Se ha hablado, debatido y confrontado durante años en torno al precio político a pagar por la paz, a su significado y a las consecuencias de pagarlo. Y en la mayoría de las ocasiones el resultado ha sido estéril cuando no contrario al objetivo de la paz, en la medida en la que ha servido casi exclusivamente para continuar en el reproche mutuo entre partidos.
Mi posición es clara y nítida en torno a esta cuestión. Hemos de separar, conceptual y metodológicamente, la solución a contenciosos políticos de la existencia del terrorismo. La existencia de la violencia de ETA no es consecuencia natural de ningún conflicto político. En este sentido, la exigencia fundamental a ETA es el cese definitivo de la violencia y la renuncia a tutelar el futuro político de Euskadi, porque es a los partidos políticos y a las instituciones representativas a quienes corresponde hacer política. Con esta exigencia expreso mejor –creo yo- esta cuestión del precio político.
En EAJ-PNV hemos manifestado públicamente que trabajar en favor de la paz en el ámbito sociopolítico nos exige acordar unas bases mínimas de actuación:
1. Rechazo firme del terrorismo y articulación de los mecanismos habituales del Estado de Derecho para hacer frente a la violencia.
2. Apoyo inequívoco y reconocimiento social de las víctimas.
3. Deslegitimación social del discurso que pretende justificar a la violencia.
4. Utilización de los instrumentos del Estado de Derecho sin políticas de excepción y con respeto
escrupuloso a los derechos humanos.
5. Acotar el escenario de un final dialogado solamente para cuando haya voluntad inequívoca por parte de
ETA de poner fin de forma definitiva a la violencia, algo que desgraciadamente no sucede al día de hoy.
La ruptura del proceso en diciembre y el último comunicado de ETA nos hacen presagiar un tiempo difícil. Nuestra posición en este proceso de paz --y la volverá a ser si algún día surge una oportunidad con las condiciones manifestadas-- ha consistido en defender que con ETA no debía de abordarse un diálogo en el que se contemplasen problemas propiamente políticos, que sólo competen a los partidos políticos y a la ciudadanía.
Pero, desgraciadamente, ETA ha roto el proceso por mantener una exigencia de negociación política. Han pretendido definir el futuro político de este país con la amenaza de la violencia. Y, a lo largo de este proceso, personalmente asistí a conversaciones en las que se pretendía exigir a un partido que se comprometiese a defender unas determinadas posiciones contrarias a sus convicciones bajo la amenaza, en caso contrario, de ruptura del alto el fuego. Esta actitud entra de lleno en el terreno de un precio político contrario a parámetros democráticos.
De hecho, la izquierda radical no se ha referido en su discurso público al proceso de paz, sino al “proceso democrático”. Es decir, un único proceso en el que fuera posible simultanear diálogo y violencia, y terminar aceptando la tutela de ETA. Y es esa simultaneidad la que una sociedad democrática no puede aceptar.
Una reflexión añadida sobre el precio político. Deslegitimar el discurso de los violentos o fomentar las bases comunes frente a la violencia no significa que los partidos debamos renunciar a desarrollar nuestras propias políticas, ni tampoco al contraste de ideas y de proyectos que en una democracia refuerzan el marco de libertades. Ni tampoco que se utilice la cooperación contra ETA para limitar el autogobierno vasco. Significa simplemente que todos renunciamos a utilizar a ETA, su violencia cruel y su juego perverso en nuestros legítimos debates partidistas. Que buscamos juntos deslegitimar el discurso totalitario. Y que estamos prestos a trabajar de forma conjunta y prioritaria en su erradicación.
Deslegitimarlos es también decir que de ellos nos separan los medios pero, sobre todo, nos aleja el modelo de país y de sociedad que quieren. En la Euskadi a la que yo aspiro, y por la que legítimamente continuaré trabajando, no hay sitio para la intolerancia y uniformidad alcanzada mediante la imposición. Y nunca aceptaré que el más mínimo avance en el autogobierno de mi país esté vinculado a la presión de la violencia.
Desde la política podemos y debemos trabajar por la paz, aunque alejados del concepto del precio político. En este sentido, quisiera terminar con una reflexión sobre las víctimas, que deben estar presentes en cualquier política que busque la paz. Las víctimas tienen un papel que desempeñar en un proceso de final de la violencia. Pero la utilización política de las víctimas no disminuye sino que profundiza su herida. Una víctima es alguien a quien se trató como medio. Instrumento inocente del terror para imponer un proyecto totalitario. Por eso, la mejor manera de devolverle su dignidad es renunciando a su utilización y asentando el final del conflicto violento sobre dos principios contrarios a los que les convirtieron en víctimas: negativa a que la paz tenga un precio político, y esfuerzo adicional de los representantes políticos, para que donde había imposición y exclusión haya lo contrario, es decir, pacto e inclusión.
