Es justo y necesario, esos papeles pertenecen a este país y a esta sociedad, fueron robados a punta fusil y exigimos su devolución a su legítimo propietario. Nos asiste la razón y la ley para solicitar la vuelta de esa parte de nuestra memoria histórica que permanece secuestrada en Salamanca. Y en esta exigencia democrática se conjuga, también, la reivindicación de la legitimidad del Gobierno vasco de entonces y de ahora.
En estos días rememoramos hechos históricos ocurridos hace 70 años, por la dignidad y por el respeto que se merecen los miles de personas que murieron defendiendo la democracia, la legalidad y las instituciones legítimas, entre ellas el Gobierno vasco, en su memoria y por dignidad exigimos que se nos devuelvan los originales de aquellos documentos que se expoliaron con fines represivos. Queremos los documentos de esa parte de la memoria que se nos robó a punta de pistola, no es toda nuestra memoria, por suerte nuestros antecesores pudieron salvar otra parte, que ahora está en manos de instituciones vascas.
Teniendo en cuenta el precepto constitucional de la igualdad ante la ley, con la razón y la legalidad en la mano, el Gobierno vasco exige la devolución de los papeles de la única institución de autogobierno territorial existente durante la República que tiene todavía parte de su documentación histórica incautada ilegalmente. El Congreso y el Senado aprobaron la devolución a la Generalitat de Catalunya de la documentación incautada a esa institución y depositada en Salamanca. El Gobierno vasco fue partícipe de esa reivindicación y la apoyó.
Por suerte, el Gobierno vasco y la mayoría absoluta del Parlamento vasco no somos los únicos que pensamos que la igualdad ante la ley es algo más que un eslogan, eso mismo expresó en sede parlamentaria, en el pasado, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando hablando de los papeles de Salamanca textualmente contestó a Josu Erkoreka, «lo que es válido para Cataluña es válido, obviamente, para las aspiraciones de las instituciones vascas».
En febrero de 2006 el Consejo del Gobierno vasco aprobó la solicitud oficial de devolución de la documentación del Gobierno e instituciones vascas. La reclamación, realizada dentro del mes en el que entró en vigor la ley de devolución de la documentación, fue remitida al Gobierno español y dirigida a la institución y persona del presidente del Gobierno y de la ministra de Cultura.
Pasa el tiempo y, de momento, no tenemos respuesta, más allá de alguna que otra desafortunada expresión, entre las que no puedo ni quiero olvidar la de la señora ministra de un gobierno del PSOE que puso en duda la legitimidad del Gobierno vasco republicano, un gobierno de concentración, presidido por José Antonio Agirre, en el cual participaron consejeros del PNV, PSOE, Izquierda Republicana, Acción Nacionalista Vasca, Unión Republicana y Partido Comunista de Euskadi.
En tres meses escasos cumplimos los 70 años de la caída de Euskadi bajo el poder del ejército sublevado de Franco, que dejó a este país sin libertad ni democracia durante cuarenta años. En la transición nadie pidió perdón y nadie se arrepintió de nada. Fue un acto de generosidad de los demócratas, que la derecha intolerante y autoritaria española sigue sin saber interpretar. Sobre el olvido difícilmente se construye el futuro. Menos aún menoscabando la dignidad de quienes lucharon por la libertad y la democracia.
No creo, no quiero creer, que el presidente del Gobierno español, señor Rodríguez Zapatero, se comerá su palabra y hará de su capa un sayo, entre otras cosas porque el principal perjudicado de un hecho de esa gravedad sería su propia credibilidad y la de su Gobierno. Por eso, con la ley y la razón, nosotros, el Gobierno vasco heredero de los que presidieron José Antonio Agirre y Jesús María Leizaola, seguimos exigiendo nuestros papeles, reclamamos la documentación que nos fue incautada ilegal e ilegítimamente y que hoy, todavía, está depositada en Salamanca. Ni más, ni menos.
