La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y los productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y utilicen de forma adecuada a las necesidades clínicas, en las dosis precisas, durante el periodo de tiempo adecuado con la información para su correcto uso y el menor coste posible.
La Ley regula por tanto: investigación clínica, evaluación, autorización, registro, fabricación, elaboración, control de calidad, almacenamiento, distribución, circulación, publicidad, importación y exportación, prescripción y dispensación, seguimiento de la relación beneficio-riesgo, así como ordenación de su uso racional y el procedimiento para la financiación con fondos públicos. Muchas materias incardínables en distintos títulos competenciales y en las que en nada se ha dejado intervenir a las Comunidades Autónomas que son las que pagan el gasto en medicamento en el sistema sanitario.
No se debe olvidar que uno de los motivos de su promulgación, modificando a la ley vigente de 1990 es que ahora todas las CC.AA. tienen asumidas las funciones y servicios que afectan a esta materia.
La tramitación ha sido campo propicio para que se hayan hecho oír sectores como la fábrica y laboratorios, la distribución, las oficinas de farmacia, pero también intereses corporativos: médicos, farmacéuticos, odontólogos, podólogos, diplomados en enfermería, psicólogos y hasta transportistas...
Desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista, necesitado de construir mayorías, se han atendido intereses de la fábrica, socio-económicos o corporativos, pero NADA en materia autonómica. Aceptar la llamada “matización de los impactos económicos” de la Ley sobre la industria en lo más llamativo como cesión a un poder fáctico existente que poco tiene que ver con la idea de uso racional o de contención del gasto.
En materia de medicamento sigue vigente el aforismo de “yo invito, digo qué cómo y cuándo y dónde lo tomamos y tú pagas”, puesto que el Ministerio de Sanidad y Consumo se atribuye todas las funciones y decisiones y las Comunidades Autónomas “solo” pagan la factura.
Esta clara la desconfianza absoluta respecto de la capacidad reguladora, planificadora, directora y gestora de las Comunidades Autónomas.
