Propuestas de reforma político-jurídicas
para la construcción de la paz.
Debo empezar negando la mayor; es decir, negando que la paz pueda construirse a través de propuestas de reforma político-jurídicas. La ausencia de violencia y la no exclusión deben ser el motor y no la consecuencia de un acuerdo político sobre la base del respeto a la decisión de la sociedad vasca para que pueda culminar en un nuevo marco democrático de autogobierno.
La secuencia inversa, primero los acuerdos políticos y, como consecuencia, el cese definitivo de la actividad de ETA, contiene en sí misma la negación de la propia conciencia democrática.
Nos encontramos con un proceso de paz truncado y un gran número de ciudadanos gravemente amenazados por ETA. Considerando, además, el viaje de vuelta iniciado por la izquierda abertzale desde Anoeta hasta KAS, me atrevo a decir que el cese de la violencia de ETA, está, menos que nunca, en nuestras manos. Y me explico:
- a lo largo de los últimos meses hemos venido comprobando que la vocación de imposición política de ETA persiste y es cada vez más explícita. Se ha desvanecido trágicamente una cierta idea según la cual ETA, que se había autoexcluido en Anoeta como agente político, buscaba dos cosas: solucionar las cuestiones de presos, desarme y reinserción social, por un lado y, sobre todo, un relato justificatorio de su actividad pasada para aterrizar en un escenario sin violencia (es decir, un final “digno” a sus propios ojos). La esperanza de que los partidos democráticos abordaran, en ese escenario, el debate político con vistas a un acuerdo se ha esfumado, una vez más. En esta situación, viendo lo sucedido en los últimos 10 años, me atrevo a decir que son cada vez son más las personas a las que la violencia de ETA les resulta totalmente incomprensible; que ha quedado probado que las “pistas políticas para el aterrizaje” no sirven; que la decisión de cesar la actividad violenta sólo compete a ETA.
Y ¿qué podemos hacer ahora las instituciones democráticas, los partidos, los agentes sociales, la inmensa mayoría ciudadana que ansía la paz?
- En primer lugar, debemos involucrarnos más personalmente en la defensa del derecho a la vida y a la integridad de las personas, denunciar su vulneración, y trabajar por el reconocimiento social y político de las víctimas. Porque hoy, en pleno siglo XXI nadie, ninguna fuerza política que pretenda actuar en democracia y en libertad, puede justificar el uso de la violencia con fines políticos ni puede enmudecer y no denunciarla.
- En segundo lugar, necesitamos desterrar definitivamente del debate partidista las cuestiones relacionadas con el terrorismo y la violencia
- En tercer lugar, hemos de profundizar en la democracia, sin medidas de excepción y trabajar para que la necesaria seguridad ciudadana merme al mínimo la libertad y proteja los derechos democráticos.
- Y, sobre todo, debemos deslegitimar el discurso de la violencia. El discurso, es decir, el argumento socialmente aceptado, es el oxígeno de los violentos, el que permite su pervivencia. Y, en ese sentido, hay en él un aspecto que quiero subrayar por lo delicado y grave. Me refiero al sufrimiento. Y quiero ser clara en esta cuestión: las personas comprometidas con los valores cívicos y democráticos defendemos que todas las personas tienen unos derechos que deben ser protegidos por las instituciones democráticas y nos esforzamos en defender también que todos los sufrimientos deben ser paliados. Pero no es lo mismo un verdugo que sufre que una víctima inocente que sufre. Por eso, no podemos seguir invocando el sufrimiento indiferenciado para diluir las responsabilidades y difuminar la inocencia en una especie de culpa general. Si lo hacemos estaremos siendo profundamente injustos y, lo que es peor, estaremos aceptando el discurso de la violencia política en términos seudo-minimizados tales como “en ambas partes hay violencia” de modo que así nadie –o todos por igual -somos responsables. Y esa especie de comprensión de los actos violentos contra inocentes víctimas, dentro de un marco de sufrimiento general, es profundamente injusto y ayuda, como pocas cosas, a sostener el discurso de ETA. Quienes nos sentimos comprometidos con la cultura de la paz debemos pensar muy en serio sobre esta cuestión.
En el Partido Nacionalista Vasco, seguimos manteniendo que el terrorismo no es la consecuencia natural de un conflicto político, sino su perversión. Y venimos sosteniendo, con la misma convicción, que la desaparición de la violencia no resuelve, sin más, lo que el Pacto de Ajuria Enea define como “profundo contencioso vasco”. ETA ha desfigurado este conflicto desde una concepción totalitaria e impositiva –de nuevo el discurso perverso. No podemos permitir ni que los terroristas impongan su interpretación del conflicto vasco ni concederles el dudoso privilegio de que ser quienes decidan cuándo y cómo han de abordarse asuntos para los que debemos encontrar una solución.
Dicho esto, me voy a referir a la propuesta del PNV para la convivencia política. Una propuesta que, por su vocación de acuerdo, la hemos concebido abierta. Lo que no obsta para que sus bases, principios y criterios sean claros y sólidos. Señalaré algunos.
Entendemos el derecho del Pueblo Vasco a decidir su futuro como un espacio de encuentro, de modo que todos lo reconozcamos como un derecho compartido. Porque entendemos que las reivindicaciones cerradas sobre la territorialidad y autodeterminación, con ser legítimas, no contienen, en sí mismas, una interpretación unívoca y única de democracia, tal como Batasuna pretende.
Creemos que el futuro de Euskadi puede asentarse en el doblete reconocimiento de la capacidad de decisión / compromiso por el pacto político. Y nos oponemos a quienes pretenden que el pacto se ejerza sin capacidad de decisión y también a quienes entienden el derecho a decidir sin la obligación de traducirlo en un pacto interno que nos libre de la fractura social.
Quiero aclarar también que profundizar en el autogobierno, no es cuestión sólo cuestión de más o menos competencias (que también). Significa, sobre todo, dotar a las competencias de un contenido decisorio real; pactar su interpretación bilateral, y respetar el cumplimiento de lo pactado. Y no hay respeto a la libre decisión sin un sistema bilateral de garantías que permita la estabilidad institucional e impida su restricción unilateral.
Los términos clave son, pues: bilateralidad, seguridad jurídica, sistemas de “doble protección” (Irlanda) e imparcialidad en las reglas del juego y su interpretación. Este es el sentido de un nuevo marco en el que el autogobierno que resulte de la decisión de la sociedad vasca, que es suficientemente madura como para lograr un pacto interno y con el Estado. Es el compromiso de compartir la soberanía, contemplado en la propuesta de Nuevo Estatuto.
Nuestra opción estratégica como Partido es apostar para que el futuro de Euskadi se decida de manera compartida, vinculando la capacidad de decidir al compromiso de pactar, al igual que lo hiciera el principio jurídico formulado por el Tribunal Supremo de Canadá. Creemos que es la salida.
Definir política e institucionalmente una comunidad requiere un acuerdo de amplia base social y no debe ser fijado unilateralmente por el Estado. Por eso he hablado de una propuesta política con vocación de acuerdo. Un acuerdo para el ejercicio de la libre decisión y de la voluntad de los vascos.
Es decir:
a) Un acuerdo compartido por las diferentes sensibilidades políticas.
b) Un acuerdo que descanse en las reglas de la democracia. Proclamamos el respeto a los marcos institucionales actuales y a la posibilidad real de su modificación, lo cual supone aceptar la legitimidad de todos los proyectos defendidos por vías democráticas.
c) Un acuerdo que conciba el pluralismo de la sociedad vasca como un espacio de encuentro. Sólo así podremos ir resolviendo el contencioso vasco sin merma para la cohesión social. Este respeto al pluralismo interno debe ir acompañado, naturalmente, de un compromiso activo del Estado en favor de su plurinacionalidad.
d) Un acuerdo que defina, además del modelo de convivencia, un marco de relaciones con el Estado con bilateralidad efectiva y condiciones de lealtad.
En relación con la territorialidad, deseo dejar constancia de lo siguiente:
En primer lugar, hablar de vínculos culturales, lingüísticos o políticos comunes a los territorios vascos, no significa definir el País de una manera determinista o esencialista, ni poner al territorio por encima de sus habitantes reales.
En segundo lugar, el PNV aspira legítimamente a una articulación política entre los ámbitos jurídico-políticos de Vasconia. Y creemos que ha de ser la ciudadanía de cada uno de los territorios vascos y sus legítimos representantes los que deben poder decidir sobre el qué y el cómo de tal articulación.
En tercer lugar, y en coherencia con lo anterior, el PNV apuesta por acordar la constitución de foros institucionales y políticos comunes y de espacios de participación social entre la CAV y Nafarroa así como con Iparralde, con base en las decisiones democráticas de los 3 ámbitos jurídico-políticos actuales.
Decir, por último, que considero legítima cualquier otra opción política, siempre que respete escrupulosamente las reglas de juego democráticas.
Sobre la consulta para la normalización política.
La consulta ciudadana es una exigencia política y democrática siempre que se propone una modificación sustancial del marco de convivencia. No es un arma arrojadiza ni una excusa de los partidos para eludir sus responsabilidades políticas.
Una consulta democrática debe partir de dos condiciones (necesarias aunque no son suficientes): la ausencia de violencia y de exclusiones. Y sobre esa base plasmamos en el programa de gobierno, acordado con EA y EB, nuestro compromiso con la consulta: “si alcanzamos un Acuerdo para la Normalización Política y la Convivencia, solicitaré (el Lehendakari) autorización al Parlamento Vasco para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice una consulta popular a la sociedad vasca que ratifique el Acuerdo Político alcanzado”. Y añade: “esta autorización del Parlamento deberá incorporar, de forma pactada, los diferentes aspectos relacionados con la consulta, tales como la ratificación de las condiciones de ausencia de violencia y no-exclusión, los principios democráticos establecidos para la aceptación de los resultados y el procedimiento habilitador para la negociación e incorporación de los mismos en el ordenamiento jurídico”.
El reto del Partido Nacionalista Vasco ante la consulta es conseguir una mayor adhesión que el Estatuto de Gernika. Esta es nuestra referencia básica, desde la asunción/oferta de un doble compromiso: no imponer un acuerdo de menor nivel de adhesión y no impedir aquel que concite un apoyo mayor que el actual.
Decirlo en la villa de Gernika tiene realmente un significado especial.
Eskerrik asko.
