El Grupo Parlamentario Vasco-PNV en el Congreso de los Diputados presentó una interpelación al ministro de Administraciones Públicas y una Moción consecuente de la misma, identificando las 28 leyes aprobadas en la anterior legislatura del gobierno monocolor del PP, que erosionaban el autogobierno vasco. En dicha Moción se acreditaba, asimismo, el flaco cuerpo doctrinal que constituía la oposición del PSOE a las aludidas erosiones competenciales, requiriendo el necesario respeto al autogobierno vasco (expurgando el Diario de Sesiones y en relación a las 28 leyes sólo fue posible encontrar media docena de reflexiones del PSOE solicitando respeto a los títulos competenciales de Euskadi que eran objeto de erosión).
En relación a la Moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV, el Grupo Parlamentario del PSOE presentó una enmienda transaccional, comprometiéndose a regenerar la lesión competencial de una sola de las 28 leyes indicadas por la Moción, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El mismo contenido de dicha enmienda ya acredita la escasa vocación autonomista y compromiso con la regeneración del destrozo competencial realizado por el PP prevaliéndose de su mayoría absoluta. El Madrid simbólico y político sigue siendo el Gran Leviatán, en expresión de Hobbes, cuyo poder económico y político crece ininterrumpidamente. En los últimos seis años la Comunidad de Madrid, por procedimientos espurios, ha conseguido captar el 82% del total de inversiones extranjeras realizadas en el Estado español. Por otra parte, se produce la paradoja de que la pretendida extensión del proceso autonómico está simultáneamente fortaleciendo el poder político de Madrid o de la Administración central del Estado, sin que en un año de legislatura el PSOE haya realizado ningún gesto político, si acaso todo lo contrario, a través de las denominadas doctrinas de Sigüenza y Santillana del Mar, la primera destinada a embridar el proceso de reforma estatutaria catalán, y la segunda destinada no a embridar, sino a abortar, el proceso de reforma estatutaria del Parlamento vasco.
Esto es así hoy y ha sido así históricamente. La LOAPA fue consensuada en el año 1981 por el Partido Socialista con los demás partidos de ámbito estatal, con la sana intención de reformar in peius el propio esquema de distribución de competencias previsto por el Título VIII de la Constitución, erosionando los títulos competenciales fundamentalmente de las Comunidades Históricas, unificando el proceso autonómico y petrificándolo en el nivel que interesaba a los poderes fácticos de la época. Así lo afirmaron Carlos Solchaga y Joaquín Almunia. El primero declaró que el Título VIII de la Constitución no se había considerado con criterios razonables, sino a través de concesiones a los nacionalismos periféricos. Joaquín Almunia declaró que siendo verdad que la LOAPA vulneraba la distribución de competencias del bloque de constitucionalidad, existía un valor superior al que atender, la vertebración unitaria de España. La LOAPA fue declarada inconstitucional, pero su espíritu siguió inspirando la jurisprudencia constitucional y la acción gubernamental en relación a la consolidación autonómica. En el año 1992, el PP y el PSOE consensuaron los denominados Pactos Autonómicos que a través de leyes de 1994, 1997 y 2001 uniformaron absolutamente la estructura autonómica del Estado, elevando los techos competenciales de todas las CC.AA., alcanzando los niveles de autogobierno de aquellas Comunidades que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución y alcanzando los techos competenciales de las Comunidades Históricas y además se petrificó absolutamente el hecho autonómico. En el año 2001, el Ministerio de Administraciones Públicas declaró no transferibles, por su propia naturaleza, las 37 competencias pendientes de traspasar a la Comunidad Autónoma del País Vasco, identificadas por el Parlamento vasco con los votos del propio PP, con los votos del PSOE y los de EAJ-PNV. No sólo se reinterpreta a la baja y por lo tanto incumpliéndola la propia Constitución en materia autonómica, sino que se incumplen actos propios de naturaleza parlamentaria por parte del Partido Popular y del Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista son autonomistas fijos discontinuos, cuando uno de ellos gobierna es rígidamente centralista y el otro, desde una posición táctica de hostigamiento al partido gobernante, esboza una tibia oposición, criticando sin demasiado furor los desmanes centralizadores del partido que gobierna. Cuando el otro accede al Gobierno ocurre exactamente lo contrario con la misma tibieza y falta de convicción.
En esta campaña electoral Patxi López nos promete una reforma estatutaria que va a desbordar los niveles de autogobierno previstos por el actual Estatuto de Autonomía de Gernika. Esto sí que es esquizofrenia política, quienes no cumplen el Estatuto de Autonomía pactado el año 1979 entre una representación política de Euskadi y otra del Estado español, que negociaron en condiciones de igualdad y no de subordinación política; quienes han degradado el desarrollo autonómico mediante una desmesurada utilización de las leyes básicas estatales, de la legislación marco del Estado, de la Alta Inspección, de la configuración de los Cuerpos de Funcionarios como cuerpos nacionales; quienes se niegan a transferir las 37 competencias comprometidas parlamentariamente (entre ellas destacan la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, Disposición Transitoria V del Estatuto de Gernika, las políticas de empleo, las políticas de Investigación y Desarrollo), pretenden mediante un peculiar encargo a una persona ajena a su partido, Emilio Guevara, desbordar per saltum el Estatuto de Autonomía que se han negado permanentemente a cumplir.
Estas actitudes que hemos denunciado en la Moción presentada en el Congreso deben ser tomadas en serio. El Estatuto de Autonomía es fruto de un Pacto Político, que establece obligaciones conmutativas, a las Instituciones españolas y a las vascas y existe un principio general del Derecho, en materia de obligaciones conmutativas, cuando una de las partes no cumple con las prestaciones a las que está obligada, la parte perjudicada por dicho incumplimiento está legitimada para resolver o revocar el Pacto. Este principio es aplicable al Estatuto de Autonomía vigente y es aplicable también a las reformas que del mismo apruebe el Parlamento vasco, que deben ser tramitadas de forma idéntica a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika. Esperemos que contra estos augurios el Partido Socialista se pueda desembarazar de sus pactos de hierro con el Partido Popular (en caso contrario le costará mucho acabar la legislatura) y de lo que estamos seguros es que un mal augurio se producirá, que tanto Maragall como Patxi López se van a topar con la doctrina Sigüenza y doctrina Santillana del Mar. El Partido Socialista no necesita ni pactar con el PP, se neutraliza a sí mismo.
Emilio Olabarria Muñoz
Diputado de EAJ-PNV
