DECLARACION DE BARCELONA (16-7-1998)

DECLARAMOS QUE:

 

·        Al cabo de veinte años de democracia continúa aún sin resolverse la articulación del Estado español como plurinacional.

·        Durante este período hemos padecido una falta de reconocimiento jurídico-político, e incluso de asunción social y cultural de nuestras respectivas realidades nacionales en el ámbito del Estado.

·        Este reconocimiento, además de justo y democrático, resulta absolutamente necesario en una Europa en proceso de articulación económica y política y que, además, apunta, a medio plazo, hacia una redistribución del poder político entre sus diversas instancias y niveles. Una Europa cuya Unión debe basarse en el respeto y la vertebración de los diversos pueblos y culturas que abarca.

·        Y lo es, también, en un mundo cada vez más interdependiente, sobre el cual pesa la amenaza de la uniformización.

Por todo ello, creemos que hay que abrir una nueva etapa en la cual se produzca por parte del Estado y de Europa el reconocimiento de nuestras realidades nacionales y se obtenga el poder político suficiente para poder ofrecer nuestras propias respuestas a los retos del siglo XXI:

 Y ACORDAMOS:

 ·        Hacer un llamamiento a la sociedad española para compartir y dialogar acerca de una nueva cultura política acorde con esa comprensión del Estado y promover una concienciación colectiva que refuerce la idea de su plurinacionalidad.

·        Ofrecer a Europa y al mundo nuestras propuestas en defensa de la diversidad. Encabezar la política de las identidades, y de su convivencia positiva y creativa.

·        Organizar de manera sistemática el intercambio de información, opinión y colaboración entre las gentes y sectores de la ciudadanía activos en los ámbitos intelectual, cultural, educativo, profesional y empresarial, con el objetivo de dialogar acerca de nuestras propuestas y difundirlas.

·        Establecer un plan de trabajo conjunto entre nuestras respectivas organizaciones sobre: lengua y cultura; fiscalidad y financiación pública; símbolos e instituciones, presencia en la Unión Europea, y sobre otras cuestiones que acordemos.

Por ello, y para todo ello, estableceremos una relación estable y permanente entre nuestras tres fuerzas políticas; una estructura abierta que permita llevar a cabo las actuaciones conjuntas que requieran los objetivos declarados y acordados.

Finalmente, nos comprometemos a continuar trabajando y desarrollando los temas que hemos comenzado a abordar en este primer encuentro tripartito, en las reuniones que este mismo año celebraremos en Bilbao, en septiembre, y en Santiago, en octubre.

 Barcelona, 16 de julio de 1998

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TEXTO DE TRABAJO

BNG – EAJ/PNV - CiU

 

LA COLABORACIÓN DE LAS FUERZAS NACIONALISTAS DE GALIZA, EUSKADI  Y  CATALUNYA PARA UNA REFORMULACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL Y PARA EL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS RESPECTIVOS DERECHOS NACIONALES

 

Barcelona, 16 y 17 de julio de 1998

 

1.- VISIÓN CONJUNTA ANTE EL ESTADO

 

1.1.- Antecedentes históricos

 

A principios del siglo XVIII se estableció un modelo de Estado español cimentado en el centralismo y el uniformismo que quebraba una experiencia centenaria de respeto a las instituciones de autogobierno e iniciaba una profunda incomprensión sobre la realidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural de la Península Ibérica.

 

Como es lógico, las naciones que fueron objeto de este proceso, proceso que ha significado un intento constante de supresión de su carácter nacional, crearon entre sí -a nivel individual y colectivo- lazos de relación bajo la represión, intercambiando inquietudes y elaborando, a veces conjuntamente, proyectos para romper esta tendencia. La necesidad de cierta unidad de acción, la búsqueda de una estrategia concertada, ha sido plasmada históricamente por Galiza, Euskadi y Catalunya en diferentes iniciativas y acuerdos a lo largo de este siglo.

 

El 11 de septiembre de 1923, coincidiendo con la celebración de la Diada Nacional de Catalunya y dos días antes del golpe militar del general Primo de Rivera, se firmó en Barcelona el Pacto de la Triple Alianza, avalado por las firmas de Francesc Macià, Nicolau d’Olwer, Ventura Gassol y Antoni Rovira i Virgili por Catalunya, Egileor, Gallastegui, Uribe Etxebarria y Robles Arangiz por Euskadi, Alfredo Somoza y Francisco Zamora por Galiza.

 

Diez años después de la firma de la Triple Alianza, el 25 de julio de 1933, en el Pazo de Fonseca se firmó el llamado Pacto de Compostela, mediante el cual se constituyó Galeuzca como órgano integrado por partidos y organizaciones nacionalistas de Galiza, Euskadi y Catalunya, naciones en las que se celebraron diversos actos de presentación con la participación, entre otros destacados nacionalistas, de Batista i Roca, Nicolau d’Olwer, Castelao, Suárez Picallo, Alonso Ríos, Irujo y Rezola. En 1934 dicho pacto fue ratificado en Gernika por ERC. Posteriormente, entre 1939 y 1950, Aguirre, Castelao y Pi i Sunyer intentaron mantener activo el acuerdo.

 

Galeuzca se creó como un movimiento solidario que pretendía la constitución de un organismo que coordinara con carácter permanente las actividades a desarrollar desde los tres movimientos nacionalistas. Para ello se propuso la creación de una cierta estructura, con un secretariado que funcionara en cada uno de los países.

 

Los contactos y compromisos de vascos, catalanes y gallegos continuaron en la preparación del postfranquismo y el advenimiento de la democracia, para lo cual realizaron una afirmación conjunta sobre el derecho de las distintas naciones a ejercer su autodeterminación siempre desde un planteamiento pacífico y democrático.

 

En la actualidad, la homogeneización autonómica del actual marco político estatal, ha conducido a una descentralización política y administrativa, pero no a un modelo de estado plurinacional, donde el ejercicio de nuestros derechos nacionales sea reconocido y aceptado. Los obstáculos puestos al desarrollo pleno de nuestros Estatutos y el no reconocimiento de nuestros respectivos ámbitos de decisión, hace renovar nuestros deseos de reencuentro.

 

Partiendo de la especificidad de nuestras respectivas naciones y teniendo en cuenta las diferentes condiciones objetivas, consideramos necesaria una estrategia de colaboración  para conseguir el objetivo compartido del reconocimiento de nuestra realidad nacional y de sus implicaciones políticas.

 

Así, con la perspectiva de superar el actual marco y avanzar en la conformación institucional y política de un estado plurinacional, es preciso vertebrar una colaboración política entre nuestras tres naciones, colaboración que deseamos que sea capaz de abrirse a la participación de otras fuerzas más allá de las nuestras.

 

1.2.- Nuestros derechos inalienables

 

La construcción nacional de nuestros respectivos países constituye el proyecto político básico que compartimos los partidos nacionalistas. Este principio se encuentra en el centro del pensamiento nacionalista y debe orientar la acción política tanto en las acciones internas como en el proyecto político común de relación con el Estado español y con la Unión Europea.

 

Por eso, el primer objetivo de nuestra acción política es el reconocimiento de nuestra realidad nacional y del poder político que por derecho nos corresponde. Ello supone admitir los siguientes principios:

 

·        Todo pueblo que tiene conciencia de nación y voluntad de serlo tiene derecho a una vida de autogobierno.

·        El autogobierno de los pueblos es la cristalización de su libertad.

·        Esta libertad es el camino a través del cual se establece el intercambio y la colaboración entre los pueblos.

 

Nuestra visión del carácter plurinacional del actual Estado español toma como punto de partida los hechos nacionales objetivamente incuestionables, con expresión y conciencia propia consolidada, históricamente vigentes desde antes incluso de la aparición de las formas modernas de estado en Europa y que, en el presente siglo, fueron los motores que forzaron por dos veces los correspondientes diseños constitucionales del Estado español que los reconocieron, e intentaron fórmulas institucionales tendentes a arbitrar un encaje para el problema político que representan. Trátase de Galiza, Euskadi y Catalunya, a las que como naciones les corresponde ejercer su soberanía nacional.

 

Pese a que los derechos de nuestras naciones son previos a la Constitución, algunas interpretaciones centralistas sitúan el derecho al autogobierno en la Carta Magna y no en las propias naciones. Nuestros derechos nacionales no pueden ser negados en un estado democrático. Reiteramos que el reconocimiento de Galiza, Euskadi y Catalunya es condición previa y necesaria para plasmar constitucionalmente el carácter plurinacional del Estado español.

 

El principio de soberanía resulta cualitativamente distinto al principio de autogobierno que se consolida mediante el desarrollo de los Estatutos de Autonomía que, aún en un escenario de desarrollo total, sólo suponen un proceso de descentralización política y administrativa, pues el elemento constitutivo del poder continúa localizándose en el Estado. Debemos superar la fórmula autonómica por cuanto es una carta otorgada por un Estado que, conforme a la definición constitucional, dice basarse en una sola nación, única e indivisible, la nación española, negando el carácter plurinacional del Estado y la coexistencia de otras naciones.

 

El Estado español es, al mismo tiempo, la institución que niega la soberanía que nos pertenece como naciones y el espacio político donde conquistar la libertad nacional, mediante la acción conjunta para configurar un Estado plurinacional de tipo confederal. Este sería el modelo apropiado para un Estado plurinacional, por cuanto parte del reconocimiento de la soberanía de cada nación, del respeto a tratarse en pie de igualdad y a fomentar la colaboración y coordinación basadas en la equidad, la solidaridad y la libertad de cada una. El ejercicio del derecho de autodeterminación cabalmente entendido se asienta en los procesos y objetivos antes citados. Dicho derecho es un derecho colectivo fundamental. Cada nación ha de poder decidir en todo momento y en toda circunstancia cuál quiere que sea su estructura política, su articulación administrativa y su nivel de dependencia e independencia respecto a otras instancias.

 

Además, tanto los partidos nacionalistas como los partidos de ámbito estatal, debemos entender que las categorías políticas de relación de los pueblos cambian, ante la nueva realidad europea. Ahora los conceptos de soberanía, autogobierno, autonomía, independencia, derecho de autodeterminación, adquieren una nueva dimensión y se formulan de otra manera. Pero ese cambio alcanza a todos, a los pertenecientes a colectividades nacionales sin disponer de una estructura estatal y a los que hoy poseen y representan a una nación y tienen un estado. 

 

Para poder avanzar en un proyecto de remodelación del Estado español es imprescincible que, comprometidos los nacionalistas en este proceso y proyecto, los partidos estatales reconozcan y respeten los ámbitos de decisión comunitaria de nuestras respectivas naciones con todas las opciones que ello conlleva (independencia, confederación, federación). Únicamente la asunción de este doble compromiso permitirá avanzar en el proceso de remodelación.

 

La colaboración conjunta debe estar dirigida a la constitución de un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, vertebrado a partir de los proyectos de emancipación que se formulen desde Galiza, Euskadi y Catalunya, concibiendo la lucha por la autodeterminación como un proceso pacífico y democrático que resulta de la combinación de distintas reivindicaciones y acciones políticas que, teniendo cada una su virtualidad e individualidad, se integran en una alternativa concretada en la soberanía nacional.

 

Esta reflexión la desarrollamos desde el nacionalismo catalán, gallego y vasco, pero desde la convicción de que ese respeto y reconocimiento al ámbito democrático de decisión es aplicable a otras realidades de pueblos y nacionalidades del Estado español.

 

Creemos además que, siendo importantes la cultura, la lengua y la historia a la hora de definir un pueblo o un espacio de derecho colectivo, es fundamentalmente la voluntad de sus ciudadanos de desarrollarse como ámbito soberano la que lo define. Es por ello que decimos que este derecho puede ser aplicable a otras nacionalidades y pueblos del Estado. 

 

1.3.- Nuestro papel actual y futuro en el Estado español

 

La institucionalización del Estado de las autonomías fue, como fórmula de compromiso, en cierta medida, el resultado de la masa crítica conseguida por los movimientos nacionalistas en el momento de la transición. Sin embargo, el desarrollo del modelo constitucional a través de los Estatutos de Autonomía y la progresiva homogeneización competencial de los mismos, formó parte de una estrategia de las fuerzas estatales para desvirtuar el autogobierno de las naciones sin estado y reforzar los instrumentos institucionales políticos, culturales y económicos del poder central.

 

No se dio un estatus específico para Galiza, Catalunya y Euskadi, a pesar de la referencia constitucional diferenciadora de nacionalidades y regiones, con la excepción de la singularidad expresada en la disposición adicional primera de la Constitución para los territorios vascos y de la mención de las nacionalidades históricas en la disposición transitoria segunda.

 

El establecimiento de alianzas o perspectivas de trabajo conjunto de las fuerzas nacionalistas resulta una necesidad para avanzar en la superación del actual modelo y en la plasmación de reformas y medidas encaminadas al reconocimiento por el Estado español de nuestros derechos nacionales.

 

En el futuro deberán intensificarse las actuaciones que se deriven de este trabajo conjunto, dirigiendo nuestra acción política a la globalidad de la sociedad del Estado español, actuaciones que, más allá de nuestros partidos, también deben protagonizar quienes coincidan con los planteamientos genéricos de la Nueva Cultura Política que propugnamos y de cuya influencia tampoco deben quedar excluidos los actuales partidos de ámbito estatal.

 

Una Nueva Cultura Política que deberá tener componentes pedagógicos para difundir un nuevo modelo y una nueva concepción de Estado, una nueva actitud frente a la diversidad de culturas y lenguas, una plasmación de esta diversidad en los símbolos y las instituciones, una adecuación de la financiación a las necesidades que tenemos de gobernar en función de esta realidad plurinacional, un traspaso de competencias que haga políticamente efectivo el reconocimiento de la pluralidad del Estado y una presencia en el campo internacional en función del mismo principio de reconocimiento de nuestras naciones.  

 

En este sentido la tarea de los partidos nacionalistas en esta fase debiera estar encaminada a que cada Partido nacionalista diseñara el cuadro de autogobierno y poder que estime suficiente para responder a los retos del nuevo escenario político, para, posteriormente, apoyarse mutuamente en las respectivas demandas. Todos los partidos nacionalistas deberían encontrar en el resto de los integrantes de este acuerdo posiciones de apoyo.

 

Explicitando algunas actuaciones comunes, a título indicativo, podríamos señalar las siguientes:

 

·        La competencia plena y exclusiva en la legislación sobre los respectivos idiomas y culturas.

·        El análisis del papel del Senado en un Estado plurinacional.

·        El nombramiento por los Parlamentos de Galiza, Catalunya y Euskadi de sus respectivas representaciones específicas entre los magistrados del Tribunal Constitucional del Estado.

·        La ampliación de las competencias jurídicas, dándoles una función adecuada a los Tribunales Superiores de Justicia.

·        El control efectivo de la seguridad pública no supracomunitaria.

·        La competencia plena en la administración local, con capacidad de estructurar todos los ámbitos de la misma, incluída la modificación de los ámbitos provinciales y de las Diputaciones.

·        El establecimiento de un sistema de financiación que asegure la autonomía y la suficiencia financiera.

·        La competencia exclusiva en los recursos naturales propios.

·        El reconocimiento de la presencia internacional como naciones con efectos institucionales en las cuestiones referentes a la identidad y a los intereses vitales.

 

Nuestro papel en el Estado español ha de estar dirigido en gran medida a hacer posible que se consigan las condiciones necesarias de modernidad y progreso que permitan garantizar la existencia de condiciones mínimas sobre las que se puedan apoyar nuestras aspiraciones como pueblos. Garantizar el sistema democrático, garantizar el progreso económico sobre el que se pueda asentar una cohesión social y modernizar las estructuras del Estado, adaptándolas al carácter plurinacional del mismo y al nuevo marco de la Unión Europea, más allá de la simple unión económica.

 

1.4.- Estrategia del Estado con relación a los partidos nacionalistas

 

La estrategia tradicional del Estado español en relación a los nacionalismos ha conllevado una incapacidad histórica para hallar una solución a la realidad que plantea la existencia de unas naciones diversas en el seno de dicho Estado.

 

La Constitución de 1978 supone un intento de afrontar dicha realidad, pero la creación del actual estado autonómico basado en el diseño de múltiples autonomías y su desarrollo en base al “café para todos” ha dejado en evidencia la dificultad que existe de abordar el problema de fondo que es el de la realidad plurinacional del Estado español.

 

Pese a ello el nuevo orden político nacido a partir de 1975, ha permitido que las fuerzas nacionalistas hayan tenido un amplio margen de actuación que ha reforzado su peso a través de una acción política libre y de una acción de gobierno allí donde lo ejercen.

 

Igualmente, su papel decisivo en la gobernabilidad del Estado ha permitido que los nacionalismos se hayan convertido en un elemento habitual y referente inevitable en el espectro político español, circunstancia que tiene consecuencias mediáticas que han introducido el componente nacionalista como un elemento más en la cultura política del Estado  incluso en sus niveles más populares.

 

Pese a todos estos hechos, la dificultad conceptual de aceptación de un estado auténticamente plurinacional por parte de las fuerzas centralistas y su apego a una idea del Estado español como un estado-nación uniformista, hoy obsoleta, ha conllevado una acción política y mediática centrada en el rearme ideológico, en la defensa de posiciones unitaristas y en ataques al nacionalismo cada vez más explícitos.

 

Las dificultades para un avance en la reestructuración plurinacional de dicho estado obedecen a un pacto de fondo de las fuerzas centralistas que intentan acortar cada vez más los márgenes de actuación y maniobra, sacralizando el actual marco constitucional y estatutario como intocables.

 

La utilización electoral del antinacionalismo es un fenómeno en el que el PP y el PSOE rivalizan en una retórica que crea un clima ideológico en el Estado hostil a la aceptación del carácter plurinacional, plurilingüe y pluricultural del mismo y a la justicia de nuestras reivindicaciones nacionales.

 

En este sentido la estrategia que siguen las fuerzas políticas estatales respecto al nacionalismo se articula sobre las siguientes líneas de actuación:

 

·        Diluir el nacionalismo y sus componentes políticos diferenciadores en la apuesta por la generalización artificial del sistema autonómico. Las pretensiones nacionalistas pasan a verse en ese contexto como extravagancias o privilegios.

·        Retraso/bloqueo estatutario, como forma de limitación del autogobierno y creando a la vez la imagen de “insaciabilidad” del nacionalismo.

·        Deslegitimación social del nacionalismo en el conjunto español (violencia en Euskadi, presión económica catalana, etc.).

·        Construcción de un entramado institucional (ordenamiento jurídico básico, Senado, Tribunal Constitucional, etc.) en el que reconociendo determinados comportamientos políticos autónomos, especialidades culturales y algunas singularidades específicas, resulta indubitado el marco jurídico y político globalmente unitario español.

·        La orientación dada a la construcción de grandes infraestructuras, de globalización de medios de comunicación, de concentraciones de estructuras económicas obedecen, en la medida en que es posible, a reforzar el carácter unitario del Estado español.

·        Cierre absoluto al acceso de representación y participación directa en la UE y en el espectro internacional.

 

1.5.- Comportamientos políticos consecuentes

 

El nuevo panorama político que se abre en distintos terrenos (globalización, crisis del Estado-nación, diversidad, modificación de las identificaciones sociales,...), pese a las resistencias de ciertos sectores, constituye una realidad que nos afecta a todos.                                                            

 

Se abre paso una nueva cultura de la que los nacionalismos identitarios como los que representamos van a ser sujetos y protagonistas. Nueva cultura política para el conjunto del Estado español, cuya extensión es la condición imprescindible para la consecución de los objetivos políticos que propugnamos.

 

Una nueva cultura centrada en una comprensión de la realidad estatal, que requiere, entre otras cosas, un criterio de valoración de las realidades sociales distinto del que ha difundido secularmente el Estado uniformizador.

 

Es por ello que, con independencia de diferentes proyectos políticos y sociales últimos y más allá de las legítimas relaciones bilaterales que se produzcan, nuestros partidos consideran necesario establecer una acción conjunta política centrada en el desarrollo de los mencionados principios y objetivos.

 

La promoción de esta nueva cultura política conllevará acciones políticas que concretaremos en sucesivos encuentros, tales como:

 

·        La creación de un marco estable y permanente de relación entre nuestras fuerzas políticas abierto a la participación de todos los partidos políticos que compartan los principios y objetivos, en el ámbito de este documento.

·        El impulso de relaciones y coordinación con otras fuerzas políticas capaces de impulsar esta nueva cultura política.

·        La promoción de elementos de estudio, análisis y elaboración de las ideas, conceptos, programas y actuaciones sobre los que se sustenta una  acción política acorde con la voluntad de promover una visión del carácter plurinacional, plurilingüe y pluricultural del Estado y la existencia de nuestras tres naciones.

·        La difusión de los presentes planteamientos políticos al conjunto de la sociedad, a fin de promoverlos y darlos a conocer y de hacer frente de forma conjunta a las actitudes hostiles que afecten a la existencia de cada nación y a sus derechos básicos.

·        El impulso de las relaciones entre asociaciones culturales, lingüísticas, pedagógicas, deportivas, económicas, etc., como forma de comunicación,  interconocimiento y colaboración.

·        La presencia de nuestras fuerzas políticas en cursos de formación, escuelas de verano, debates, etc. que organicen cada una en su país. El intercambio de experiencias, información y alternativas en los distintos niveles de acción política (local, nacional, estatal, europea).

·        La coordinación política en el Congreso de los Diputados y en el Senado con el fin de mantener un diálogo sobre las iniciativas y posición de cada una de las fuerzas políticas nacionalistas y su actitud en relación con la política del Gobierno en temas cruciales o significativos para nuestros respectivos proyectos de autogobierno, con los efectos de condicionar su decisión.

·        El impulso conjunto de la reforma del entramado institucional (Constitución, ordenamiento jurídico básico, Senado, Tribunal Constitucional,...) que no permite el pleno reconocimiento político de nuestras  respectivas naciones.

·        El trabajo coordinado para conseguir una participación directa y efectiva en los foros europeos e internacionales.

 

2.- VISIÓN CONJUNTA ANTE LA UNIÓN EUROPEA

 

2.1.- Nuestra concepción de la Unión Europea

 

Compartimos una concepción de la Unión Europea que se apoya en el siguiente análisis y convicciones:

 

·        Somos pueblos de antiguas raíces europeas que hemos contribuido a su historia a lo largo de los siglos.

·        Somos pueblos con voluntad de seguir contribuyendo a dicha historia. No es una opción para nosotros, pues responde a un despliegue de nuestra personalidad.

·        Deseamos que esta construcción se realice en pie de igualdad entre los pueblos y, por tanto, integrando la realidad de las actuales naciones sin estado.

 

Nuestra aportación como pueblos a este proceso nos exige el fortalecimiento de las características de identificación nacional en el nuevo contexto de transformación del concepto de soberanía. Esta identificación interna en los nuevos escenarios se basará, probablemente, en factores que conforman una forma colectiva de ser, englobando entre éstos la historia, la lengua, la cultura, la forma de trabajar y relacionarse y otros quizá más difusos, pero que aglutinan y dan identidad política a una sociedad.

 

La Unión Europea es una realidad ineludible para nuestros pueblos, por lo que desde nuestras instituciones nacionales estamos obligados a estar presentes en las instituciones europeas representativas y a utilizar todas las vías, bien directas, bien hoy a través del Estado español, que permitan defender las aspiraciones e intereses de los pueblos catalán, gallego y vasco, tanto en el campo político, como en el económico, como en el lingüístico y cultural.

 

Una Unión Europea que busca la integración, debe evitar el uniformismo y la imposición, buscando y garantizando la libre adhesión de las realidades nacionales y pueblos de Europa, incorporando al núcleo de la construcción de la Unión Europea la aplicación del Derecho de Autodeterminación de todos los pueblos europeos.

 

Apostamos por:

 

·        Una Unión que sea fiel adalid de las políticas que preserven la democracia como sistema político, la economía sostenible como planteamiento de futuro, la sociedad del bienestar como elemento de justicia social y la subsidariedad como instrumento de aproximación a las demandas reales de los ciudadanos.

·        Una democracia en el ámbito europeo que refuerce la capacidad de control e impulso del Parlamento Europeo en relación con la Comisión y el Consejo, con capacidad legislativa en todas las materias, respetando las competencias de los Parlamentos nacionales incrementando así la transparencia en la toma de decisiones y corrigiendo el déficit democrático existente en las instituciones de la Unión Europea.

·        Un espacio europeo que, en un escenario de globalización, sea un referente para el desarrollo de políticas económicas y sociales de redistribución más justas y defensoras de las conquistas sociales y del Estado del Bienestar que desarrolle una política expresa y firme contra el desempleo que en toda Europa afecta a 18 millones de personas, el 11% de la población activa y trabaje en favor de la implantación de estructuras mundiales que incorporen a la economía global componentes de carácter social, medioambiental y la defensa de las libertades.

·        Una Unión Europea que debe desarrollar una defensa activa de los derechos humanos y de igualdad entre los pueblos, luchar contra toda discriminación racial, étnica o social, favorecer la integración de los inmigrantes y el derecho al asilo, defender una acción destinada a conquistar y ejercer los derechos de las mujeres impulsando en la práctica las políticas igualitarias y promover una política destinada a resolver los problemas específicos de la juventud, especialmente el desempleo.

·        Una Europa que haga de las políticas de cooperación al desarrollo, basadas en una relación de justicia y solidaridad hacia los países del Tercer Mundo, uno de los ejes principales de sus políticas.

 

En este sentido, es fundamental nuestra presión y trabajo conjunto para hacer avanzar a la Unión Europea, como proyecto político con los ejes más arriba definidos, más allá de la simple Unión económica. 

 

2.2.- Nuestra posición ante la Unión Europea

 

La Unión Europea constituye para Galiza, Catalunya y Euskadi el nuevo espacio próximo de relación y el entorno dentro del cual nuestras naciones desarrollan su autogobierno. La construcción de la Unión Europea afecta en un doble sentido a pueblos como los nuestros que carecen de estado propio.

 

Por un lado la toma de decisiones en el espacio europeo supone la asunción de competencias propias de nuestro autogobierno por las instituciones comunes europeas, sin que se produzca directamente la contrapartida de la participación directa de nuestras naciones en este espacio común de decisión con lo que ello supone de mutación y merma de las competencias propias de nuestros pueblos en perjuicio del autogobierno y en beneficio de la participación estatal en el funcionamiento de la Unión Europea.

 

Pero, por otro lado, en la medida en que se produce un nuevo modelo de integración que conlleva la apertura de fronteras, la cesión de competencias a instituciones supraestatales y, en cierta medida, al debilitamiento de los atributos clásicos del Estado-nación, se abre un nuevo marco de referencia política de consecuencias aún inciertas y, en todo caso, no predeterminadas que, con independencia de la actual forma de integración en el Estado español, requiere una acción supraestatal específica de nuestras naciones que permita, la participación directa de nuestros pueblos en el nuevo espacio político.  

 

En este contexto nuestra voluntad consiste en trasladar los efectos derivados del reconocimiento como nación y de la ampliación de poder político que nuestros pueblos reclaman, a la escena europea e internacional, lo cual constituye nuestro gran objetivo político común.

 

Esta actuación deberá aplicar, a este nivel, los principios que inspiran los planteamientos de la nueva cultura política que orienta nuestra acción en la actualidad. Ello significa que también en el terreno internacional tendremos que movernos más allá de los ámbitos estrictos de las instituciones políticas y transmitir estos planteamientos a distintos sectores de la sociedad civil como paso previo para obtener el apoyo social para lograr los objetivos mencionados.

 

 

2.3.- Estrategia ante la sociedad europea

 

Desde un punto de vista interno, dentro de nuestras propias sociedades, debemos ampliar el debate sobre las grandes cuestiones de política internacional y especialmente aquellas que nos afectan de forma más directa. Ello nos permitirá participar de una forma activa y crítica en los procesos de creación de estados de opinión y en la toma de decisiones sobre cuestiones internacionales.

 

Es importante nuestra aportación sobre temas como la ampliación de la Unión Europea hacia el Este, las migraciones, la defensa del modelo de Estado y  sociedad del bienestar, los derechos democráticos y sociales en Europa, la solidaridad y la cooperación con los países excluídos en el Tercer Mundo, la política de seguridad en Europa, el comercio internacional, los aspectos sociales y medioambientales en el comercio internacional, los conflictos bélicos y políticos en el mundo o la defensa del medio ambiente a escala planetaria.

 

Este gran debate ha de tener efectos de implicación en el ámbito interno de nuestras sociedades, pero también un efecto de participación y de difusión exterior en función de la capacidad que tengamos de hacer que nuestro tejido social sea capaz de participar como tal en los organismos homónimos del tejido social de otros lugares.

Es en este sentido que debemos impulsar el reconocimiento directo y la presencia internacional de asociaciones y colectivos de nuestras naciones en el seno de federaciones y entidades internacionales así como la ubicación en nuestros países de las sedes europeas e internacionales de asociaciones profesionales, federaciones, entidades y organismos transnacionales públicos o privados.

 

Tenemos que fortalecer la proyección cultural de nuestras naciones desde la perspectiva internacional. Lo mismo ocurre en lo que se refiere al ámbito económico. En este sentido debemos aprovechar la presencia de la sociedad civil, personas y entidades de nuestras respectivas comunidades o muy vinculadas a ellas que residen en diversos países y que pueden facilitar el establecimiento de una red de proyección.

 

Esta actuación exterior articulada puede permitir una defensa de los intereses políticos, sociales, económicos y culturales de nuestras naciones, en el contexto europeo e internacional, complementaria de la labor institucional. Se trata en definitiva de buscar formulaciones que permitan defender nuestra identidad y nuestras realidades socio-económicas, culturales y políticas en Europa y en el mundo.

 

Si en Catalunya, Euskadi y Galiza somos capaces de organizarnos para que en la Unión Europea y en el ámbito internacional se identifiquen con claridad los intereses catalanes, gallegos y vascos, podemos lograr a nivel de la Unión y del mundo el reconocimiento plurinacional y singularizado que pretendemos.

 

2.4.- Estrategia ante los organismos políticos europeos

 

En la medida en la que el ámbito europeo es nuestro espacio político próximo de relación y que el mismo afecta a nuestro autogobierno, debemos desarrollar conjuntamente una estrategia ante los organismos políticos europeos dirigida al reconocimiento de las naciones catalana, gallega y vasca en la diversidad y pluralidad que compone este nuevo espacio y, en particular, a estar presentes en las decisiones que afectan a nuestras competencias de autogobierno nacional y a nuestros intereses específicos.

 

Nuestro concepto de la nueva cultura política persigue una regeneración de la forma de concebir la práctica política, profundizando sincera y eficazmente en aquellos mecanismos que garanticen la real aplicación de un sistema democrático, favorecedor de la participación y corresponsabilidad de los ciudadanos hacia el ejercicio real del conjunto de derechos y deberes sociales. Estos conceptos deseamos extenderlos a las instituciones europeas con la finalidad de favorecer su proximidad a los ciudadanos. La participación de nuestros pueblos en las instituciones europeas, como realidades próximas con las que se identifica el ciudadano, ayudaría, sin duda alguna, a conseguir esa cercanía, participación política y corresponsabilidad.

 

Para ello, el establecimiento de cauces de relación directa de las instituciones nacionales catalanas, vascas y gallegas con las instituciones europeas es totalmente necesario.

 

Los elementos básicos de esta participación deberían contemplar entre otros:

 

·        Garantía de participación de las autoridades de las respectivas nacionalidades en los órganos y en las instituciones de la Unión en las que existan delegaciones estatales (principalmente en el Consejo y el COREPER) cuando traten cuestiones relacionadas con las competencias estatutarias.

·        Profundizar en la aplicación del principio de subsidiariedad por parte de las instituciones comunitarias, en el sentido de que las decisiones se tomen lo más cerca posible del ciudadano y en el respeto a la estructura político-administrativa de los Estados miembros.

·        Adaptación de la normativa comunitaria, de forma que al referirse a la ejecución estatal de la misma, haga expresa referencia al nivel de la nacionalidad respectiva, cuando este nivel sea competente para la ejecución conforme al ordenamiento jurídico interno de cada Estado.

·        Aplicación y gestión de las políticas comunitarias en el plano administrativo más descentralizado posible, teniendo en cuenta las competencias de los poderes subestatales y la organización político-administrativa de los Estados miembros.

·        Legitimación del derecho de acción ante el Tribunal de Justícia, cunado nuestras competencias se vean afectadas por las medidas tomadas por la Unión Europea, incluyendo el derecho de acudir al Tribunal de Justícia de la Unión Europea para recurrir actos de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros que atenten contra los intereses catalanes, vascos o gallegos en violación del ordenamiento jurídico comunitario, y de dirigir la defensa de sus actos o acciones cuando éstos sean cuestionados en las instituciones europeas.

·        Establecimiento de circunscripciones nacionales para las elecciones europeas. En este sentido, y en la medida en la que las propias instituciones europeas deberán desarrollar en un futuro próximo una ley electoral uniforme, se abre un campo de trabajo en las instituciones europeas.

·        Estrechamiento de relaciones entre nuestros parlamentos nacionales y el Parlamento europeo mediante la participación de las Cámaras catalana, gallega y vasca en los mecanismos de encuentro entre la Eurocámara y los parlamentos estatales.

·        Establecimiento de cauces jurídicos que permitan desarrollar mecanismos de cooperación transfronteriza, incluso con creación de acuerdos permanentes e institucionales en todas aquellas materias competenciales del ámbito de actuación de los autogobiernos catalán, gallego o vasco.

·        Reconocimiento de la oficialidad lingüística en Europa del catalán, el euskera y el gallego, teniendo además en cuenta que este último y el portugués forman parte del mismo sistema lingüístico y, por tanto, podría ser usado ya en cualquier instancia europea. La cultura expresada en estas lenguas debe gozar de las mismas facilidades de producción, expansión, difusión y publicidad de que gozan las culturas asociadas a las lenguas oficiales de los estados.

·        Arbitraje de canales de participación de nuestras naciones en las negociaciones de los tratados internacionales que afecten a sus competencias.

·        Presencia de las nacionalidades en la delegación del Estado español que participe en la próxima Conferencia intergubernamental para la reforma institucional europea.

·        Establecimiento de un sistema de información que permita a Galiza, Catalunya y Euskadi el conocimiento exhaustivo de los proyectos y de los debates en el seno de la Unión Europea que afecten a sus intereses.

·        Establecimiento de mecanismos de consulta previos a las nacionalidades del Estado en relación con las reuniones del Consejo Europeo cuando se traten materias que afecten a su ámbito competencial.

·        Participación directa en todos los comités de la Comisión Europea cuando se traten asuntos que sean competencia de las nacionalidades.

·        Presentación, decisión, gestión y control a nivel de nacionalidades de los planes, programas e instrumentos de financiación estructural comunitaria.

·        Recepción directa de los gobiernos autónomos de los fondos comunitarios que se desarrollen en el ámbito de sus competencias propias.

 

Finalmente, entendemos que la presencia de los planteamientos nacionalistas que representamos dentro del mundo político europeo no debe quedar ceñida al campo de las instituciones públicas y de los comités que de ellas dependen. Nuestros partidos deben promover la creación de plataformas periódicas, y de organismos permanentes que congreguen i aglutinen el debate y los planteamientos políticos del nacionalismo de afirmación, del nacionalismo que hace realidad el principio de subsidiariedad y que permitan aproximar el poder de la Unión Europea a los pueblos que se configuran como naciones, aun cuando no tengan estado.