La ley de 21 de junio de 1876, obra de Antonio Cánovas del Castillo fue reformadora del régimen foral vasco. Dicha ley por su artículo 4º autorizaba al gobierno para que, teniendo presente la ley del 19 de septiembre de 1837, la de 16 de agosto, de 1841 el decreto del 29 de octubre del mismo año, procedió a acordar en su antiguo régimen foral, con audiencia de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia si así lo juzgaba oportuno, todas las reformas que exigieran el bienestar de los pueblos vascongados y la seguridad de la nación española.
Esta fue la base en la que el gobierno central pretendió ampararse para ir aplicando gradualmente la ley de 1876, y digo gradualmente porque aún después de publicada, los organismos federales existentes con anterioridad, siguieron funcionado hasta que se constituyeron las Diputaciones Provinciales creadas por decreto, de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. La actuación precaria de aquellos organismos federales sirvió de cordón umbilical para unir la organización secular vasca con la nueva situación surgida con motivo de los llamados Concierto Económicos.
Las diputaciones generales o forales siguieron, pues, reuniéndose para defender, en lo posible, el derecho en que descansaba la libertad vasca, hasta que fueron disueltas para dejar su lugar a las nuevas Diputaciones Provinciales, de creación gubernamental, constituidas exclusivamente por los nativos de cada región vasca. Los designados a dedo estuvieron por no aceptar sus cargos, pero, optaron por ocupar sus puestos, explicando en sendos manifiestos dirigidos a su paisanos el por qué de su conducta. He aquí algo de lo que dijeron los diputados bizkainos:
“El deber de consagrarse al servicio y a la defensa de los altos intereses del País Vascongado, es más estrecho e indeclinable que nunca en los momentos críticos de la desgracia. Ese deber toma entonces el carácter de absoluta necesidad y su incumplimiento podría significar el menosprecio y el abandono de lo que más profundamente aman nuestros corazones”.
“Llamados a constituir la Diputación Provincial en este período, el más triste, el más difícil y peligroso que acaso registra la gloriosa historia de Vizcaya, hemos vacilado un instante, al pensar que por causas de todos conocidas, acaban de desaparecer las Instituciones especiales del país, pero enseguida se han presentado a nuestra vista las consecuencias inmediatas e inevitables de tan lamentable suceso, si abandonáramos a manos extrañas la gestión de los intereses de Vizcaya... etc. etc. Manuel María de Gortazar, Eduardo Coste y Vildosola, Antonio L. De Calle, Julián de Villabaso, Ricardo de Balparda, Vicente de Uhagón, Francisco de Igartua, José de Goiri, Lorenzo de Echevarria, Luciano de Urizar, Domingo de Eguidazu, Ricardo Rochelt, Ezequiel de Uriguen, Fermín de Urcola, Pantaleón de Barbara, Luis de Ansotegui, Leonardo de Landazuri, José de Briñas e Ignacio Arias”.
Esta diputación interina, junto con la de Gipuzkoa y la de Álava, pactaron el primer Concierto económico con el gobierno de Antonio Cánovas del Castillo, el que fue promulgado por Real Decreto des 28 de febrero de 1878, que comienza así:
“Artículo 1º.- Se fija el cupo de la contribución de inmuebles cultivo y ganadería que las Provincias Vascongadas han de satisfacer al Tesoro, en cada uno de los ocho años económicos, que empezarán a contarse desde el 1º del próximo julio en las cantidades siguiente: Álava 540.000 pesetas, Guipúzcoa 727.362 y Vizcaya 846.718, sin perjuicio del que proceda asignarles cuando se haya hecho la estadística territorial y pecuniaria”.
Siguen 11 artículos más, y cierran el todo las firmas de Alfonso XII y de Antonio Cánovas del Castillo.
Este Concierto Económico expiraba el 30 de junio de 1836, por lo que a efectos de renovarlo, y llamados por el Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo de Sagasta, que hacía días que había sustituido en ese cargo a Antonio Cánovas del Castillo, a causa del fallecimiento de Alfonso XII, en diciembre de 1885, acudieron a Madrid los comisionados de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, pero como el ministro de Hacienda expresara que no estaba preparado para tratar del asunto, se acordó prorrogar el concierto por un año más, o sea hasta el 30 de junio de 1887.
En 1883 el gobierno de Sagasta pretendió modificar la ley provincial que mantenía cierta autonomía a Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Nabarra, para que se administraran más libremente que el resto, tratando de suprimir esa autonomía y, a su vez, su ministro de Hacienda, Germán Gamazo, proyectó elevar a una cantidad inaceptable la cuota a pagar por Bizkaia, Gipuzkoa, Álava y Nabarra. Quería cobrar tributos no paccionados, hecho que desde entonces se conoció por la Gamazada. Nabarra se negó a aceptarlos, y tanto aquí como en Bizkaia y en Gipuzkoa se creó un verdadero clima de rebeldía. El Orfeón de Pamplona fuese a Gernika a cantar el “Gernikako Arbola” a la sombra del árbol sagrado, y hubo tumultos que provocaron la intervención de la política.
Para oponerse al proyecto de restringir la autonomía, pensóse en reunir las cuatro Diputaciones en la ciudad de Pamplona, y para oponerse al propósito de elevar las cuotas del Concierto Económico se redactó un memorial que, suscrito por más de 120.000 firmas, se elevó a la Reina regente, doña María Cristina de Habsburgo.
Los ánimos se encontraban excitadísimos; en la noche del 26 de agosto de 1893, estando la Reina Regente en su Palacio de Miramar en San Sebastián y, en uno de los hoteles, el presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo de Sagasta, cuando la banda de música llegó al Kiosko del Boulevar el público reclamó el “Gernikako Arbola” y ante la negativa del director irrumpió en gritos de ¡Vivan los Fueros!, ¡Abajo Sagasta!, ¡Abajo Gamazo!, y fuese en manifestación a la residencia de Sagasta, cuyas puertas y balcones apedrearon. Impotente la policía para restablecer el orden, salieron del cuartel soldados de caballería e infantería los que fueron recibidos con los cantos de la “Marsellesa” y el “Gernikako Arbola”. Los soldados atropellaron a la multitud y en seis descargas cerradas mataron a cuatro manifestantes e hirieron a más de cien. Sagasta corrió a refugiarse en el crucero Conde Benedicto que estaba anclado cerca de la isla de Santa Clara.
Al día siguiente el pretendiente Carlos VII, desde Venecia, telegrafió al marqués de Cerralbo, su lugarteniente, que estaba frente a una tentativa revolucionaria de los Ruíz Zorrilla, y que cerrando filas tuviera a sus correligionarios prontos a entrar en acción, y Ruíz Zorrilla, a su vez, lanzaba un manifiesto en París, asegurando que los republicanos eran ajenos a la convulsión.
Los periódicos de San Sebastián, sin distinción de colores políticos, defendieron al pueblo.
Las autoridades de San Sebastián fueron ante Sagasta que dejando el crucero de guerra se instaló en la Comandancia general del puerto y consintió, que para mantener el orden se organizaran comités de vigilancia de vecinos, y dispuso que las tropas se retiraran a sus cuarteles.
El primero de septiembre de 1893 la Diputación de Gipuzkoa subía al Palacio de Miramar a ofrecer sus respetos a la Reina Regente que, al agradecer tal atención, manifestó que lamentaba lo ocurrido, que sentía viva la simpatía por los vascos, especialmente por los donostiarras y que interpondría su influencia ante Sagasta para que los problemas pendientes tuvieran una solución satisfactoria para todos; que las autonomías se mantendrían y que el Concierto Económico a renovar, se procedería con cautela.
Por Real Orden del 2 de diciembre de 1893, Gamazo invitó a las diputaciones Vascas para que enviaran sus representantes a Madrid a los efectos de discutir sobre la duración del nuevo Convenio y los aumentos anuales que tendrían que pagar Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. El 15 de diciembre llegaron a Madrid los representantes Arteche, Guinea y Machimbarrena. El Gobierno estableció diez años de duración y 1.800.000 pesetas anuales de aumento. Los vascos fueron recibidos ellos por la Reina Regente a la que expusieron las dificultades que encontraban en el ministro de Hacienda. La Reina les prometió hacer lo posible para que quedaran satisfechos, que estimaba muchísimo al País Vasco, que hablaría al ministro de Hacienda para que diera al asunto una solución satisfactoria y que haría idéntica recomendación al Presidente del Consejo.
Al día siguiente Sagasta, que estaba hablando, les manifestó que creía que todo se arreglaría a medida de los deseos de ellos, si por su parte hacían un pequeño sacrificio, y que no se tocaría las facultades administrativas y económicas del País Vasco. Como el ministro Germán Gamazo se hallaba enfermo, pudieron entrevistarse con él en enero de 1894 y les dijo que por consideración a S.M. y a Sagasta, reducía el aumento a 1.400.000 pesetas. Los Comisionados le ofrecieron 875.000 pesetas, y en este estado los marqueses de Urquijo y Aldamos, y don Víctor Chavarri les insinuaron que ofrecieran un millón de pesetas a cambio de ampliar el plazo de duración, lo que pareció razonable a Sagasta y Gamazo, quienes concedieron tres años más de plazo o sea hasta el primero de julio de 1908 y ese tercer Concierto Económico fue aprobado por la reina María Cristina, por Real Decreto de 1 de febrero de 1894.
Con ese tira y afloja quedó solucionado el contencioso de un Concierto Económico que hoy algunos ven como privilegio porque no tienen ni idea de todas estas historias ocurridas un mes de agosto de 1893. Ojalá se hiciera una película con todo esto pues aquí está el detonante del nacimiento del EAJ-PNV.
