El objetivo que nos ha congregado hoy en Bilbao para participar en la manifestación cívica “Euskal Erakundeen Alde- En defensa de nuestras Instituciones”, es el de manifestar nuestra solidaridad con el Lehendakari y expresar nuestro compromiso con la democracia, el diálogo, las libertades, los principios del estado de derecho y el ejercicio de la política.
Una democracia se asienta en el principio de división de poderes, en virtud del cual se establece un sistema de controles mutuos que tienden a garantizar la limitación de tales poderes, el sometimiento de su ejercicio al ordenamiento jurídico y la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos. Pues bien: este equilibrio está siendo claramente violentado en el Estado español por algunas actuaciones como la que queremos públicamente denunciar.
Reconocemos la capacidad de control del Poder Judicial sobre la actuación de los otros poderes del Estado, aunque afirmamos, así mismo, que dicho control nunca puede realizarse para impedir a nuestros representantes sus derechos fundamentales y el ejercicio democrático de la política. Una cosa es controlar que las actuaciones de los políticos, como las de cualquier ciudadano, se ajusten a derecho y otra impedir que quienes nos representan vean seriamente limitada su capacidad de actuación a la hora de resolver los problemas que les confiamos. En este sentido, la actuación de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco constituye una clara interferencia política que, a través del ejercicio de la acción penal, condiciona la actividad democrática y el cumplimiento de las responsabilidades que le competen a un gobernante, en este caso, del máximo representante institucional de Euskadi. Llamar al Lehendakari a declarar como imputado en esta causa penal por haber dialogado en busca de la paz, constituye una falta de respeto institucional y supone un ataque al conjunto de la sociedad vasca, que él representa.
El ejercicio de la política, en democracia, va intrínsecamente ligado al diálogo, al debate y al acuerdo. Entendida y practicada de este modo, la política constituye el mejor instrumento para la resolución de los problemas. Una sociedad civilizada es una sociedad en la cual la política ocupa un lugar central, entendida como el conjunto de procedimientos para expresarse en libertad, debatir y dirimir entre los proyectos y propuestas divergentes. Los representantes políticos están especialmente obligados a preservar ese espacio de deliberación pública y a protegerlo frente a cualquier intento de invasión. Quienes aquí nos manifestamos expresamos también nuestra resistencia frente a cualquier pretensión de impedir ese ejercicio libre y responsable de la política, porque ello supondría también una limitación de nuestras libertades públicas.
Somos conscientes de las dificultades que lleva consigo la tarea judicial y las amenazas que han sufrido jueces y magistrados. Aún sentimos el horror por el asesinato de ilustres miembros de la judicatura a los que la violencia de ETA arrancó el único derecho cuya vulneración es irreversible: la vida.
Sabemos también de muchos jueces que, en condiciones difíciles, llevan a cabo su tarea con una integridad encomiable, desde la convicción de que el límite de su independencia reside en el respeto a los principios del estado de derecho y a las reglas de la democracia. Tienen por ello nuestro reconocimiento y el de toda la sociedad vasca.
Euskadi vive momentos de preocupación y de búsqueda de caminos de paz, lo que exige de todos firmeza en los principios éticos, madurez democrática y serenidad de juicio. Por eso nos preocupa especialmente la progresiva judicialización de la política, que ha sido llevada hasta un extremo inimaginable al criminalizar al Lehendakari por haber afrontado con responsabilidad el mandato encomendado por la ciudadanía vasca y que sólo ésta debería juzgar en lo que tiene precisamente de decisión política.
Las personas que, procedentes de todos los rincones de Euskal Herria, nos hemos reunido hoy en Bilbao,
1. Denunciamos la politización de la Justicia, que intenta coartar la función que corresponde a las instituciones políticas y a los representantes directos de la voluntad popular y mostramos nuestro apoyo firme y rotundo al Lehendakari en la causa penal abierta contra él por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pretendiendo anular sus derechos fundamentales y su responsabilidad institucional de dirigir la iniciativa política en nuestro País.
2. Reclamamos el ejercicio de la política sin la amenaza de su judicialización, ya que el diálogo y las actuaciones institucionales y políticas para impulsar soluciones justas y democráticas a los problemas, nunca pueden ser ilegales y, mucho menos, delictivos.
3. Conscientes de la gravedad del ataque judicial a los pilares de la democracia, al derecho del ejercicio de la política y al valor de nuestras instituciones, exigimos el archivo inmediato de la injustificable causa penal abierta contra el Lehendakari.
No se trata sólo de mostrar nuestra solidaridad a la persona de Juan José Ibarretxe. Se trata de defender un principio democrático básico, el de la acción política frente a la amenaza de la criminalización del diálogo, una línea roja que nadie, en democracia, debe cruzar. Ante este atropello, no podemos ni debemos permanecer en silencio. Por eso, hoy más que nunca, defendemos el sentido cívico y democrático de la justicia, al servicio del derecho y de la ciudadanía y denunciamos este acto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por lo que supone de intromisión en la tarea institucional encomendada al Lehendakari y de quiebra de los principios de la democracia y el estado de derecho.
