30-D, un año después

La respuesta por parte de las instituciones españolas no se hizo esperar. El 1 de febrero de este año, las Cortes españolas dieron un sonoro portazo a la oferta de diálogo y negociación de las instituciones vascas. El PSOE y el PP unieron sus votos para rechazar la apertura de una proceso negociador.

El debate entre el Lehendakari y Rodríguez Zapatero reflejó con nitidez las posturas de unos y otros. Mientras el Presidente español defendía que «si vivimos juntos, juntos debemos decidir», el Lehendakari le respondía: «No. Tenemos que poder decidir vivir juntos». Aquí radica, precisamente, la clave del problema y ahí está también la solución del mismo: en poder decidir.

El rechazo del proyecto por parte del Congreso, lejos de enterrarlo, evidencia que existe un conflicto histórico de naturaleza política entre Euskadi y España. Y los anclajes para la resolución del denominado "conflicto vasco" están recogidos en el Proyecto de Nuevo Estatuto Político de Euskadi: el reconocimiento de la existencia del Pueblo Vasco y su derecho a decidir.

En 110 años de historia del nacionalismo, nadie había llegado a tal nivel de concreción. Por primera vez, se ha pasado de la teoría a la praxis política. Se ha presentado y aprobado, en sede institucional, un proyecto concreto que contiene las bases para la resolución del conflicto político. Ya se ha dado el paso y no hay vuelta atrás.

Ha transcurrido un año desde que se aprobara el Proyecto y todo apunta a que Euskadi ha entrado en una nueva fase política marcada por la irreversibilidad. Una fase en la que tanto el PSOE como la izquierda abertzale han adoptado posturas que parecían impensables hace poco más de un año.

Por un lado, parece que Rodríguez Zapatero está dispuesto a intentar negociar un final dialogado de la violencia (ETA-Estado); aunque, hoy por hoy, no sabemos si también ha optado, de forma sincera, por una solución del denominado conflicto político (Pueblo Vasco-España). En cualquier caso, el Presidente español conoce perfectamente cuáles son las bases para la normalización política. Las ha marcado el Parlamento vasco y están recogidas en el Proyecto aprobado hoy hace un año.

Por otra parte, hay elementos que indican que el conjunto de la izquierda abertzale ha tomado la decisión de apostar definitivamente por vías exclusivamente políticas y democráticas. También son conscientes de que los mimbres para la resolución del conflicto ya están fijados. Pretenden articular un movimiento político democrático para liderar el nacionalismo. Con ese fin, han dado un giro a su estrategia y la han dotado de dosis de pragmatismo que pueden llegar a sorprender en un futuro próximo.

Esos dos mundos transmiten que tienen voluntad de facilitar la puesta en marcha de un proceso que nos conduzca a la pacificación y normalización. Pero ni la izquierda abertzale tiene la certeza de que el Gobierno español vaya a llegar hasta el final, ni viceversa. Esta desconfianza mutua la contrarrestan con planes alternativos por si la otra parte falla.

Si ETA fallara y reactivara la lucha armada Zapatero pondría en marcha todos los mecanismos de persecución contra la izquierda abertzale y ofrecería, al PNV, un Pacto estatutario a la catalana. Plantearía un nuevo Estatuto que completara el actual y añadiera nuevas competencias pero que, de ninguna forma, incluyera el derecho a decidir de los vascos, que es lo que marca la diferencia con el texto catalán. Es decir, eliminaría la "locomotora" del Nuevo Estatuto Político y lo reduciría a "coches y vagones". Resumiendo, exigiría al PNV que se olvidara del proyecto aprobado y que, en consecuencia, amortizara al Lehendakari.

Pero, aunque ETA no fallara y las vías utilizadas por la izquierda abertzale fueran exclusivamente políticas y democráticas, Zapatero opera con el cálculo de dejar a la izquierda abertzale el discurso y la praxis política, diferida en el tiempo, de los elementos que contiene el proyecto político aprobado en el Parlamento vasco. De esta forma, intentaría situar al PNV en tesis más posibilistas (reforma estatutaria a la catalana) para que, a través de un acuerdo con el PSOE, jugara el papel de dique de contención de los postulados de la izquierda abertzale.

Si a la izquierda abertzale le fallara el entendimiento con el PSOE, su estrategia consistiría en mantener la apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas y, en una situación de distensión, intentar hacerse con el liderazgo del nacionalismo vasco (sobre todo si el PNV acepta una propuesta de reforma estatutaria a la catalana por parte del PSOE).

Estos son los cálculos que hacen tanto la izquierda abertzale como el PSOE. Y, consciente de esta estrategia, el PNV mantiene la iniciativa política que adoptó hace siete años, tras la ruptura del alto el fuego de ETA, en 1999. Una estrategia que culminó, en una primera fase, con la aprobación del Proyecto de Nuevo Estatuto Político. Ahora toca mirar al futuro. Hay que conseguir que se respete al derecho de los vascos a decidir nuestro propio futuro y hacer efectivo ese derecho. Tenemos que llevar hasta las últimas consecuencias el ejercicio del derecho a decidir a través de una consulta.

Tal y como se recoge en las Ponencias Políticas de 2000 y 2004, el PNV entiende que, si nos planteamos la resolución del conflicto político que afecta al Pueblo Vasco y a España, resulta, además de deseable, imprescindible que las formaciones políticas que consideran que Euskal Herria es un sujeto político con derecho a decidir compartan diagnóstico y mínimos democráticos en orden a la resolución del referido conflicto, desde el compromiso con la exclusividad de los medios democráticos. Esta es la única forma de conseguir que el Gobierno español otorgue seriedad y considere inexcusable e inaplazable un proceso negociador para la consecución de la normalización política.

A partir de ahí, hay que gestionar una mesa de negociación política. Y, para que esa mesa se llegue a constituir, es necesario que haya "cocina", que los partidos reconozcamos que existe un problema político y acordemos la metodología de resolución sobre principios y bases democráticas. Hay que buscar consenso mayoritario, sin olvidar que consenso no es sinónimo de unanimidad. No cabe el derecho a veto.

Desde el convencimiento de que el proceso es irreversible y conscientes de que será largo y repleto de dificultades, la clave está en blindar los pasos que se vayan dando, de manera que no tengan vuelta atrás.

Se abre un tiempo político extraordinariamente importante en el que todos debemos estar a la altura de las circunstancias. Y si alguien ha marcado referencias nítidas en los últimos tiempos en nuestro Pueblo, ése ha sido el Lehendakari. Ha iniciado un camino y ha conectado mayoritariamente con vascos de distintas tendencias políticas porque transmite honradez, credibilidad y seguridad. En este país, los líderes no se improvisan. Los líderes de laboratorio no aguantan. Van y vienen. Y «para seguir estando» no pueden arriesgar.

Todas las generaciones tienen su responsabilidad. Estoy convencido de que la vía emprendida nos llevará a un escenario de paz en el que todos los vascos podamos decidir nuestro futuro colectivo. Basta analizar el periodo 1998-2005, para concluir que, aunque los procesos puedan tener altibajos, el camino emprendido no tiene marcha atrás. El Lehendakari, como líder de esta generación, con independencia del número de legislaturas, tiene que culminar el trabajo iniciado. Nosotros, al igual que una mayoría muy clara de este Pueblo, estaremos a su lado.