitucional -y cito al Tribunal Constitucional- se vio obligado a tomar nota de la situación y en su sentencia 209/1990 lanzaba una reflexión que no tiene desperdicio.

Fíjese, señor presidente, señorías, el Tribunal Constitucional decía: Mientras no se hayan transferido los medios personales y materiales necesarios e imprescindibles para el ejercicio de una competencia estatutariamente asumida por una comunidad, el ejercicio de aquella competencia corresponderá todavía al Estado, pero es indudable que tal ejercicio debe reputarse anómalo porque es provisional y lo provisional no puede seguir siéndolo indefinidamente. Por consiguiente, cualquier retraso en el cumplimiento de las transferencias implicaría una prolongación indebida de aquella provisionalidad y un obstáculo grave a la plena efectividad del reparto de competencias. Y concluía el Tribunal Constitucional: La lealtad constitucional obliga a todos. Desde el campo que nos ocupa es el Gobierno, el máximo responsable de la finalización efectiva del reparto de competencias, quien debe extremar el celo por llegar a acuerdos en la comisión mixta, merced a los cuales puedan dictarse los correspondientes y obligados reales decretos de transferencias . Esto y no otra cosa es lo que decía, señor presidente, el Tribunal Constitucional. Interesante, pero también, una vez más, papel mojado. A la vista está que poco o ningún caso se ha hecho al Tribunal Constitucional; será todo lo anómalo que se quiera, pero lo provisional sigue siéndolo y, al parecer, no sólo va a serlo indefinidamente, sino que lleva visos de serlo eternamente.

Así las cosas, en el año 1992, fecha en que ya se había asumido un importante caudal de transferencias, como policías, sanidad, educación, carreteras, vivienda, ferrocarriles, etcétera, se género un debate sobre el porcentaje pendiente de desarrollo del estatuto, sobre si las transferencias pendientes representaban un importante contenido de autogobierno o, por el contrario, no eran ya sino flecos sin mayor transcendencia política. Pues bien, al objeto de introducir un elemento de objetivación y de rigor en el debate, el departamento del Gobierno vasco, que entonces dirigía como consejero este portavoz que les habla, elaboró un informe, que remitido al parlamento vasco desembocó en el denominado Informe sobre desarrollo estatutario, y que fue aprobado por unanimidad por el Pleno el 1 de julio de 1993. Con él se cerraba el debate sobre el quantum de autonomía que estaba pendiente por desarrollar, se identificaban nada menos que 54 transferencias, localizando y expresando los servicios administrativos, objeto de traspaso, y su previsión estatutaria, y se aportaban etéreos políticos y jurídicos sobre los que pudiera trabajar las correspondientes comisiones mixtas. Es más, este acuerdo del parlamento vasco era expresamente asumido por este Senado en el debate sobre el Estado de las Autonomías, celebrado en el año 1994, al aprobarse una moción, que también es bueno recordar, literalmente decía: El Senado insta al Gobierno para que cumpla las previsiones contenidas en el estatuto de Guernica en materia de desarrollo autonómico, tomando como base el acuerdo del parlamento vasco de 1 de julio de 1993 en cuanto documento, añadía, expresa la voluntad de las fuerzas políticas vascas. En el mismo sentido y también el año 1994, el Congreso de los Diputados aprobaba una resolución similar a la indicada.
Lamentablemente en años posteriores nos hemos visto obligados a reproducir iniciativas similares en sede parlamentaria, y digo lamentablemente porque ello nos demuestra el poco resultado que han dado las anteriores. La última, señor presidente, lo recordará perfectamente, en fecha tan reciente como julio pasado en el Congreso de los Diputados y en la que, por cierto, su grupo parlamentario votó en contra de la resolución que pretendía nuevamente instar al Gobierno a comprometerse a desarrollar el estatuto y a elaborar un calendario de negociación, voto en contra que significa, además, un paso atrás, pues ha supuesto un evidente cambio respecto a su posición favorable a una propuesta similar del año 2003, aunque, claro, entonces no gobernaban ustedes, sino el Grupo Parlamentario Popular o el Partido Popular.

Con todo, señor presidente, la legislatura, su legislatura se iniciaba con 37 transferencias, aún pendientes de aquellas 54 que habían sido identificadas en el informe aprobado por el parlamento vasco en 1993, y va a terminar como empezó, con 37 transferencias pendientes.

Semejantes precedentes y este saldo final de legislatura, señor presidente, hace que no nos puedan parecer acertadas ciertas manifestaciones como, por ejemplo, que ha habido escaso interés a la hora de plantear transferencias en este periodo, que el Gobierno vasco está en otro escenario o que el Estatuto de Gernika ha sido ampliamente cuestionado durante los últimos años.

Si de interés hablamos -diga lo que diga, señor presidente-, tengo que decirle que, en lo que a su Gobierno respecta, no es que haya sido escaso, señor presidente, ha sido nulo. Su señoría prometía en esta misma Cámara, en respuesta a otra pregunta de este senador, que su Gobierno tomaría la iniciativa, una vez se constituyera el Gobierno vasco que saldría de las urnas en las elecciones de 2005. Me gustaría saber qué iniciativas se han tomado, porque los resultados a la vista están.
Señor presidente, eso de que el Gobierno vasco está en otro escenario no deja de ser un recurso dialéctico a la hora de tratar de justificar lo injustificable, pues ese otro escenario al que se quiere aludir no solo no está reñido, sino que es perfectamente compatible con una ley orgánica como el Estatuto de Gernika que, a día de hoy, sigue estando vigente, que se sepa, aunque no lo parezca, dado su incumplimiento.

En lo que sí puedo estar más de acuerdo con usted, señor presidente, es en la afirmación de que el Estatuto de Gernika ha sido ampliamente cuestionado durante los últimos años. ¿Pero le extraña que esté cuestionado? Cómo no va a cuestionarse que en un pacto político, aprobado mediante ley orgánica y refrendado por el pueblo vasco, después de casi 30 años, una de las partes obligadas a su cumplimiento siga resistiéndose a cumplirlo y aquí no pase absolutamente nada.

Señor presidente, en los últimos tiempos a muchos se les llena la boca con eso de cumplir la legalidad, pero sería bueno que se aplicaran el cuento, ya que llevar a cabo el traspaso a Euskadi de las 37 transferencias que siguen estando pendientes -yo diría que secuestradas- es precisamente eso, cumplir la legalidad. Señor presidente, cómo no va a cuestionarse, si cada vez que se plantea el tema se sigue recibiendo una misma respuesta: no. En unos casos, no porque no se quiere reconocer la competencia; en otros, no porque no es el momento e, incluso, no porque va contra determinados principios, tal y como hoy hemos vuelto a escuchar. Todas estas coletillas y muchas más han acompañado y siguen acompañando, señor presidente, a ese no de los sucesivos gobiernos centrales, incluido el suyo. En definitiva, siempre un no que se nos antoja no es provisional, ni siquiera indefinido, sino un no para siempre, aunque ello signifique desoír al Tribunal Constitucional, signifique pasar por alto un buen número de mociones y resoluciones aprobadas en ambas Cámaras y hacer caso omiso de los acuerdos alcanzados por unanimidad en el Parlamento vasco. Nada importa y todo vale para concluir con un rotundo no, aunque, eso sí, se vaya pregonando por ahí, y con entusiasmo por algunos, la condición de estatutista y hasta recordando la efemérides del 25 de octubre para celebrar no se sabe bien si el refrendo del texto estatutario o su incumplimiento. En todo caso -y termino, señor presidente-, un no al Estatuto de Gernika que, por supuesto, va acompañado de otro no a un nuevo estatuto aprobado por el Parlamento vasco con el procedimiento y las mayorías legalmente fijadas y exigidas, del cual una de sus principales razones de ser es la experiencia acumulada durante estos últimos 28 años, en los que la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos del Estado y la situación de indefensión y de falta de garantías de las instituciones vascas ha obligado a reclamar un cambio de marco y de forma de relación entre las administraciones.

Por cierto -y con ello sí que concluyo, señor presidente-, han sido varias las ocasiones en que su señoría ha demandado respeto para la reforma estatutaria, haciendo posible con ello lo que ha denominado un acuerdo entre vascos. Sin embargo, cada vez que le he escuchado no he podido evitar esbozar una sonrisa, pero una sonrisa de incredulidad, porque para qué un acuerdo entre vascos si después este no se respeta. ¿Qué más acuerdo entre vascos que el alcanzado ese 1 de julio de 1993 en el Parlamento vasco, donde por unanimidad -por unanimidad, señor presidente del Gobierno- se aprobó lo que inicialmente se conocía como informe Zubía, que suponía lo que podríamos llamar la renovación del consenso estatuyente, pero que a la vista está en qué ha quedado.

No nos hagamos trampas en el solitario, señor presidente, porque el pasado -querámoslo o no- está ahí y todos lo conocemos. El presente no es precisamente mejor, sino más de lo mismo y las perspectivas para encarar el futuro tampoco apuntan a día de hoy nada bueno.

Es lo que hay, señor presidente, aunque a buen seguro su señoría tratará como acostumbra de insuflarme una cierta dosis de optimismo del que ciertamente estoy necesitado pero, a decir verdad, no alcanzo a vislumbrarlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Tiene la palabra el presidente del Gobierno.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.

Le agradezco al señor Zubia la brevedad de la pregunta (Risas) y del razonamiento, porque ciertamente ha abordado cuestiones muy diversas que afectan a lo que ha sido el período de relaciones en esta legislatura entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España.

Tengo que decirle, señor Zubia, que los objetivos prioritarios en esta etapa del diálogo entre ambos Gobiernos han estado centrados, primero, en recuperar una normalidad en la relación institucional, que se hallaba seriamente deteriorada y que había tenido como antecedente último una reforma del Código Penal que no merece la pena recordar hoy aquí. En segundo lugar, el objetivo de compartir una visión, una tarea en torno al principal problema que asolaba y que asola al País Vasco y al conjunto del Estado, al conjunto de España, que es la lucha contra la violencia. El tercer objetivo ha sido trabajar para llegar a un acuerdo en lo que representa la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2007/2011, así como la ley que recoge ese acuerdo. Junto a ello hemos trabajado en dos aspectos que tienen un gran impacto para el futuro económico de la sociedad vasca, de los ciudadanos vascos, como son las infraestructuras -fundamentalmente con un empujón muy considerable, con un esfuerzo muy considerable en el tema de la “Y” vasca- y con aquello que afecta a las infraestructuras tecnológicas.

Le puedo asegurar -le puedo asegurar- que estos han sido los asuntos prioritarios en el diálogo entre el lehendakari y el presidente del Gobierno. No sé si serán los asuntos prioritarios del senador Zubia, pero en todo caso respeto su orden de prioridades; yo simplemente le explicito cuáles han sido los asuntos prioritarios en el diálogo.

Y, por último, el señor Zubía ha hecho una referencia a lo que representó el llamado estatuto político, debatido en su momento, a la invocación por mi parte de un gran acuerdo político entre vascos y a lo que supone su reflexión sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco como justificación para otro tipo de iniciativas. Y tengo que decirle con toda claridad: el autogobierno que el País Vasco tiene ha sido desarrollado desde el Estatuto de Gernika, que supone y representa un volumen importante de autogobierno, sin duda alguna el autogobierno mayor que ha tenido Euskadi, sin duda alguno un autogobierno perfectamente comparable a los sistemas más avanzados de corte federal o de cualquier otra naturaleza donde rija un principio de descentralización política, y que desde luego -algunos acuerdos que hemos hecho en relación con la financiación de cuestiones singulares lo ponen de manifiesto- siempre estará abierto a una posible reforma dentro de lo que representa el propio estatuto y con los principios que aconseja una reforma, que son: amplio consenso y, por supuesto, respeto escrupuloso absoluto de la legalidad en el contenido y, lógicamente, en la forma.

Sí, estoy absolutamente convencido de que cualquier escenario político en Euskadi, tanto para la gobernabilidad como para su marco político, que está anclado en la Constitución española de 1978 y que estará anclado en la Constitución española de 1978 en el futuro, necesita el mayor acuerdo político, el mayor consenso entre las identidades y las fuerzas políticas. Y eso no se corresponde con la mayoría que, en su momento, aprobó la reforma del llamado estatuto político -la iniciativa del estatuto político- en la Cámara vasca. Lo sabe el señor Zubia, lo sabe el Gobierno vasco, lo sabe el lehendakari y lo saben la inmensa mayoría de los ciudadanos vascos, que no quieren propuestas unilaterales ni viajes a ninguna parte, sin fundamento: que quieren serenidad, trabajo y grandes acuerdos entre los partidos, que representan pluralidades distintas en el País Vasco, y colaboración y cooperación con el Gobierno de España. Una colaboración que este Gobierno -desde luego, el Gobierno que presido- siempre ha demostrado poner en práctica con el Gobierno vasco, sobre la base del respeto al lehendakari y a las instituciones vascas.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¡OSTRAS!. CUATRO ASCENSORES PARA ONDARROA (3).

Xabier Arzalluz con esa capacidad innata que tiene para describir situaciones y en dos trazos calificar a las gentes, dijo hace algún tiempo una verdad como un templo: “Para ser radical, primero hay que ser inteligente. Los radicales garrulos son un azote y una rémora para la causa que dicen defender”.

Digo esto porque en Ondarroa la gente que adversa a la Gestora se lo está poniendo a ésta muy fácil. Mientras unos construyen, ellos destruyen. Y la gente, como no es tonta, se da cuenta a la primera de la diferencia.

Ellos saben que, les guste o no, la Gestora va a durar cuatro años y va a hacer muchas cosas porque es un equipo bueno y conjuntado, trabajan, tienen ganas y apoyo, y, frente a esto ¿qué hay?. De momento la destrucción de cuatro cajeros, la quema del coche del Alcalde Aranbarri y del pequeño negocio de la mujer de un ertzaina, así como impedir la celebración de tres plenos. Toda una hazaña.

En lugar de hacer ANV una lectura correcta de los datos, ofrecer propuestas, colaborar críticamente, explicar que lo de ellos es Ondarroa, ¿qué hacen?. No piensan. Solo embisten y amenazan tratando de aplicar la “ley de la selva y la ley de la mafia”. “Este es mi territorio y quien no esté de acuerdo, lo rajo”. Por eso, la gente, cada vez más se pregunta lo siguiente: ¿con esta gente dónde se puede ir?. Pues a ninguna parte.

Mientras, la Gestora sigue haciendo cosas.

Conté lo del aparcamiento del Astillero y el aumento de sus plazas. Vamos ahora con los cuatro ascensores.
En el ámbito del Casco Histórico se contempla la ejecución de tres ascensores:

• Kanttoipe-Paseo de ronda (korreta) de la Iglesia (En servicio desde hace 7 meses).
• Iparragirre-Iperkale
• Iperkale-Pixape

Todos ellos previstos para que la población pueda moverse sin tener que subir y bajar unas escaleras poco accesibles y poder salvar las pendientes tan elevadas existentes.

Previamente hay que decir que la Gestora trabaja para todo el pueblo. No para el PNV, ni para EA, que ni está en la Gestora, ni para EB, ni para el PSE, ni para el PP, ni para ANV. Trabaja para todos. Y eso es lo que no toleran los de la construcción nacional, previa quema y destrucción de lo que no les gusta, como hacían los talibanes en Afganistán.

Por eso la Gestora ha atendido la demanda que había en el pueblo y se ha puesto las pilas y en dos meses ha tramitado la adjudicación de las cabinas necesarias para poder dar servicio sobre todo a la gente mayor o con alguna disfunción, que necesitan una mínima comodidad para acceder con facilidad a los sitios.

• CERCA DE 130.000 € PARA LA ADQUISICIÓN DE 4 CABINAS DE ASCENSORES.

La Gestora ha dado a estas actuaciones prioridad total para dar pasos que permitan resolver problemas de movilidad en el municipio y ha realizado lo siguiente:

• ASCENSOR DE LA ESCUELA DE MÚSICA

o Hace 12 años que finalizó la obra de la Escuela de Música. Nunca ha tenido el ascensor en funcionamiento. Tramitado en septiembre de 2007 y adjudicado por un importe de 29.904,79 € estará en funcionamiento a mediados de diciembre.

• ASCENSOR DE IPARRAGIRRE-IPERKALE e IÑAKI DEUNA 32

o El 21 de septiembre de 2007 se publicó en el BOB su licitación, finalizando el plazo de presentación de ofertas el 6 de octubre. Han sido adjudicados por un importe de 71.094,62 €.

• ASCENSOR DE IPERKALE-PIXAPE

o El 30 de octubre ha salido publicado en el BOB su licitación, con un importe de 28.031,60€. Finalizará el plazo de presentación el 14 de noviembre.

Y como dicen los de ANV que la Gestora son unos parachutistas y como al parecer les gusta subir y bajar, ahí están los cuatro ascensores para Ondarroa. Seguiremos informando.

LO QUE DICE EL EX MINISTRO JOSE MARIA MARAVALL DE EUZKADI Y CATALUNYA

Con motivo del 25 aniversario de la victoria de Felipe González aquel 28 de octubre de 1982, obteniendo nada menos que 202 diputados mientras se derrumbaba el partido del gobierno, la UCD, se han hecho muchas valoraciones de lo que supuso aquella fecha.

El periódico La Vanguardia le ha hecho una entrevista a uno de aquellos ministros que tuvo González en su primer gobierno, José Maria Maravall, ideólogo del PSOE y ministro de Educación que dejó la actividad política tras aquellas manifestaciones estudiantiles donde tuvo un protagonismo especial aquel fallecido Cojo Manteca, que debía de ser nacido por estos lares.
En la actualidad Maravall dirige el Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Pues bien. En la parte final de su entrevista le hacen dos preguntas interesantes que transcribo a continuación:

P. “¿Se parece algo la España de las autonomías actual a la que ustedes pensaron en 1982?

J.M.M. “Cuando se diseñó la Constitución había un problema muy grave que era el acomodo de los nacionalismos catalán y vasco. También debía iniciarse el proceso de descentralización. Entonces, los poderes fácticos preferían diecisiete autonomías que sólo dos para Catalunya y Euskadi. La consecuencia fue un solapamiento entre la descentralización y el acomodo de los nacionalismos. Pero lo cierto es que no existía un modelo. Algunos teníamos claro que el País Vasco y Catalunya debían ser tratados de forma distinta.

P. “Se deduce de sus palabras que no le gustó ese proceso, y de otras cosas que ha escrito, que no le gusta cómo se ha desarrollado el reciente Estatut.

J.M.M. “Si a mí me disgusta el nuevo estatuto catalán es porque se gastó una cantidad tan grande de pólvora en salvas... Hizo mucho daño político por una retórica que carecía de sentido. Por el contrario, a mí siempre me pareció que la fórmula económica que ofrecía Catalunya era francamente interesante. Porque era la gestión de los impuestos a cambio de un fondo de solidaridad que estaba por negociar.

P. “Piensa que se ha perdido una segunda oportunidad.

J.M.M. “Así es. Ha sido un acto de ceguera política.
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Me satisface leer y transcribir estas dos respuestas de un hombre inteligente que cuenta de verdad como se dio inicio a la Transición en relación con los vascos y los catalanes ya que en la actualidad este dato se soslaya. Parecería que lo que dice Maravall, que es el evangelio, es una invención de los nacionalistas. Y no es verdad. En 1977 había dos demandas muy claras. Ni Murcia ni Madrid querían ser autonomías y les parecía una locura solo plantear la cuestión. Hoy nadie en su sano juicio puede enmendar la plana a aquella batalla loca por echar agua al vino de las autonomías vasca, catalana y gallega.
De aquellas lluvias, estos lodos. Ha hecho bien Maravall en recordarlo. No olvidemos que fue nada menos que ministro de educación en el primer gobierno de González. Y algo sabe del tema.

HEMOS LOGRADO UN MILLON DE EUROS PARA EL MUSEO MINERO

En el Partido Nacionalista Vasco hemos cerrado la financiación para la ampliación del Museo Minero de Abanto tras obtener de Madrid una partida de un millón de euros en la negociación de los presupuestos generales del Estado para 2008. Begoña Lasagabaster, de EA, votó en contra.

Esta subvención se suma a los 3 millones concedidos en los últimos dos años tanto por el Gobierno estatal como por Lakua y la Diputación bizkaína, con una aportación de un millón por cada institución.

"Supone el espaldarazo definitivo para el proyecto", recalcó con "satisfacción" el alcalde de Abanto, Manu Tejada.
El primer edil destacó que el respaldo jeltzale obedece al carácter "estratégico" del museo cuya proyección "va mucho más allá de Meatzaldea". "Tiene mucho potencial, se puede convertir en uno de los motores económicos de la localidad", ensalzó. Por otro lado, enmarcó el apoyo al proyecto de ampliación en "el mantenimiento de nuestra cultura minera".

El cierre de la financiación coincide con la fase final en la tramitación de la obra. Así, el patronato del museo, en el que se integra el Ayuntamiento, adjudicará el próximo mes los trabajos de cimentación del edificio por 1,7 millones de euros. El edificio se ubicará junto a la actual sede del museo en el antiguo matadero y dispondrá de 5.000 metros cuadrados.

TREINTA AÑOS DE PACIENCIA ¿NO SON SUFICIENTES?

Hace 51 años se presentaba en París el libro “La causa del Pueblo Vasco” escrito por el diputado alavés y posterior vicepresidente del Gobierno Vasco en el exilio, Javier de Landaburu. En la dedicatoria de aquel magnífico texto, Landaburu plasmó este pensamiento:

“En recuerdo de todos los vascos muertos durante la guerra fratricida causada por la sublevación de 1936. Los que cayeron en cualquiera de los frentes bajo las banderas vascas o de las dos Españas, los que fueron asesinados en sus retaguardias, los que murieron en cama, en su casa o en el exilio, acongojados por la pena de los males de la patria y sin comprender aquella catástrofe cruel e innecesaria”.

Esta acertada dedicatoria, todo un preámbulo que podía servir para una ley de la Memoria Histórica fue hecha desde el exilio, en lo más duro y cruel del franquismo y buscando la reconciliación. Esa fue la conducta de aquella generación que no odió de forma mayoritaria y cuando odió, formó a ETA.

Hijo del exilio de aquella guerra me parece increíble que se siga hablando de la transición política española como si ésta la hubiera hecho el rey o Adolfo Suárez, porque, fundamentalmente la hicieron quienes en 1976 no pasaron factura alguna y han esperado treinta años para que se pueda hablar solo un poquito de estas cosas para no despertar a una fiera que ahí está, dispuesta siempre a despertarse y dar el zarpazo.

Por eso y ante una Ley que no nos satisface, hemos tenido que elegir entre el todo o la nada.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos prestado un apoyo parcial a la Ley de la Memoria Histórica. Y es parcial porque, aun a pesar de la ostensible mejora que el texto ha experimentado durante su tramitación, sigue acusando deficiencias que hacen imposible el pleno e incondicional respaldo de nuestro Grupo.

Por otra parte, se ha preferido apoyar parcialmente la ley a rechazarla plenamente porque, aun cuando el texto final no responde al ideal, al día de hoy carece de alternativa viable. Y ante el dilema de apoyarla, siquiera parcialmente, o renunciar definitivamente a una norma que aborde de manera equilibrada e integral el problema de las víctimas de la guerra civil y de la Dictadura, un objetivo largamente acariciado en las Cortes por parte de las fuerzas políticas nacionalistas y de izquierda, preferimos optar por la primera alternativa. Creemos muy poco probable que, si esta iniciativa fracasa, pueda volver a plantearse en una legislatura futura. Y aunque no sea plenamente satisfactorio, el texto acordado incluye contenidos a los que, en nuestra opinión, no puede oponerse una fuerza democrática, que combatió la sublevación militar y ha sufrido, durante largos años, la represión franquista y el exilio.

Las enmiendas que hemos presentado han permitido mejorar la Ley en varios aspectos. He aquí algunos de ellos:
Simbología: La eliminación de símbolos ha de incluir, no sólo a los que exalten la guerra civil, sino, sobre todo, a los que exalten la sublevación militar. La supresión de símbolos concierne igualmente a las personas y entidades privadas que reciben fondos públicos, bajo riesgo de perder las subvenciones que eventualmente pudieran recibir. Sólo cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas "protegidas por la Ley", cabrá excepcionar este principio.
Exhumación de fosas: La Administración General del Estado ha de tomar un papel activo en el proceso de exhumación de fosas, elaborando planes y otorgando subvenciones a las entidades que desarrollen esta labor. No puede limitarse a permitir su realización.

Acceso a los archivos: Se han eliminado del texto las prevenciones que obstaculizaban el libre acceso de los investigadores y los interesados a la documentación relativa a este período. El texto original del proyecto establecía un régimen incluso más restrictivo que el vigente para hacer efectivo este derecho

Reconocimiento de fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. El reconocimiento de las personas fallecidas en este periodo, se amplia a las que padecieren lesiones o secuelas.
Pero, como hemos apuntado, nuestro apoyo al proyecto, no puede ser total. Su texto sigue incluyendo una serie de disposiciones sobre el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que no contarán con nuestro respaldo hasta que no sean restituidos a sus legítimos propietarios, los documentos públicos y privados incautados por las autoridades franquistas en el País Vasco, o fuera de él, pero pertenecientes a personas, asociaciones o entidades vascas.
Mientras esta restitución no sea llevada a cabo, seguiremos exigiendo al Gobierno la reparación de esta injusticia histórica, más lacerante aún si cabe, tras la aprobación de la Ley que restituye a Catalunya los documentos incautados en su territorio.

TREINTA Y SIETE AÑOS PARA IR A CEUTA Y MELILLA

Juan Carlos y Sofía, como Príncipes de España, bajo la dictadura de Franco viajaron a Ceuta y Melilla. No habían vuelto. Ahora lo hacen. ¿Por qué ahora?

¿No han tenido tiempo en 37 años de cruzar el estrecho?

Todo parece una operación de marketing real.

El que la ha diseñado sabía que un viaje de éstas características iba a tener repercusiones en Marruecos. Las mismas que tuvo en España cuando Carlos de Inglaterra y Diana Spencer aterrizaron en Gibraltar en viaje de novios. Las mismas. Pero no les ha importado. Entonces ¿por que?

Este viaje, aplaudido incluso por Jiménez Losantos y toda la derecha, logra una gran exaltación de españolidad, pretende demostrar que la monarquía sirve, logra adhesiones y hace parecer que tiene la iniciativa y que el trabajo cunde.
¿Se hubiera producido este viaje así como el nombramiento de un Interventor sin estos últimos cuestionamientos a la monarquía? No padre.

Conclusión: el coartamiento de la libertad de expresión hacia una institución anacrónica que viene del franquismo, los amodorra y cuantas más libertades de expresión haya más se ponen las pilas.

En relación a Ceuta y Melilla. Me preocupa más el Sahara y la ocupación marroquí de unos territorios que se tienen que descolonizar

CON UNA DELEGACIÓN MAURITANA

Nos ha visitado una delegación del Senado mauritano encabezada por su presidente, un tipo alto y de pocas palabras. Se llama Ba Mamadou Olf M´Bare. Vino acompañado por dos senadores y una senadora así como por el embajador que ha sido primer ministro de su país.

Como me tocó al lado pude saber algo de ellos. Tienen pesca, les gusta el fútbol y no toman vino. En la comida solo bebieron un jugo de naranja. Nosotros nos conformamos con viña Salceda.

Este país se caracteriza por una marcada falta de vertebración por la insuficiencia de infraestructuras y los problemas derivados de la peculiar estructura social mauritana caracterizada por una gran división tribal.

Desde el punto de vista étnico existen tres grandes grupos: los "beidán" o moros blancos, los negro-africanos divididos a su vez en varias etnias (wolofs, soninkés, peuls) con idiomas y tradiciones diferentes; y los "haratín" o moros negros, étnicamente similares a los anteriores, pero que comparten cultura e idioma (el "hassaniya") con los árabes blancos.
En efecto, la estructura social tiene un claro impacto en la vida política, pues se producen luchas de poder entre las tribus o clanes de cada etnia, especialmente de los "beidán", que tienen una gran influencia en la política interna.
En lo social, el informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006 sitúa a Mauritania en él puesto 153 de 177 países. Aunque las últimas cifras relacionadas con el nivel de pobreza revelan una paulatina disminución del mismo desde 1990, se eleva en la actualidad a un 47%. La tasa de analfabetismo alcanza al 58% de la población (afecta a las tres cuartas partes de las mujeres), según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La tasa de mortalidad infantil es del 92 por mil (apenas hay 200 médicos en todo el país) y la esperanza de vida al nacer es de 52,7 años.

Evolución política

El 20 de agosto de 1961, Mokhtar Ould Daddah fue elegido primer Presidente de la República Islámica de Mauritania. Ese mismo año Mauritania ingresó en la ONU y en la OUA y en abril se establecieron relaciones diplomáticas con España.
La vida política en esos años estuvo dominada por el Partido del Pueblo Mauritano, (PPM), único partido autorizado del que era Secretario General, Ould Daddah, quien es reelegido sucesivamente como candidato único hasta su derrocamiento en 1978 por un golpe militar.

El período de los militares 1978-1984 fueron años de gran inestabilidad y continuos cambios en la Jefatura del Estado.
Desde el punto de vista político., las primeras elecciones presidenciales multipartidistas se celebraron en 1992, en las que venció Taya, frente a su rival Ahmed Ould Daddah hermano del primer Presidente del país. No obstante, a lo largo de la década de los 90 las denuncias por represión y fraude electoral se repitieron periódicamente y varios intentos de Golpe de Estado sacudieron el país.

Un nuevo golpe de Estado de diciembre de 2004 lleva al poder a Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya, quien permaneció en el poder hasta ser derrocado por el golpe de Estado del pasado 3 de agosto de 2005.

Estructura política e institucional

La Constitución mauritana de 1991 instauró un régimen semipresidencialista, con un poder ejecutivo que reside en el Presidente elegido por sufragio universal dotado de amplias competencias. El poder legislativo reside en el Parlamento bicameral:

La Asamblea Nacional. Cámara de representación poblacional está compuesta de 95 escaños elegidos mediante sufragio universal.

El Senado. Cámara de representación territorial cuyos miembros son elegidos por sufragio indirecto ejercido por los consejeros municipales. Está formado por un total de 56 senadores. Tres de ellos representan a los mauritanos residentes en el extranjero.

La Constitución consagra una República islámica, pero la "sharia" no se aplica literalmente tratándose más bien de una confesionalidad tolerante. Ello ha contribuido hasta ahora a que el islamismo como movimiento político no haya tenido excesiva relevancia.

En Mauritania la administración territorial se estructura en 13 regiones, 53 departamentos y municipios (cuyo número oscila en función de la población).

Situación política interna actual

Tras un intento violento de golpe de Estado de junio de 2003, al que siguieron otras tres intentonas en 2003 y 2004, el régimen del Presidente Taya daba signos claros de agotamiento en un contexto de fuerte crisis política, económica y social, agravada por el ataque terrorista a la guarnición de Lemghelty en junio de 2005 que causó 15 muertos y que fue reivindicado posteriormente por el GSPC (Grupo Salafista para la Predicación y el Combate) argelino.

El golpe de Estado de 3 de agosto de 2005 llevó al poder a una junta militar el Consejo Militar para la Justicia y la Democracia (CMJD), presidido por el Coronel Ely Ould Mohamed Vall, que desde un primer momento anunció su vocación de cambio y renovación dando inicio a un proceso de transición con vistas al establecimiento de una verdadera democracia.

El CMJD buscó que este proceso de transición fuera consensuado con los principales actores de la vida mauritana; por ello, a finales de octubre se organizan unas Jornadas de Concertación Nacional con los partidos políticos y sociedad civil. Los resultados se plasmaron en los informes elaborados por tres comités interministeriales (para la transición democrática, la justicia y el buen gobierno respectivamente) que recogían con precisión cuestiones claves como el calendario electoral de los próximos dos años o el mandato de constituir una Comisión Electoral Nacional independiente, además de reformas fundamentales en materia de justicia, transparencia y buen gobierno.

Para su puesta en marcha, el CMJD solicitó la asistencia de Naciones Unidas, que puso en marcha un Proyecto de Asistencia Electoral en el que participó la Comisión Europea con 6 millones de € y España con medio millón de euros, además de otros países como Japón, Francia, Alemania, EEUU: Países Bajos y Bélgica.

Entre las principales medidas que resultaron de las jornadas de concertación nacional destacó el establecimiento de un calendario electoral con los siguientes hitos:

-Referéndum constitucional (25 de junio de 2006): La reforma constitucional limitó a dos el número de mandatos presidenciales, fijando la duración de los mismos en cinco años e impidiendo la reforma del artículo correspondiente. El referéndum registró una muy alta tasa de participación con más del 76% de los votos y un 96,94 de votos favorables.
-Elecciones legislativas y municipales (19 de noviembre 2006): estas elecciones fueron calificadas como limpias y transparentes por los propios partidos políticos y también por las misiones de observación electoral internacionales. Hay que destacar que la UE en particular desplegó un total de 70 observadores de los cuales seis fueron del estado español. La tasa de participación fue razonablemente alta (73% en primera vuelta y 69% en segunda). Igualmente la cuota femenina del 20% auténtica novedad de estas elecciones, se sobrepasó en las municipales y prácticamente alcanzó (18%) en las legislativas.
En las legislativas, los 95 escaños de la Asamblea Nacional se repartieron entre tres grandes agrupaciones:
Coalición de Fuerzas por el Cambio Democrático (CFCD), formaciones políticas de la antigua oposición al régimen del ex Presidente Taya y que obtuvo 41 escaños.

Coordinadora Nacional de independientes (CNl) se trata de una amalgama de "notables" políticos, étnicos y tribales surgidos en su mayoría del PRDS: el antiguo

partido del ex Presidente Taya que obtuvo 39 escaños.

La antigua "mayoría presidencial", coalición de Gobierno con el ex Presidente Taya que obtuvo 13 escaños a los que se pueden sumar los 2 restantes de dos partidos minoritarios afines.

Ninguno alcanzó la mayoría absoluta (48 escaños). El fiel de la balanza queda, por tanto, en manos de los independientes, que pueden oscilar entre la antigua mayoría presidencial y la antigua oposición. El espectro político en Mauritania es complejo. Recientemente se ha hecho público el reconocimiento de dieciocho nuevas formaciones, por lo que el país cuenta en la actualidad con un total de 53 partidos políticos. Entre los nuevos destaca especialmente el partido de corte islamista de los Reformadores Centristas rebautizado con el nombre de Reagrupación Nacional para la Reforma y el Desarrollo (RNRD) que ha conseguido pasar a la legalidad.

El nuevo Presidente se presentó durante la campaña electoral como el candidato del consenso, y para muchos también de la continuidad. Se le critica su debilidad de carácter y su alejamiento de la política mauritana en los últimos años, aunque se le reconoce su integridad y su escasa ambición política personal. Por su edad (69 años), un segundo mandato estaría descartado y se le considera la opción ideal para hacer posible el retorno, en un plazo inferior a los cinco años del mandato presidencial, del Presidente saliente, Ely Ould Mohamed Vall.

Considera como prioridad de su mandato el reforzar el sentimiento de unidad nacional y la construcción de un estado de derecho a través de un cambio responsable y tranquilo. Es consciente de la necesidad de transformar el país pero también del frágil equilibrio que sostiene al estado mauritano.

En efecto, la junta militar que tomó el poder cumplió su principal promesa, la de liderar una transición política a la democracia; el proceso ha sido abierto y participativo; se ha respetado escrupulosamente el plazo anunciado tras el golpe de Estado, así como la neutralidad y la no presentación por parte de los miembros de la junta militar y del Gobierno a las elecciones.
El programa de Gobierno se articula en torno a seis puntos: consolidación de la unidad nacional, refundación del Estado, instauración de la cultura democrática, moralización de la vida pública, crecimiento económico y lucha contra la pobreza, y promoción de los recursos humanos y acceso a los servicios básicos.

En agosto de 2007, tuvo lugar una reunión entre los representantes de las diversas fuerzas y actores políticos de la mayoría parlamentaria que constituye el apoyo del Presidente de la República y del Primer Ministro. El objetivo del encuentro fue coordinar las posiciones de los participantes para sentar las bases de la futura creación de un partido que agrupe a los diversos componentes del apoyo político y parlamentario del Presidente. Con este movimiento parecen disiparse las dudas sobre el apoyo parlamentario del Presidente.

El nuevo gobierno se enfrenta a importantes desafíos ante esta nueva etapa de transición y posterior consolidación democrática:

Destaca la preocupación por la grave situación económica heredada (déficit de 30.000 millones de uguiyas: 85 M€) y la decepción de las expectativas de niveles producción de petróleo hasta el momento.
Igualmente el anuncio del regreso, a doce meses, de los "refugiados" en el extranjero (Senegal y Malí, sobre todo) durante los "événements" de 1989-1991, eufemismo con el que se alude en Mauritania a la violación de los derechos humanos de la población negro-africana a manos de la arabo-bereber durante esos años -el llamado "pasivo humanitario", otro eufemismo- que a punto estuvo de desembocar en una guerra con Senegal. En agosto se ha creado un Comité interministerial encargado del expediente de los refugiados y que cuenta con el apoyo del ACNUR.

El apoyo de la comunidad internacional al programa parece fundamental, teniendo en cuenta además la relevancia que puede tener la cuestión de los refugiados para la propia estabilidad del nuevo Gobierno (en octubre 2007 ha habido algunos incidentes interraciales en Nuadhibu). El Ministro de AAEE ha pedido a la comunidad internacional apoyo material a las necesidades que identifique el HCR y apoyo político. España tiene una disposición favorable a brindar un apoyo nacional y se ha expresado a favor de crear un "cesto internacional" como el establecido para el proceso electoral con el PNUD.
Otro acontecimiento digno de mención es la adopción en agosto de 2007 por unanimidad por la Asamblea Nacional de un proyecto de ley sobre incriminación y represión de las prácticas esclavistas que perduran todavía en Mauritania a pesar de que ésta fue abolida en 1981.

Relaciones económicas

Destacar la firma del Acuerdo de Pesca con la UE en julio de 2006. El acuerdo continúa siendo el más importante firmado por la UE con un país tercero (86 M€/año de compensación financiera) y España continúa siendo la principal beneficiaría (tanto en flota -120 barcos españoles- como las posibilidades de pesca).

Pero además de la pesca, el objetivo principal es la promoción de la inversión empresarial española en Mauritania. Para ello se han llevado a cabo importantes acciones en el campo de la cooperación financiera con un Programa Financiero en vigor desde 2001: mediante créditos FAD se han financiado importantes proyectos estratégicos como la rehabilitación del puerto de Noadibhou y proyectos de electrificación rural. ASÍ puede hablarse de una presencia creciente de grandes empresas españolas como REPSOL, Binter Canarias, CORORASA (construcción) entre otras.

También en este ámbito se ha finalizado la negociación para la firma de un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRS). Solo queda un intercambio diplomático para acordar la versión definitiva en francés y español para proceder a su traducción al árabe. Debería firmarse con ocasión de una visita oficial.

Mauritania es a su vez un país prioritario para la cooperación española. En 2006 se aprobó el Documento de Estrategia País 2005-2008 para Mauritania. España es el sexto donante total de AOD (15 M€ en 2006) y el tercero de la UE tras Francia y la Comisión Europea. Nuestro país ha mostrado su solidaridad con Mauritania con motivo de las graves inundaciones en el sudeste del país en agosto de 2007. En total 2.500 familias tuvieron que abandonar sus hogares. España ha adelantado su disposición favorable a enviar ayuda de emergencia, a la espera de recibir el programa de la parte Mauritania.
Inmigración

Mauritania se ha convertido en un país clave en la lucha contra la inmigración irregular de origen subsaharíano, en especial la que intenta llegar a Canarias por vía marítima, aunque sigue siendo ante todo un país de tránsito.
La cooperación bilateral se articula en torno al Acuerdo en materia de Inmigración de 2003 y al Plan de Acción (Comunicado Conjunto) firmado el 16 de marzo de 2006.

El balance se puede considerar como muy positivo en líneas generales a pesar de algunos desencuentros puntuales (casos Marine 1 y Segundo San Rafael).

Se han dado importantes pasos en el campo de la Cooperación Operativa para la lucha contra la inmigración irregular donde destaca por ejemplo la creación de un Comité Mixto sobre flujos migratorios que se ha reunido en tres ocasiones. También destaca aquí, la presentación del proyecto "Seahorse Network", red de comunicación por satélite que se espera esté operativo en agosto de 2008 y abarca a España, Portugal, Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Estos son sólo dos ejemplos de la amplia cooperación que se da en este ámbito.

Migración y Desarrollo es el otro enfoque dado con miras no sólo a luchar contra la inmigración irregular sino en la gestión de los flujos migratorios. En este sentido destaca la visita de la Misión de la UE sobre Migración a Mauritania en junio de 2007. Cabe recordar que 10 millones de euros del X FED irán destinados a la gestión de los flujos migratorios. España es la verdadera promotora de este discurso conocido como el enfoque global que bilateralmente se ha concretado con el Acuerdo bilateral de regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, firmado por el MTAS en su visita a Mauritania el 26 de julio de 2007.

Seguridad

La base militar de Lemghelty situada al noreste del país junto al vértice de la frontera con Argelia y Malí, ya fue objeto de un ataque terrorista por parte del GSPC argelino en junio de 2005, y existen precedentes de participación de nacionales mauritanos en el "yihadismo internacional", así como algunos factores particulares (represión indiscriminada del islamismo, buenas relaciones con Estados Unidos, mantenimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel) que pueden facilitar el reclutamiento de jóvenes mauritanos por el GSPC-AI Qaida del Magreb en el país.

En mayo 2006, el Frente Nacional islámico Mauritano declaró la "yihad" en Mauritania.

A finales de agosto de 2007 trascendió en los medios de comunicación la existencias de células islamistas vinculadas a Al Qaeda que pretendían secuestrar a ciudadanos europeos en el norte de África. Por todo ello, Mauritania es un destino prioritario de Cooperación en la lucha contra el terrorismo al igual que el resto de los países del Magreb.

También en materia de Defensa existe un profunda cooperación que se ha visto aún más reforzada por la reciente visita del Ministro mauritano de Defensa Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine el 16 de octubre de 2007. La cooperación bilateral en esta materia se articula en torno al Acuerdo de Cooperación de 1989. Los principales sectores de cooperación son la enseñanza (becas), la sanidad (evacuaciones y asistencia hospitalaria en España, construcción y equipamiento de un hospital militar en Nouakchott) y la cooperación militar stríctu sensu (actividades bilaterales y multilaterales en el ámbito del Diálogo Mediterráneo de la OTAN y de la iniciativa de Defensa del Diálogo 5+5). Dos nuevos sectores de cooperación sobre los que se está empezando a trabajar son la lucha contra la inmigración irregular y el terrorismo.

Relaciones en materia de Justicia

Se ha dado un gran impulso sin precedentes en materia de Justicia con la firma, el 12 de septiembre de 2006, coincidiendo con la visita de trabajo a Madrid del Ministro de Justicia mauritano, de cuatro acuerdos de cooperación: asistencia judicial en materia civil y mercantil; asistencia judicial en materia penal; asistencia a detenidos y traslado de condenados; extradición.
En agosto de 2007 el Consejo de Ministros español decidió conceder la extradición de Moulaye Abbas Boughourbal a Rusia. Se trata de un importante y conocido empresario mauritano del sector dé la pesca que fue acusado por la Federación de Rusia de haberse apropiado ilegalmente de tres buques de pesca propiedad del Estado ruso y que fue detenido en España. Su extradición también había sido pedida por Mauritania. En su momento ello generó algún malentendido con las autoridades mauritanas que ahora sin embargo está totalmente resuelto.

Relaciones culturales

Se ha llegado a un acuerdo con, la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Nouakchott para programar un curso de español para funcionarios y se trabaja activamente para la apertura de un Aula Cervantes así como de un espacio cultural propio en la Embajada.

Junto a lo anterior cabe destacar la presencia de dos lectores en la Universidad de Nouakchott.

Por otro lado, la Fundación del Legado Andalusí planea organizar sendos congresos y exposiciones haciendo especial hincapié en la herencia almohade y almorávide.