JOSU JON IMAZ
El Estado Plurinacional: Proyecto de futuro

No hablaríamos hoy de proyecto de estado plurinacional si no fuera porque a principios del siglo XVIII se estableció un modelo de Estado español cimentado en el centralismo y el uniformismo. Un modelo de estado que quebró una larga experiencia de respeto a las instituciones de autogobierno e inició un período de profunda incomprensión de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe de la península Ibérica.

Los vascos conseguimos mantener nuestro régimen, no exento de tensiones, hasta bien entrado el siglo XIX, con las aboliciones forales de 1839 y 1876 tras las guerras carlistas. Para los territorios del antiguo Reino de Aragón, los Decretos de Nueva Planta entre los años 1707 y 1716 supusieron una grave merma de las diferentes realidades de autogobierno y su incorporación al régimen de territorio común. Curiosamente, también el Reino de Castilla pierde su autogobierno, en la medida en la que el Decreto de Nueva Planta de 1713 hace perder al Consejo de Castilla su poder territorial específico para pasar a ser Consejo de Gobierno de todo el Estado.

Las naciones que fueron objeto de esta pérdida de instituciones de autogobierno iniciaron lazos de interrelación para tratar de colaborar en modificar la estructura del Estado español y dar paso nuevamente al reconocimiento de los pueblos que lo componen. No puedo pasar por alto que es precisamente Sabino Arana uno de los primeros en buscar esa colaboración entre pueblos peninsulares para conseguir una masa crítica que permita cambiar el Estado. Arana es pionero en la solidaridad con otras nacionalidades hace ya un siglo. Envía una delegación a Cataluña, con ocasión del Manifiesto Catalanista de 1901, y llega a proponer a Engracio de Aranzadi “Kizkitza” promover y fijar relaciones “con el regionalismo en Galicia, Aragón y Valencia”, además lógicamente del de Cataluña. Sabino trata de agrupar el trabajo común de los pueblos peninsulares que pierden su autogobierno en los siglos XVIII y XIX para reformular el Estado. Su corta vida le impidió posiblemente avanzar en esta reflexión pionera.

Pasan más de 20 años, y es el 11 de septiembre de 1923 cuando, con ocasión de la Diada Nacional de Catalunya y dos días antes del golpe de Primo de Rivera, se firma en Barcelona el Pacto de la Triple Alianza. Lo firman por Euskadi Egileor, Uribe-Etxebarria, Robles Arangiz y Gallastegi, además de Francesc Macià por Catalunya y Somoza y Zamora por Galiza, entre otros.

La dictadura de Primo de Rivera ahoga este movimiento, pero diez años más tarde, ya en plena República, el 25 de julio de 1933, Día Nacional de Galicia, se firma el Pacto de Compostela que constituye Galeuzca. Galeuzca es un movimiento solidario que busca una estructura común para coordinar la acción política de las tres naciones de cara al Estado. Castelao, Irujo, Rezola, Carrasco i Formiguera, entre otros, fueron los protagonistas de aquel pacto.

Agirre, Pi i Sunyer y Castelao intentaron mantener aquel acuerdo vivo hasta el año 1950. Por ello, la colaboración entre los nacionalismos vascos, catalán y gallego para trabajar conjuntamente por el reconocimiento de nuestras naciones en el Estado español no es nueva. Son cien años de trabajo, con altibajos, fruto de la convulsa situación que nuestros pueblos han vivido en este período. Cien años de colaboración, de los que cincuenta transcurrieron bajo dos dictaduras. Es posiblemente la Declaración de Barcelona de julio de 1998 --en la que tuve el honor de participar tanto en los grupos de trabajo como en la reunión que celebramos aquella calurosa tarde de julio en Barcelona, en la sede de Convergencia Democrática de Cataluña-- la que establece el inicio de una relación estrecha entre CiU, EAJ-PNV y BNG para trabajar conjuntamente en favor del reconocimiento plurinacional del Estado, a la vez que marca los objetivos que como partidos nacionalistas planteamos para ese Estado plurinacional.

La reivindicación del Estado plurinacional forma parte del acervo de aquella maravillosa generación formada políticamente en la República, que vive la tragedia de la guerra y que actualiza una gran parte de su síntesis teórica e ideológica en el exilio. Me refiero a Agirre, Irujo y Landaburu, entre otros. Irujo reivindica la federación, como «fórmula de afirmación del Estado plurinacional» en un escrito en Alderdi de 1955, y se plantea la pregunta de «¿Existe España? ¿Hay una sola España?» respondiendo él mismo que «esa España no es una, ni uniforme». Irujo desarrolla estos trabajos en su escrito Política Nacionalista Vasca Peninsular, de 1963, en el que plantea el objetivo de «un libre concierto de los pueblos peninsulares». En definitiva, una estructura política plurinacional en la que se respete la libre voluntad de los pueblos y naciones que la componemos.

El propio lehendakari Agirre analiza esa contradicción de un Estado español que se empeñó en ser nación única aboliendo los autogobiernos existentes cuando dice que «desde que España se empeñó en ser nación, inició una época de decadencia que todavía no ha terminado» defendiendo junto a esta afirmación la concepción del Estado como comunidad de países libres en su libro De Gernika a Nueva York pasando por Berlín.

También Landaburu defiende abiertamente el estado plurinacional en La causa del Pueblo vasco, cuando afirma que «el estado plurinacional está obligado en razón de la fuerza de esos principios a federarse interiormente, porque los abusos irremediables de la nación-Estado sólo en esa fórmula encuentran frenos, de la misma manera que esa misma solución garantiza conjuntamente los derechos de los pueblos».

He querido iniciar mi intervención con esta prolija exposición y dejar constancia de nuestra propio pasado desde una doble convicción. Por un lado, que el discurso y la reivindicación del Estado plurinacional no son nuevos en EAJ-PNV, sino que forman parte, como mínimo, de nuestro acervo de los últimos 75 años. Y, por otro, que la colaboración a través de estructuras comunes con el nacionalismo catalán y el gallego tampoco es nueva. Son, al menos, 84 años de colaboración estable.

Ha habido también otras voces y foros en los que esta pluralidad ha sido reivindicada. Si hay una voz que a finales del XIX propone a España ese doble proyecto regeneracionista, es la del poeta catalán Joan Maragall, quien en su «Oda a España» habla de modernizar España, pero también de pluralizarla. Resolver su atraso, pero también combatir su uniformidad. Al poeta Maragall le preocupa que esa España no quiera oír la voz de los que le hablan en una lengua diferente a la castellana, y acaba su poema con un verso muy explícito, que titula «Adiós España».

Es este espíritu el que alumbra la Declaración de Barcelona de 1998. Xabier Arzalluz, Pere Esteve y Xose Manuel Beiras suscriben aquel mes de julio un documento de gran importancia histórica. Posiblemente la tregua del mes de septiembre y el proceso de Lizarra hicieron que aquella apuesta histórica no fuera percibida en toda su dimensión.

La Declaración de Barcelona es posiblemente el compromiso más explícito por parte del nacionalismo vasco mayoritario en comprometerse en la construcción de un Estado español plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Este tipo de compromisos son evidentes en el acervo del catalanismo y su formulación resulta más novedosa en el nacionalismo vasco. Pero este compromiso de colaboración conjunta para construir un estado, tiene que tener su correspondencia en el reconocimiento y respeto a nuestro ámbito de decisión comunitario. Respeto a que nuestra participación en ese proyecto se lleve a cabo desde la libre adhesión. Como reza la propia Declaración de Barcelona, solamente «este doble compromiso permitirá avanzar en el proceso de remodelación» del Estado.

Este compromiso estratégico de la Declaración de Barcelona ha tenido su reflejo en la constitución de un instrumento. La actual alianza Galeuscat, formada por CiU, BNG y EAJ-PNV, constituye un acuerdo de trabajo conjunto en las instituciones del Estado y en Europa que nuestro Partido declaró como objetivo estratégico en el Aberri Eguna de 2004. La coordinación política que nos hemos comprometido a llevar a cabo nos ha convertido de hecho en la tercera fuerza, el tercer espacio llamado a romper el bipartidismo simplificador y modernizar las estructuras del estado. Por eso aspiramos conjuntamente a conseguir el reconocimiento pleno de nuestros hechos nacionales, desde el respeto democrático a las decisiones ciudadanas. Las tres formaciones políticas coincidimos en considerar que otro modelo de estado es posible y que debemos colaborar estrechamente con el objetivo de hacer del Estado español un estado plurinacional.

Así pues, nuestro objetivo es transformar un Estado español que no termina de aceptar el pluralismo en su expresión político-territorial, identitaria, cultural y lingüística. El principio democrático de que el poder reside en el pueblo, en los pueblos, no se expresa adecuadamente con el unitarismo, la verticalidad y la innegociabilidad que se arroga el concepto de soberanía estatal. Cada vez es menos sostenible la idea de que el estado sea el garante, o al menos el único garante, del interés general. Las identidades nacionales no pueden articularse adecuadamente en el marco institucional del estado regionalizado o en el federalismo simétrico.

Precisamente uno de los principales fallos del desarrollo constitucional español reside en haber abordado al mismo tiempo dos procesos de naturaleza diferente: la descentralización del Estado y la articulación de su plurinacionalidad. Es contradictorio tratar las diferentes realidades nacionales como si sólo fueran espacios de descentralización administrativa o de distribución de competencias. La distinción constitucional entre nacionalidades y regiones tendría que reflejarse en el desarrollo del autogobierno, que no ha sido suficientemente protegido frente a las dinámicas de uniformización. La realidad plurinacional debe reflejarse en una relación específica, olvidando el empeño inútil de uniformar la diferencia y la redistribución del poder político debe llevarse a cabo en una igualdad no jerarquizada. En los Estados plurinacionales, la igualdad de derechos entre los ciudadanos no implica una simétrica distribución territorial de las competencias y atribuciones.

La respuesta constitucional a un estado plurinacional no puede ser otra que reconocer ese carácter y asumir que no organiza una sociedad homogénea de individuos sino que estos se integran en el estado a través de su pertenencia a una nación. Los miembros de las diferentes naciones no mantendrán una lealtad al estado más que si lo ven como un espacio en el que su identidad es reconocida y no subordinada. Como han enseñado las teorías más avanzadas que reflexionan sobre los estados de estructura compuesta, no tiene ningún sentido concebir el ejercicio del poder político en estados en los que coexisten varias identificaciones nacionales como si se tratara de una identidad nacional única. Es necesario dar una respuesta innovadora a la cuestión de la legitimidad incorporando elementos asociados a los derechos colectivos y a las condiciones de convivencia en una sociedad compleja en la que puedan convivir diferentes identidades nacionales.

Galeuscat ha nacido precisamente para sustituir una visión anacrónica de la soberanía del pueblo español por una concepción más pluralista. Los hechos demuestran que el estado-nación de matriz jacobina no es la única vía a la modernidad, ni tan siquiera la mejor. Existen planteamientos alternativos que permiten organizar mejor los espacios políticos sin la necesidad de contar con un estado centralizado, homogeneizador y uniformizador. Nuestra concepción no es ni excéntrica, ni anacrónica en el mundo contemporáneo, sino todo lo contrario: enlaza con grandes tradiciones federales y confederales de articulación de la pluralidad, con una corriente que ha representado otra vía de acceso a la modernidad y que ha garantizado también a muchas sociedades la libertad y el progreso. Como decía Juan María Atutxa, con motivo de la presentación pública de la Tribuna Galeuscat, “defendemos una concepción alternativa al jacobinismo, convencidos de que los espacios políticos pueden construirse en red y de una forma pluralista, y no necesariamente a través de un estado centralista y homogéneo. Este planteamiento no es sólo una posición respecto al Estado español. Es una posición respecto a la Unión Europea. Es una posición de vocación planetaria”.

Esta es la teoría, el discurso, siempre necesario y nunca suficiente para avanzar. ¿Cómo vamos a trabajar para conseguir este objetivo? Pues voy a ser honesto con ustedes. Hay básicamente dos caminos: el de la convicción y la cooperación por un lado, y el de la confrontación por otro. Aunque las cosas en la vida no son maniqueas, blancas o negras. Así, el tensionamiento se hace necesario muchas veces en un camino de cooperación, y tampoco existe la confrontación pura y dura. Pero nosotros somos un pueblo pequeño. Y necesitamos utilizar la inteligencia, la sabiduría... virtudes necesarias para los pueblos que, como el nuestro, han sabido permanecer en el tiempo. Como reza el viejo lema vizcaíno “Bekoak goikoa ezkon leidi/ txikiak handia bentzi leidi/ asmoz eta jakitez”. La estrategia del vasco ha sido siempre la del pacto. La de la negociación. La de la cooperación. Es en el fondo la defensa del pequeño. Por eso, lo digo con absoluta claridad: el camino que debemos seguir es el de la convicción y la cooperación. En definitiva el del pacto. El pacto interno en la sociedad vasca y el pacto externo con el estado. Y la cooperación con los aliados estratégicos, como son nuestros socios de Galeuscat, y con todos aquellos sectores aperturistas y democráticos de la sociedad española, con los que miran la realidad sin prejuicios y tratan de buscar soluciones, aquellos a los que ya en la Declaración de Barcelona hacíamos un llamamiento para compartir y dialogar acerca de una nueva cultura política acorde con una comprensión plural del estado.

En primer lugar el pacto interno en la sociedad vasca. Por eso desde EAJ-PNV apostamos porque el futuro este país se decida de manera compartida. Precisamente por eso, en la Iniciativa sobre pacificación y normalización política del EBB de octubre de 2005 acordamos vincular la capacidad de decidir al compromiso de pactar, al igual que lo hiciera el principio jurídico formulado por el Tribunal Supremo de Canadá y que recoge también la Propuesta de Nuevo Estatuto. El pacto, en el seno de la sociedad vasca y con el estado, es un procedimiento que conecta, por cierto, con nuestra mejor tradición foral y sobre la que hemos construido nuestras dos experiencias estatutarias, la de 1936 y la del Estatuto de Gernika. Esta formulación compartida del derecho a decidir está en continuidad con la cultura política de la foralidad que postulaba la unión política pero desde el Derecho propio y la bilateralidad de la relación. No hay pacto sin un sistema recíproco de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no quede al arbitrio de una de las partes. Lo que proponemos, en última instancia, es un pacto en el que haya bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad. Creo además que detrás de estos conceptos podemos vernos reflejadas diferentes corrientes políticas o tradiciones culturales de este país. Por supuesto la de quienes vemos en esta capacidad de decisión el reflejo de nuestro ser nacional. Pero también el centro-derecha proveniente del carlismo histórico se puede ver reflejado en la tradición foral del pacto con el estado, e incluso aquellos sectores del socialismo vasco provenientes culturalmente del liberalismo fuerista.

Con los conceptos políticos anquilosados y sus rígidos instrumentos jurídicos este acuerdo sería complejo. Pero este derecho a decidir puede formularse mirando al futuro, con conceptos jurídicos y políticos avanzados, más allá de los esquemas de la soberanía clásica, con sus jerarquías y dependencias, de manera que la decisión sea planteada como co-decisión, es decir, una decisión vinculada a un pacto, traduciendo así la formulación que en la mencionada Iniciativa de 2005 se hacía vinculando “el derecho a decidir con la obligación de pactar” o el binomio no imponer (un acuerdo en Euskadi que no sea realmente integrador)-no impedir (en las Cortes españoles un acuerdo alcanzado en Euskadi).

Nuestra voluntad es la del pacto y el acuerdo, porque no entendemos que el autogobierno pueda basarse en otro principio distinto de la libre disposición sobre nuestro futuro colectivo y la voluntad de pacto en el seno de la sociedad vasca y con el estado. Por eso consideramos que el pacto y la no-imposición es el procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego de las sociedades avanzadas. Y la sociedad vasca, Euskadi, lo es.

De ahí que el segundo gran reto sea el pacto con el Estado. Se trata en definitiva de aplicar la formulación conceptual del Concierto Económico al ámbito político. Un Concierto Político que supone un modelo político de relación en el que nos sintamos identificadas las principales corrientes de pensamiento de la sociedad vasca. Que respete nuestra idiosincrasia, nuestra identidad, que permita que nuestra libre voluntad democrática tenga mecanismos para ser respetada, que integre sensibilidades, que articule la relación dentro de un estado plural a través del pacto y del acuerdo, y que evite las tentaciones de unilateralidad a todas las partes. Es decir, que nos obligue a pactar, a entendernos, aunque la toma de decisión sea más compleja. Una fórmula de doble llave, en la que el cofre sólo pueda ser abierto de forma conjunta. Existen mecanismos jurídico-constitucionales, que interpretados con flexibilidad, pueden acoger una fórmula basada en el pacto.

Seguramente nuestra propuesta suscitará la pregunta de si encaja en la Constitución de 1978. De entrada, cabe recordar que las constituciones no están hechas para constreñir la voluntad ciudadana sino para darle un cauce apropiado. Pero, con todo, estoy convencido de que no estamos formulando nada que contradiga el espíritu constitucional y que hay en él instrumentos que, interpretados con flexibilidad política y visión de futuro, permiten el encaje de nuestras legítimas aspiraciones.

Por de pronto, podemos afirmar que las limitaciones del autogobierno proceden menos de la Constitución que de la interpretación que de ella se ha hecho y de su pobre desarrollo. No se han utilizado las posibilidades que ella misma ofrece para articular la pluralidad política del estado. Ni su desarrollo ha sido el más progresivo, ni la interpretación que ha terminado por imponerse puede considerarse como la más respetuosa e integradora de los hechos nacionales. En definitiva, aquella interpretación generosa y abierta del espíritu constitucional se quebró con el espíritu de la LOAPA en 1981, y con las leyes básicas orgánicas uniformizadoras que sustituyeron en forma, aunque no en fondo, a aquella misma LOAPA que el propio Tribunal Constitucional detuvo.

Por eso esperamos aún nuevas oportunidades de encuentro desde una interpretación flexible y dinámica del derecho constitucional. Para esto será necesario pasar de un constitucionalismo entendido como marco aislado y estático a una interpretación de las normas constitucionales como radicalización de la democracia, abiertas al cambio y capaces de suscitar una mayor adhesión.

Y además tampoco faltan en la Constitución de 1978 instrumentos capaces de facilitar ese nuevo pacto de convivencia, como la distinción entre nacionalidades y regiones, la Disposición Adicional Primera y la Disposición Derogatoria Segunda. En virtud de la Disposición Adicional del Estatuto de Gernika nuestro autogobierno contiene una expresa reserva de los derechos históricos y una apelación a su posible actualización futura, a través de la disposición adicional. Esa reserva –que forma parte, por cierto, del llamado bloque de constitucionalidad- contiene una virtualidad de autogobierno que cabe entender como fórmula constitucional de libre decisión.

Nuestro planteamiento de derecho de decisión sujeto a pacto sintoniza perfectamente con la tradición que se recoge en los derechos históricos reconocidos por la Constitución y con los procedimientos del Concierto Económico, que son el núcleo donde mejor se contiene la realidad de soberanía compartida que supone nuestro sistema de autogobierno y que lo diferencia radicalmente de las descentralizaciones administrativas. De hecho, el Concierto Económico es algo más que un procedimiento tributario y financiero; es un compromiso de autogobierno pactado, que obliga al acuerdo y a la cooperación, que supone un reconocimiento mutuo, un principio federalizante, muy innovador, y que articula una interdependencia en espacios de actuación compartidos.

Como decían los foralistas: “ni tú sobre mí, ni yo sobre ti”. O como las palabras manuscritas por Tony Blair en un ejemplar del Scotland Act, en la sede del Parlamento de Edimburgo: “Scotland and England together on equal terms”. Porque somos una nación que no está dispuesta a someterse a nadie, en la misma medida y por las mismas convicciones por las que tampoco pretende imponerse contra nadie.

Nuestro objetivo es un estado plurinacional, que respete nuestra relación pactada con el mismo. Que nos permita desarrollar el autogobierno, que conlleve acuerdos políticos amplios y que nos permita centrar el debate político en materias que son vitales para el futuro de la siguiente generación de vascos, fundamentalmente el de la apertura al exterior y el de la creatividad y el conocimiento. Buscamos un acuerdo político que defina un modelo de convivencia y un marco de relaciones con el estado en el que haya una bilateralidad efectiva, garantías y condiciones de lealtad. Porque el pacto y la no-imposición es el procedimiento por el que se constituyen las reglas de juego en las sociedades avanzadas. Se trata, en definitiva, de que alcancemos un acuerdo que desde el respeto a los marcos institucionales actuales, permita el uso de sus potencialidades reales de modificación siempre y cuando existan mayorías sociales y políticas para ello. Todo ello desde el respeto democrático a la voluntad de la sociedad vasca, y con respeto escrupuloso a su pluralidad. Respetar la voluntad de los vascos incluye el respeto a los diferentes sentimientos identitarios, tratando de integrarlos en un esquema de pacto y compromiso

Un autogobierno para la nueva Europa que ya se va conformando. Un autogobierno con un cuadro de poder como el definido en la propuesta de Nuevo Estatuto político que aprobamos en diciembre de 2004 en el Parlamento Vasco. Un autogobierno que determine para las instituciones vascas el ámbito competencial pleno necesario para desarrollar la identidad en el mundo abierto que se va conformado, en los ámbitos de educación, lengua y cultura. Un Concierto Económico blindado cuyas decisiones normativas tengan carácter de ámbito fiscal propio y, por tanto, los recursos a las mismas en cualquier ámbito (sea judicial o europeo) sólo puedan ser cuestionados en los mismo términos que los de otro sistema general. Capacidad competencial en las materias económicas, medioambientales y formativas necesarias para desarrollar un entorno competitivo sostenible en un mundo abierto. Un sistema social y de seguridad social, complementado con una política fiscal solidaria, necesarios para mantener los ámbitos de solidaridad en un entorno amplio de competencia global. Con un compromiso claro con los mecanismos necesarios de solidaridad hacia el resto del estado.

Un autogobierno que contemple garantías jurídicas plenas y sistemas de arbitraje bilaterales sobre el cumplimiento de este pacto. Una participación en las instancias europeas en los ámbitos competenciales propios de la Comunidad de Euskadi en las áreas que los Tratados actuales permitan. Y una política abierta de cooperación en los ámbitos culturales, económicos, infraestructurales, sociales y medioambientales que vayan conformando la eurorregión vasca, desde el Adour al Ebro y desde las Encartaciones hasta Zuberoa, que desarrolle un tejido urbano con calidad de vida, en el que el tramo de más longitud, Baiona-Bilbao se recorrerá en 45 minutos gracias a la Y Vasca. Un sistema de transporte que unirá el tejido urbano Donostia-Vitoria-Bilbao-Pamplona-Baiona en un tiempo entre 30 y 45 minutos. La ciudad vasca. Euskal Hiria que diría Bernardo Atxaga. Este es nuestro modelo de autogobierno para los próximos años: capacidad de decisión, compromiso en el pacto y corresponsabilidad, participación en todos los niveles de decisión y apertura al exterior.

Hablaba de los mecanismos para llevarlo adelante. Son simples. Convicción y cooperación. Convicción para ganar los acuerdos y mayorías necesarias en la sociedad vasca para hacerlo viable. Y cuando hablo de la sociedad vasca, hablo de la Comunidad Autónoma, de Nafarroa y de Iparralde. No creo ni podré nunca defender un proyecto político, en nombre del sentimiento abertzale, que no contenga en su seno la capacidad de alcanzar mayorías en Lizarra, en Irurtzun, o en Donibane Lohizune. Porque eso supondría reducir cada vez más, en territorialidad y en adhesión cívica y ciudadana, el proyecto nacional vasco. Y como abertzale, como patriota vasco, la cohesión territorial es para mí un activo prioritario.

Necesitamos convicción también para buscar acuerdos de cooperación con otras formaciones políticas y sectores de la sociedad española que vean en la pluralidad del estado un factor de estabilidad y de regeneración democrática. Tarea compleja me dirán ustedes. Sin duda. Pero los caminos alternativos son más complejos. El más posibilista es el de creer en nuestro proyecto. Y soñar con que lo podemos hacer posible. Con fuerza democrática y convicción, lo podemos llevar adelante.

Y sobre todo con colaboración. La apuesta de Galeuscat, con Convergencia i Unió y el Bloque Nacionalista Galego es estratégica para nosotros. Nuestro compromiso pasa por la colaboración a través de la coordinación en las tareas de nuestros grupos parlamentarios en el Congreso y Senado en todas aquellas materias que permitan trasladar el discurso y la actuación política en términos de pluralidad a las diferentes políticas del estado, lingüística, cultural, europea, la relativa a los órganos constitucionales, órganos de gobierno judiciales, organismos reguladores, leyes orgánicas básicas... todo ello evidentemente sin perjuicio de la política propia que en función de las características particulares de nuestras naciones cada uno de los partidos tenemos que llevar a cabo en el juego político y parlamentario.

Pero no nos podemos quedar en la simple colaboración con catalanes y gallegos. Tenemos que plantear seriamente la posibilidad de llevar a cabo un intenso trabajo de pedagogía, de información, de sensibilización de la sociedad española. Tenemos que trabajar con foros, universidades, organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación... en definitiva con los prescriptores de opinión de la sociedad española. ¿El objetivo? Mostrar lo que somos, lo que buscamos, convencer de que nuestro proyecto busca compartir con el resto de pueblos, culturas e identidades del Estado un espacio plural, desde el respeto mutuo, desde la libre adhesión a ese proyecto. Y que esa pluralidad, nuestra inclusión en el mismo desde el respeto y la libre voluntad es la mayor garantía para la estabilidad del mismo. Nadie busca irse de aquel entorno en el que se le acepta como es, con respeto y desde donde puede contribuir solidariamente a objetivos comunes. En definitiva, tenemos que marcarnos seriamente el objetivo de ganar voluntades y de buscar aliados en el seno de la sociedad española. Cautivar España dije recientemente en un foro en Bilbao. Pues bien. No fue un ‘lapsus linguae’, ni una precipitación. Creo firmemente en ese objetivo como medio para dar salida al contencioso político vasco. La convicción, la persuasión y la afectividad para construir un estado plural desde el respeto y la aceptación mutua.

Un estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe es la mejor garantía de estabilidad y de fortaleza para hacer frente a un futuro, en el que la propia sociedad española necesita dar salida a este debate que corre peligro de agotar sus propias energías. España no puede seguir anclada en manifestaciones semanales sobre su modelo territorial promovidas desde una visión centralista y sin capacidad de reaccionar en positivo, agotando energías que necesita para responder con coherencia a los tres grandes retos que tiene en estos momentos el Estado: la perificidad creciente, no sólo geográfica sino también política en el seno de la Unión Europea; la inestabilidad por la situación social, económica y política en el Mediterráneo, Magreb fundamentalmente, y la necesidad de mejorar la competitividad de una economía con un crecimiento elevado pero con una balanza comercial con el mayor déficit respecto al Producto Interior Bruto de todos los países de OCDE, que hace esta situación insostenible en el tiempo.

Galeuscat debe promover seriamente este debate en la sociedad española. Tenemos masa crítica y vocación para hacerlo. Somos conscientes de que, juntos, representamos la tercera vía, somos el referente entre el modelo centralista y homogeneizador de unos y el neo-autonomista, de descentralización administrativa de otros.

Somos la alternativa al modelo de estado que tan obsoleto se está mostrando en la Europa del siglo XXI, y somos el interlocutor necesario para avanzar en ese proceso de transformación y modernización sin complejos del Estado español que no debe perder esta oportunidad. Los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos ofrecemos el diálogo y la cooperación necesaria para aportar estabilidad y hacer posible un gran acuerdo de estado. Un acuerdo que cimiente la convivencia, desde el respeto a la pluralidad de pueblos, naciones, culturas y lenguas que componemos el estado. Un acuerdo que nos haga partícipes reales y comprometidos en el mismo, como decíamos en la Declaración de Barcelona, desde una doble asunción: Nuestro compromiso en la construcción del estado, a partir de nuestra libre decisión de implicarnos en el mismo, desde el respeto a nuestra identidad, cultura, lengua y autogobierno.

Asumimos un reto complejo, difícil, pero apasionante. Un reto que va a exigir paciencia, constancia y determinación. Porque la única vía para el éxito consiste en trabajar con eficacia democrática para lograr otro modelo de estado. Desde la convicción de que el reconocimiento jurídico-político de un estado plurinacional es el mejor aval para la consolidación y la profundización de la democracia. Este debe ser el futuro. Un futuro que depende, en gran parte, de nuestra tenacidad democrática. De nuestro compromiso.

La historia del Estado español nos enseña que los avances en el reconocimiento de la diversidad de naciones que lo componen y la mayor calidad de la democracia siempre fueron procesos parejos. Lo que hace más aún necesaria la búsqueda de aliados objetivos en España.

Lo digo desde el convencimiento de que éste va a ser uno de los grandes retos para los próximos años en el Partido Nacionalista Vasco. Porque somos un partido político con 112 años de historia. Y hemos concebido el objetivo de la construcción nacional como una tarea constante. Sin pausa y con determinación. Desde el convencimiento de que las mayorías políticas y sociales claras en la sociedad vasca, y la cooperación para conseguir un pacto con el estado desde el reconocimiento de su pluralidad, son las únicas vías para alcanzar nuestros objetivos.

Se lo debemos a aquellas personas que, en tiempos más difíciles que los actuales, fueron capaces de trabajar por Euskadi, su patria, nuestra patria. Y se lo debemos también a aquellos que en tiempos épicos, fueron capaces de crear y sostener GALEUSCAT. Se lo debemos en definitiva a la ciudadanía de Galiza, Euskadi y Catalunya.