Opinión
04Agosto
2005
04 |
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Actuación despótica

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Agosto 04 | 2005 |
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Xabier Ezeizabarrena

Opinión

El Diario Vasco


En el viejo Derecho Constitucional y Administrativo, los comportamientos de los soberanos ajenos a la Ley y al Derecho eran tildados de despóticos, a la vista de la imposibilidad ordinaria de controlar o imponer límites a los caprichos y dislates de determinados soberanos. Varios siglos después, los donostiarras no dejamos de sufrir, día sí, día también, la deriva despótica de nuestro alcalde, en esta ocasión con relación al recién derribado Castillo de Rozanés.


En el diccionario de la Real Academia la primera acepción del término «déspota» se ajusta a la perfección al comportamiento del alcalde en relación con este asunto: «soberano que gobierna sin sujeción a ley alguna». Tal acepción, que algunos ingenuos considerábamos desterrada de los predios peninsulares, ha vuelto a renacer en San Sebastián de la mano de Odón Elorza. El único desajuste en este concepto reside en el término «soberano», dado que nuestro alcalde, como todo el mundo conoce, gobierna frente a esa mayoría absoluta del pleno de la que nuestro grupo es parte, y que en modo alguno piensa contemplar pasivamente los arrebatos veraniegos del alcalde, ahora en forma de derribo del Castillo de Rozanés.


Ayer, una vez más, el gobierno de Elorza dio muestras de su manera de entender la gestión de los asuntos municipales. En un acto de improvisación más, actuando mediante hechos consumados, se ha derribado el castillo de Rozanés. Sin previo aviso, en pleno mes de agosto, en la más absoluta clandestinidad, con nula transparencia, se ejecuta una decisión que carece del nivel de maduración, del consenso necesario y de los requisitos formales que requiere la propia parcela en cuestión. Tampoco se ha gestado ningún tipo de proceso de participación ciudadana en este contexto, en contra de lo que el propio alcalde suele pretender asumir como seña de identidad de su gobierno. Nada de ello, sino la opción por acometer directamente el derribo del edificio, sin contar, en ningún caso, con las decisiones formales necesarias para dar el destino que el gobierno pretende a dicha parcela.


Con esta actuación, Elorza pretende evitar el debate e imponer su criterio unilateral; quiere eliminar cualquier discrepancia que exista en relación con los posibles usos del edificio que se construya en la parcela ocupada hasta hoy por el castillo de Rozanés. Porque más allá del debate sobre la idoneidad o no de los apartamentos para la tercera edad, existen aspectos de forma y de respeto a los procesos que el alcalde de Donostia debería cuidar.


Cabe recordar, en primer lugar, que el gobierno municipal adjudicó el encargo de asistencia técnica relativo a la redacción de los Proyectos Básico y de Ejecución de un edificio de apartamentos para personas mayores en dicha parcela en el mes de febrero 2005. Estudios que todavía no han sido puestos en conocimiento de los grupos políticos y que podrían contradecir, incluso jurídicamente, la propia actuación que hoy se ha llevado a cabo.

 
El Ayuntamiento Pleno no se ha pronunciado, por tanto, en relación con este asunto. Cualquiera que sea el uso de Rozanés, la actuación en dicha parcela requiere de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) que debe ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Por estas y otras razones, nuestro grupo califica la decisión de Elorza de imprudente, irresponsable y claramente unilateral. Un alcalde responsable hubiera actuado de una manera totalmente diferente: hubiera esperado a los proyectos, hubiera esperado a la aprobación del PERI, hubiera esperado a concitar consensos con el resto de los grupos políticos del ayuntamiento y, por supuesto, con la propia ciudadanía que tanto dice representar en presunta clave participativa. ¿A qué viene esta demolición en pleno periodo estival? ¿A qué viene está actuación semiclandestina?


Elorza, una vez más, actúa como si fuera el dueño único de un cortijo; actúa con prepotencia, actúa de manera oscura y poco transparente. Su práctica es justo lo contrario a lo que predica, llegando incluso a poner en riesgo evidente la legalidad y el futuro de sus propias decisiones con lo que ello supone para la propia ciudadanía y para el erario público. ¿A qué tipo de riesgos financieros y jurídicos nos expone Elorza cuando la parcela carece del PERI correspondiente? Es seguro que el Alcalde no obraría de esta manera con un bien de su propiedad. Poco parecen importarle las consecuencias de su improvisación y de su falta de rigor, especialmente cuando tales riesgos jurídicos y financieros los asume la propia ciudad de Donostia y cada uno de sus ciudadanos.


Siendo como es el Pleno nuestro parlamento municipal, la vieja frase de Voltaire en su Tratado de la Tolerancia viene como anillo al dedo sobre el particular. Más si cabe tras la reforma del gobierno de Elorza, para sacar electos del gobierno e introducir a quienes no lo fueron: «Una vez volados los parlamentos, daríais sus cargos a vuestros congregantes que están perfectamente instruidos en las leyes del reino».

 
Tal es hoy el reto de Donostia; la defensa de su parlamento democrático frente al acoso y derribo del bulldozer despótico. Rozanés tristemente, es una piedra más en el camino.

 

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