El denominado Archivo de la Guerra Civil de Salamanca tiene su origen en la incautación forzosa por parte del ejército franquista de los documentos de administraciones, asociaciones, partidos y particulares de las zonas que iban ocupando. Esta función encargada a una unidad especial de la Administración franquista tenía por único objeto obtener información para organizar la represión contra las fuerzas e individuos "rojos y separatistas" leales a las instituciones republicanas.
Con la transición, en 1979, tanto la documentación almacenada como el propio local fueron traspasados al Archivo Histórico Nacional. A partir de entonces se comenzó, con restricciones, a permitir el acceso a los investigadores.
Se calcula que el volumen de la documentación del Gobierno catalán representa un 2,5% del total del Archivo de Salamanca. En cuanto a la documentación vasca, supondría un 0,5%. Hay que reseñar que además de la documentación del Gobierno, se encuentra en Salamanca numerosa documentación de municipios vascos (también reclamada en su momento por Eudel) así como de partidos políticos, asociaciones o incluso de particulares. Toda esa documentación está localizada en diversos fondos y ha sido catalogada por el Departamento de Cultura, que ha proporcionado dicha relación al Ministerio. Atrás han quedado las supuestas dificultades de carácter logístico, por cuanto los avances tecnológicos permiten el sistema de microfilmado que asegura el mantenimiento de las copias necesarias en el propio Archivo de Salamanca.
Desde Cataluña se ha reivindicado a través de la denominada Comissió de la Dignitat y de sus partidos políticos la devolución de la documentación incautada. Euskadi también lo lleva haciendo de manera continuada tanto desde el Congreso como desde el Gobierno Vasco. La propia consejera de Cultura se ha puesto en contacto en varias ocasiones con el Ministerio de Cultura siendo las últimas comunicaciones de enero y junio de 2005.
El 26 de mayo de 2004 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso que impulsaba al Ejecutivo a iniciar un proceso de devolución de los papeles a Cataluña. El Grupo Vasco había presentado igualmente otra proposición no de ley en el mismo sentido respecto a Euskadi.
Antes de procederse a la votación de esta última proposición no de ley el Grupo Vasco también presentó en dos ocasiones pregunta en pleno al presidente del Gobierno español sobre sus intenciones, contestando éste literalmente que «el Gobierno se compromete a hacer efectivo el acuerdo que se alcance y ello es válido, obviamente, para las aspiraciones de las instituciones vascas» (2 de junio de 2004 y 27 de abril de 2005).
Sin embargo, la actitud del Partido Socialista ha sido contraria a estas palabras. El PSOE rechazó en mayo la proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco y en junio las enmiendas planteadas por el mismo al proyecto de ley del Gobierno, que pretendían obtener idéntico tratamiento para las instituciones vascas que para las catalanas.
En efecto, el Gobierno español presentó por su parte un proyecto de ley de devolución a la Generalitat catalana de la documentación incautada a ésta, que según su exposición de motivos tiene su base en la existencia legal de un Gobierno autónomo en Cataluña en tiempos de la República. Sin embargo, dicha devolución se limita por ahora a Cataluña, aun cuando el Gobierno vasco se encuentra en la misma situación de derecho que la Generalitat (ambos fueron los dos únicos gobiernos autónomos durante la república). Se trata, por tanto de una discriminación arbitraria. Discriminación que el PSOE se ha negado a corregir en el trámite de ponencia y comisión, en contradicción con el compromiso adquirido por su secretario general.
El Grupo Vasco está decidido a insistir en la reivindicación de devolución de los papeles vascos expoliados, por cuanto que se dan las mismas circunstancias históricas que las concernientes a Cataluña, la propia reivindicación se agota en los casos de Cataluña y Euskadi y el presidente Rodríguez Zapatero se comprometió en sede parlamentaria a considerar por igual ambos casos.
