Los parlamentos gallego, catalán y español han aprobado sendas propuestas para dedicar este año 2006 al año de la memoria. Por aquí algo se va a hacer, pero, como siempre, tarde y mal. Del primer acto, el del monumento tipo paella, ya escribí lo que pensaba de él. El caso es que nos la pasamos hablando de identidad y aquí la única identidad es la que nace alrededor de ETA y de su submundo.
El estado español volcó un remolque de escombro sobre la memoria de los vencidos. La democracia no se lo ha levantado aún. Y hoy en día son unos 14.500 los que rebuscan con su bastón en la cuneta de la historia oficial –septuagenarios ya, octogenarios-, malviviendo algunos con una pensión que les insulta con 56,86 euros al mes.
De tanto esperar justicia se van muriendo los huérfanos. “Hablan de recuperar la memoria histórica. Pero, sin ofender a nadie, quiero que se entienda que con esta pensión me alcanza sólo para pagar un recibo de la luz”, ironiza una hija que sacó esa fuerza de hierro de su padre y que heredó lo mejor que tenía: sus sueños, cómo no.
A raíz del decreto de amnistía de 1976 se elaboraron normas para hacer justicia social con los vencidos, a los que se les negó el pan y la sal durante la dictadura franquista. La ley 5/79, sobre reconocimiento de pensiones a familiares de fallecidos en la Guerra Civil, nació para empezar a restañar la herida. Y la herida la tiene tasada el Estado en 56,86 euros mensuales.
La normativa en cuestión tiene trampa y ningunea a los que no eran hijos de funcionarios. Esta pensión de orfandad de 56,86 euros mensuales lleva congelada desde mediados de los 80, cuando se paralizaron estas ayudas (sólo sumando la subida del IPC hoy debería ser de unos 300 euros); es excluyente (si la cobras no puedes percibir otra más); no se equipara a la cuantía mínima (como se hizo con subsidios similares), que es de 466 euros; y se paga al conjunto de los hijos, esto es, los 56.86 euros se han de repartir entre los hermanos… Todo un botín.
Este es sin duda el último anacronismo de las pensiones de guerra. Da la sensación de que están esperando a que sus beneficiarios se mueran para no tener que abonarlas”, señala Juan Luís Gómez Bascuñana, abogado especialista en la materia. “Hay casos extremos de gente que no tiene a nadie y que sólo están cobrando esta pensión. Personas que no tuvieron pareja, que se dedicaron al cuidado de los padres y que ahora no tienen nada.
Lo cierto es que el franquismo mimó a sus hijos predilectos y hoy en día la inmensa mayoría de los afectados por este olvido es la prole del bando republicano. La ley 5/79 cumplió con los huérfanos hijos de funcionarios; pero dejó con un palmo de narices a los que no lo eran. A tocar madera. Su modificación sólo podrá hacerse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada anualidad.
Estas son las duras realidades que de hecho se traducen en un negacionismo de lo que fue una rebelión militar contra un gobierno legítimo que se tradujo en una dictadura de cuarenta años y en un genocidio que los fachas españoles se niegan a reconocer.
EL NEGACIONISMO
Pero, ¿qué es el negacionismo?. La palabra está de moda tras la condena en Austria a tres años de cárcel del historiador David Irving.
Los ciudadanos que niegan la importancia o la mera realidad del Holocausto judío pueden afrontar distintas situaciones penales según los Estados en los que residan. La Corte Europea de los Derechos Humanos pretende homogeneizar la situación basándose en el Convenio europeo de los derechos humanos, que ratificaron 47 países. Sin embargo, no tiene poder para condenar a ningún ciudadano cuyo país no reconozca el negacionismo como delito. Dentro de Europa, negar el Holocausto sólo se considera delito en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza.
En Reino Unido, Dinamarca o Suecia, la libertad de expresión no tiene límites penales más que, en el caso de las publicaciones, el delito de difamación. Al contrario, Francia, Alemania y Bélgica sancionan el delito de negacionismo del genocidio judío. En España y en Suiza es delito la negación de cualquier crimen contra la humanidad. Los otros países europeos no sancionan el negacionismo como tal, pero tienen mecanismos como el delito de racismo o incitación al odio racial para condenar a los más radicales.
Francia es el país europeo donde el debate sobre la conveniencia de legislar sobre el negacionismo está más vivo. Una ley votada en 1990 prevé una multa de 45.000 euros y un año de cárcel contra “la expresión pública de tesis que contesten la existencia de crímenes contra la humanidad” –definidos por el Tribunal de Nuremberg en 1946- cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.
Como se ve, eso sólo afecta al holocausto y a delitos de genocidio pero no al franquismo y ese fue el éxito de la mentirosa transición española para algunos y el fracaso para los que pensamos que se debería legislar contra este creciente negacionismo del PP, sobre lo que fue aquel genocidio de la guerra civil.
ALBERTO II, ¿REY DE LOS BELGAS?
La monarquía siempre ha sido en Bélgica, junto a la religión católica, uno de los pocos nexos que mantienen unidos a flamencos y valones, distantes y enfrentados en todo lo demás.
Sin embargo, desde el 31 de enero las cosas están cambiando. El idilio entre Alberto II y todos sus súbditos parece haber concluido y una ola de críticas hacia la monarquía se ha desatado en el norte del país.
El motivo no es otro que un discurso pronunciado por el Rey ese día con motivo del año nuevo. Alberto II, dejando al margen el papel simbólico que le otorga la Constitución, aprovechó para criticar los intentos “separatistas” de los flamencos, tanto “los explícitos como los disimulados”.
La preocupación del monarca es comprensible porque o mucho cambian las cosas o Bélgica desaparecerá en los próximos años. No en vano, el Vlaams Belang, un partido independentista, es ya la primera fuerza política del norte y destacados intelectuales y empresarios flamencos suscribieron en diciembre un manifiesto por la independencia.
Pero las palabras del Rey no han hecho más que azuzar el debate secesionista y algunos políticos hablan ya de limitar aún más los poderes de Alberto II para que ni siquiera pueda elaborar discursos a medias con el Gobierno.
Los flamencos más nacionalistas, conscientes de que la monarquía es de lo poco que todavía une a los belgas, lanzan ahora sus diatribas contra Alberto II con la esperanza de que pronto el país haga aguas.
Los diarios Het Volk y Het Nieuwsblad han publicado que el gobierno, liderado por el liberal flamenco Guy Verhofstadt, es favorable a una limitación de las tareas del monarca, pero el primer ministro lo ha desmentido y ha defendido la figura del Rey.
La idea de restringir los poderes del monarca no es nueva y, de hecho, es un viejo sueño de algunos políticos flamencos, que desconfían del hijo de Alberto II, el príncipe Felipe, quien ya ha dicho más de una vez que cuando le toque su turno trabajará para reforzar el papel de la monarquía.
Las palabras de Alberto II y la posterior reacción en Flandes vuelven a poner de manifiesto que algo no funciona en Bélgica. El sistema federal, vigente desde hace 25 años, ha acrecentado las diferencias entre flamencos y valones. Los primeros han ido ganando autonomía durante todo este tiempo y ya están preparando el terreno para dar un paso más cuando haya que revisar de nuevo las competencias de cada administración en 2007.
Según algunos especialistas, como la profesora de la Universidad Libre de Bruselas Johanne Poirier, “a Bélgica le quedan al menos 15 o 20 años, después no hay nada claro”.
