Nuestras sociedades necesitan de la sostenibilidad real para garantizar su futuro a medio y largo plazo en cualquiera de los tres pilares básicos del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental. A tal fin, subsisten en nuestro contexto, como en tantos otros lugares, una serie de retos abiertos y pendientes del todo irrenunciables. Es por ello especialmente importante el esfuerzo de la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza para dedicar, en estas fechas, el XVI Congreso de Estudios Vascos, precisamente a este gran reto civilizatorio que tenemos pendiente.
Y también las ciudades, en este contexto, necesitan enfrentarse a cambios constantes en su idiosincrasia más íntima, para adaptarse a marchas forzadas al devenir del tiempo, a las demandas sociales y al complicado objetivo político que supone el logro de la sostenibilidad. Pero, de hecho, para ir caminando hacia el desarrollo sostenible la problemática que viven nuestras sociedades se me antoja especialmente virulenta, tanto por el carácter técnico de las cuestiones abordadas, como por el gran número de sujetos individuales y colectivos cuyas vidas se ven directamente afectadas en la vorágine normativa que rodea nuestra existencia. Esa existencia diaria frente al medio natural que envuelve tanto al pilar económico, al plano social o a la vertiente ambiental de este incipiente paradigma político llamado desarrollo sostenible.
Para el Profesor Martín Mateo (sin duda uno de los ambientalistas pioneros en España y en el mundo), «los investigadores de las Ciencias de la Naturaleza han constatado que efectivamente la tierra es un cuerpo astral con positivas características para la aparición de la vida, y su posterior evolución. Lo que se debe en primer lugar a la favorable posición de nuestro planeta, en relación con el Sol, su nutricia fuente de energía, lo suficientemente próximo y lejano a su envoltura gaseosa, lo que ha determinado la biosfera, que evidentemente es única, interrelacionada y olímpicamente ajena a jurisdicciones nacionales y celosas soberanías» (La revolución ambiental pendiente, Universidad de Alicante, 1999).
Este tipo de consideraciones son las que necesariamente deben determinar una aproximación singular a la sostenibilidad de las ciudades y de cualquier comunidad política. La pretensión que aquí tan sólo se apunta es la de afrontar un reto de análisis sobre el cambio advertido en las necesidades sociales, locales y globales, en el ámbito concreto de la sostenibilidad. Ello guarda directa relación con algunos de los conflictos y sus implicaciones sobre la sostenibilidad local y global de cada una de nuestras decisiones públicas. En este sentido, el tiempo viene demostrando prácticamente sin fisuras, y así lo recogen las nuevas leyes en la materia, un cambio sustancial en la percepción de los problemas apuntados y su hipotética o potencial resolución, de modo que cuando el conflicto ambiental, social y/o económico afecta a un número considerable de sujetos con tipologías y circunstancias heterogéneas, la resolución del mismo demanda la necesidad de trascender, en ocasiones, incluso más allá de los límites y fronteras artificiales que nuestra historia y nuestros sistemas jurídicos han venido trazando.
La propia necesidad y la experiencia nos enseñan que la búsqueda de la sostenibilidad precisa de sacrificios, de acuerdos, de negociaciones, incluso de transacciones entre los sectores público y privado. Ello no es posible sin apostar por la sostenibilidad real en el seno de cada una de las decisiones y departamentos en el contexto local, nacional o global. De hecho, el logro de la sostenibilidad real bien puede llegar a ser la vía de consenso colectivo que tanto la sociedad como el medio y sus recursos demandan para la adecuada gestión de sus respectivos e indisolubles intereses recíprocos.
Este puede ser, sin duda, uno de los parámetros de modernización esencial en la resolución de los conflictos que asolan a todas y cada una de las ramas de la sostenibilidad, donde las relaciones jurídicas entre Administración y administrados exigen, cada día más, un esfuerzo de adaptación a los cambios que se van sucediendo. Para ello, resulta igualmente imprescindible que la Administración asuma e interiorice dos parámetros fundamentales en su funcionamiento ordinario:
a) La integración de la sostenibilidad real en todos y cada uno de los departamentos y áreas de actuación política y administrativa.
b) La internalización económica y social de los costes ambientales reales de cada una de las decisiones públicas relacionadas con la sostenibilidad.
Las propias normas jurídicas son bien claras al respecto, sosteniendo la necesidad de que la Administración Pública proteja fielmente el medio ambiente y sus recursos en la mayoría de las Constituciones modernas. En ello se encuentra implícita la obligación de servir con objetividad los intereses generales, actuando bajo el principio de eficacia, y en cualquier caso, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho. Todo ello ha de presidir los distintos procedimientos administrativos y la toma de las decisiones públicas, la resolución de los conflictos que de éstos dimanen y, cómo no, la satisfacción de los intereses enfrentados dentro del objetivo político que supone la búsqueda real de la sostenibilidad en todos los planos de la gestión pública.
En este ámbito de reflexión global, nuestra sociedad debe enfrentarse a dichos retos sin renunciar a su identidad histórica, social y cultural, pero garantizando, ante todo, el futuro sostenible de sus generaciones venideras. El reto bien lo merece, tanto como aquellos que, lejos de nosotros, no han tenido siquiera la fortuna de poder pensar en lo que significa desarrollarse sin comprometer el presente y el futuro de sus congéneres.
