Con la celebración de este encuentro en Santiago de Compostela las organizaciones políticas firmantes de la declaración de Barcelona concluimos el primer ciclo de encuentros tripartitos a los que inicialmente nos habíamos comprometido para realizar una reflexión profunda sobre una cultura política acorde con el reconocimiento de nuestras realidades nacionales.
El trabajo desarrollado hasta aquí ha permitido abrir un debate respecto de la necesidad de resolver la articulación del Estado español como plurinacional.
El llamamiento efectuado en la Declaración de Barcelona a compartir y dialogar sobre una nueva cultura política acorde con el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, los posicionamientos hechos públicos por diferentes instancias políticas y sociales, así como el proceso de paz abierto en Euskadi, marcan a nuestro modo de ver el inicio de una nueva etapa política.
Los acuerdos de Barcelona en julio, de Gasteiz en septiembre, y ahora de Santiago de Compostela, abren un proceso de trabajo conjunto, medido y calculado, con determinación pero sin precipitaciones, hacia una nueva etapa política en el Estado y la consecución de una futura unión de la Europa de los Pueblos.
Levantamos unánime y solidariamente nuestras voces para construir, conjuntamente con todos los pueblos del Estado, el nuevo edificio peninsular y europeo en el que nuestras naciones puedan ejercer libre, soberana y solidariamente el poder que les corresponde para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico sostenible, bienestar social y florecimiento cultural en un modelo de articulación adecuado de sus derechos e intereses con criterios democráticos de libertad, paridad y reciprocidad.
Nuestras formaciones colaborarán en la constitución de un marco estatal común basado en el reconocimiento de la plurinacionalidad y en el respeto a los ámbitos democráticos de decisión de nuestras respectivas naciones.
En el momento en el que se cumple el XX aniversario de la Constitución española de 1978, consideramos que es necesaria una reflexión a fondo respecto a su lectura, desarrollo y aplicación en estos dos decenios, tenemos la certeza de que esta reflexión ha de conducir a la necesidad de proceder a una relectura enriquecedora de la Constitución que garantice el reconocimiento jurídico- político de nuestras respectivas realidades nacionales, sin excluir plantear su reforma . También ha de servir para promover la asunción de estas realidades a nivel social por los ciudadanos del Estado. En el diálogo y debate necesarios para tal fin estimamos que deben tratarse como cuestiones cardinales:
El carácter plurinacional del Estado.
La necesidad de una nueva actitud frente a la diversidad cultural y lingüística.
La plasmación de esta diversidad en los símbolos y las instituciones.
La estructuración competencial que haga políticamente efectivo el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado.
La adecuación de los modelos de financiación pública a las necesidades que tenemos de gobernar en función de cada realidad nacional.
El análisis del papel del Senado y su adecuada reforma, así como de otros órganos institucionales.
La presencia en la Unión Europea y en el ámbito internacional acorde con el reconocimiento jurídico- político de nuestras naciones.
Continuando el plan de trabajo conjunto entre nuestras respectivas organizaciones en este Encuentro de Santiago de Compostela.
ACORDAMOS.
Formalizar la cooperación permanente y estable entre nuestras organizaciones como foro de encuentro que permita llevar a cabo las actuaciones conjuntas que requieran los objetivos acordados en las reuniones de Barcelona, Gasteiz y Santiago de Compostela. Mantendremos asimismo un intercambio de información, opinión y colaboración con otros partidos y organizaciones del Estado español y con los diferentes sectores de la ciudadanía interesados en un diálogo sereno y creativo sobre una nueva cultura política acorde con esta comprensión plurinacional y plurilíngue del Estado.
En este sentido, cada una de las formaciones de este foro impulsará dicho intercambio y diálogo, como mínimo, con los partidos y organizaciones de su ámbito nacional y con aquellos con los que mantenga una relación de coalición.
Constituir un órgano de colaboración política permanente integrado por una representación de cada una de nuestras formaciones políticas en los respectivos Parlamentos gallego, vasco y catalán que se reunirá cuando lo consideren necesario sus representantes y ordinariamente al inicio de cada curso político.
La perspectiva de colaboración se centrará en una triple dirección:
Como intercambio de experiencias, propuestas e iniciativas.
Como instrumento que permita avanzar en el camino de evidenciar como necesaria una nueva concepción del actual marco jurídico político del Estado Español para llenar de contenido real a las distintas naciones.
Como flujo de iniciativas y proyectos que permitan el conocimiento de las distintas estrategias que se llevan a cabo en cada país para fortalecer, levantar e impulsar un proyecto de vertebración nacional del mismo.
Solicitar un estudio sobre la problemática constitucional en su conjunto al equipo de trabajo en temas constitucionales creado en la reunión de Gasteiz.
Constatar, a partir de las conclusiones aportadas por el Grupo de Trabajo sobre el Tribunal Constitucional, que sin perjuicio de una reforma constitucional, es también posible una lectura distinta de la Constitución más respetuosa con las competencias propias de las Comunidades Autónomas y con la realidad plurinacional del Estado y, en consecuencia, reclamar:
Un cambio de los criterios interpretativos uniformistas y poco autonomistas utilizados por el legislador estatal y corroborados, en líneas generales, por el Tribunal Constitucional que han supuesto entre otros aspectos, la negación de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y la extensión abusiva de la legislación básica del Estado
Una composición del Tribunal Constitucional que refleje adecuadamente la pluralidad de poderes que concurren ante el mismo para dirimir sus conflictos, arbitrando mecanismos que permitan que la designación de magistrados del Tribunal Constitucional responda a la realidad plurinacional del Estado.
Proceder a la ejecución de un Plan de Trabajo para promocionar los acuerdos de la Declaración de Barcelona en los ámbitos nacional, estatal y mundial, y especialmente el europeo, con objeto de impulsar el debate sobre una nueva cultura política de respeto a la diversidad nacional, cultural y lingüística.
Crear en el marco del Grupo de Trabajo de fiscalidad y financiación pública ya constituido, un equipo de estudio de los sectores estratégicos que profundice en la elaboración de propuestas tendentes al fortalecimiento de los sectores estratégicos de cada nación en el análisis de la complementariedad de nuestras economías.
Adoptar el compromiso de incluir las líneas programáticas e impulsar como principios generales de los respectivos programas electorales para las elecciones europeas las medidas contempladas en el documento de trabajo del Encuentro de Santiago de Compostela relativas a:
Europa y el respeto a la diversidad.
Nuestra concepción de las políticas europeas.
Participación de nuestras naciones en Europa.
Circunscripciones electorales propias para nuestras naciones.
Cooperación transfronteriza.
Política de cohesión.
Demandar de TVE y RNE como medios de comunicación públicos el cumplimiento del Estatuto de Radio y Televisión, especialmente en lo referente al respeto del pluralismo político, la objetividad y veracidad de la información, el contraste de opiniones y el acceso de los grupos políticos y sociales. El cumplimiento de estos principios es sin duda una característica imprescindible para su consideración como servicio público.
Presentar en el Congreso de los Diputados una iniciativa conjunta como proposición no de ley relativa al uso oficial de la toponimia y la antroponimia así como de la utilización de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia.
Presentar en las Cortes una iniciativa conjunta sobre la necesidad de reformar la comisión de cooperación con la UNESCO y la delegación del Estado español ante la misma.