Es poco lo que se puede añadir a lo mucho que se ha dicho ya sobre la necesidad de restituir a las instituciones vascas los fondos documentales incautados durante la guerra civil en Euskadi –o fuera de Euskadi, pero relativos a instituciones, organizaciones o personalidades vascas− y actualmente depositados en el archivo de Salamanca. Se trata, sencillamente, de una cuestión de justicia histórica que viene exigida por la más elemental decencia democrática.
Los documentos de Salamanca fueron incautados y reunidos con objeto de organizar la salvaje represión que el régimen franquista desplegó contra todo el que ofreció alguna resistencia al triunfo de los sublevados en la guerra civil. Aquella documentación constituyó una ingente base de datos sobre la vida de las organizaciones sociales, sindicales y políticas que se enfrentaron al alzamiento. Datos que, adecuadamente tratados, constituyeron prueba de cargo para miles de detenciones, encarcelamientos, torturas y fusilamientos.
El de Salamanca no es, pues, el archivo de la guerra civil, por mucho que ese sea su nombre oficial. Es el archivo de la represión franquista. Un archivo creado sobre una idea tan abyecta como repugnante. Y que a estas alturas, alguien se escude tras un principio técnico aparentemente inocuo como el de la unidad de archivo para defender la continuidad de semejante iniquidad, entra de lleno en el territorio de la desvergüenza. ¿O es que el Gobierno vasco, el PNV o ELA-STV, por poner tres ejemplos concretos, no tienen derecho a la unidad de sus respectivos archivos? ¿Alguien cree acaso que la unidad archivística que ha de prevalecer tiene que ser la vinculada a la idea de la represión?
El Grupo Parlamentario vasco en el Congreso de los Diputados ha llevado a cabo numerosas iniciativas tendentes a exigir al Gobierno central la devolución a Euskadi de esos documentos que nunca debían haber salido de su territorio, y menos aún para una finalidad tan tenebrosa. Fue don Manuel de Irujo el primero que alertó sobre la necesidad de reclamar esos papeles, entre los que descubrió que había “una montonera de cartas de Aguirre, Ajuriaguerra y mías”. Desde entonces, son innumerables las actuaciones que hemos emprendido en las Cortes Generales para colmar los deseos de Irujo.
En esta legislatura, nuestra dedicación a este empeño ha sido particularmente intensa. Desde el momento mismo en el que empezó a dibujarse la posibilidad de una restitución a Cataluña, empezamos a requerir al Gobierno para que no se olvidase de Euskadi. El 2 de junio de 2004 conseguí arrancar a Zapatero un compromiso. Lo que se haga con Cataluña −me dijo− “es válido, obviamente, para las aspiraciones de las instituciones vascas”. Así consta en el Diario de Sesiones. Pero una vez más, el presidente del Gobierno español ha incumplido su promesa. Las Cortes Generales han aprobado una Ley que restituye a Cataluña sus documentos y el PSOE −juntamente con el PP− ha rechazado todas las enmiendas que el Grupo vasco presentó durante la tramitación del proyecto con objeto de hacer extensiva la medida a Euskadi. El Grupo vasco seguirá en el empeño. Que nadie lo dude. Pero, ¿hasta cuando piensa Zapatero mantener esta discriminatoria diferencia de trato que ha establecido entre Cataluña y Euskadi?
