No puedo ocultarles que estamos dolidos. Nos ha dolido que un miembro de un Gobierno socialista haya puesto en duda la legitimidad del primer Gobierno de Euskadi, el Gobierno vasco presidido por el lehendakari Aguirre.
El Gobierno de Euskadi de José Antonio Aguirre y que tras su muerte presidiera Jesús María de Leizaola, fue la primera institución de autogobierno que reunió a diferentes territorios de Euskal Herria, derivada de la Constitución de la República de 1931 y del Estatuto de Autonomía vasco aprobado en referéndum en 1933 -primera votación en que en la península las mujeres ejercitaron su derecho al voto-, su constitución fue refrendada por las Cortes de la República con la aprobación del Estatuto, en sesión celebrada el 1 de octubre de 1936. El Gobierno vasco se constituyó el 7 de octubre del mismo año, con la elección del lehendakari Aguirre, en la Casa de Juntas de Gernika, mientras gudaris y milicianos paraban al ejército sublevado en Elgeta. La constitución del cuerpo de ejército de Euskadi fue obra del propio Gobierno vasco, días más tarde.
No podemos olvidar, además, que la legitimidad del autogobierno vasco hunde sus raíces en nuestra historia, con sus fueros e instituciones propias que siguieron vivas hasta la Ley Derogatoria de 1876 y que hoy son reconocidos como Derechos Históricos, dentro del bloque de constitucionalidad, en la propia Constitución española.
Por la dignidad y por el respeto que se merecen los miles de personas que murieron defendiendo la democracia, la legalidad y las instituciones legítimas, entre ellas el Gobierno vasco, no podemos menos que considerar inaceptables las afirmaciones realizadas en sede parlamentaria por una ministra del Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Resulta curioso que una ministra de un gobierno socialista ponga en duda la legitimidad del Gobierno vasco republicano, un gobierno de concentración, en el cual participaron consejeros del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Acción Nacionalista Vasca y Partido Comunista de Euskadi.
Y resulta preocupante, porque de estas afirmaciones se puede deducir que un miembro del Gobierno de Rodríguez Zapatero hace suya la interpretación de la legitimidad del dictador Franco; para quien, desde el 18 de julio de 1936, la única legitimidad era la derivada del gobierno surgido de la sublevación.
Pues no, el Gobierno vasco se constituyó después de la sublevación, dentro de la legalidad republicana y gobernó la parte no ocupada de este país hasta junio de 1937, pasando posteriormente al exilio, primero en Catalunya y después allende los Pirineos, manteniendo viva la llama del autogobierno legítimo hasta las elecciones de 1980.
Derivada de aquella visión, que situaba la legitimidad no en la ciudadanía y la democracia sino en la fuerza de las armas, el dictador nunca derogó el Gobierno vasco, no lo reconocía, y al mismo tiempo declaró "provincias traidoras" a Bizkaia y Gipuzkoa, quitándoles, por su posicionamiento junto a la República y el Gobierno vasco y en contra de la sublevación, la parte de los derechos históricos que estos Territorios conservaban. La declaración de "provincias traidoras" fue derogada en 1976, mientras los Derechos Históricos y el autogobierno de Euskadi fueron recuperados en la Constitución de 1978.
El Gobierno vasco, al cual tengo el honor de pertenecer, no es un particular que reclama su documentación incautada ilegalmente y depositada hoy en Salamanca. El Gobierno vasco exige sus papeles, aquellos originales del Gobierno de Euskadi que, como bien dijo la señora ministra, hablando de "verdad histórica" son algunos de "los documentos más importantes de la existencia de esa institución democrática legítima y legal, de un marco constitucional como el republicano, que se expolian con fines de represión (…) y se encuentran en otro lugar diferente de España". No es toda la documentación del primer Gobierno vasco, por suerte disponemos de los originales de aquellos documentos que nuestros antecesores pudieron poner a salvo en el exilio y que posteriormente han vuelto a nuestras manos.
El fondo del Archivo del Gobierno vasco de la República representa no sólo a su administración, sino que, como tal, en una sociedad democrática como era la que se empezaba a dibujar en aquellos años, forma parte del Patrimonio colectivo de la sociedad a la que el Gobierno vasco representa. Sólo tiene sentido en su ubicación natural, que no es otra que el Centro de Patrimonio Documental del Gobierno vasco (IRARGI) y en un futuro próximo, en el Archivo Nacional de Euskadi.
Este año se cumplen 70 años de la sublevación militar encabezada por Franco y que dejó a este país sin libertad y sin democracia durante cuarenta años. En la transición nadie pidió perdón y nadie se arrepintió de nada. Fue un acto de generosidad de los demócratas, que la derecha intolerante y autoritaria española sigue sin saber interpretar. Sobre el olvido difícilmente se construye el futuro. Menos aún menoscabando la dignidad de quienes lucharon por la libertad y la democracia.
