Joseba Egibar
16Febrero
2005
16 |
Opinión

Diálogo, negociación y acuerdos

Joseba Egibar
Febrero 16 | 2005 |
Opinión

Joseba Egibar

Opinión

Revista Elkarri


1998 es el año clave para interpretar lo que está aconteciendo en estos momentos. Todos, sin exclusión, hemos adaptado las estrategias a partir de aquel año. Los dos grandes partidos en el Estado, para impedir que nada parecido a lo que alumbró el alto el fuego de ETA volviera a suceder, promulgaron la Ley de Partidos con el objetivo de controlar el tablero político vasco, dejando fuera de la escena institucional a Batasuna, sin importarles la muerte civil y política de 140.000 vascos.

La izquierda abertzale, que en 1998 antepuso el proyecto político al proceso de paz retirando el activo político que supuso el Alto el Fuego de ETA, hoy invierte las prioridades y da a conocer el Documento de Anoeta. En medio estamos, entre otros, nosotros, los del PNV. Tuvimos aciertos y errores. Hubo poca comunicación y confianza entre los impulsores, se mezclaron procesos y la intervención política fue netamente defensiva.

Apuntábamos algunas conclusiones:

1. Para lograr la resolución dialogada del contencioso político vasco resulta necesario promover y apoyar, en el conjunto de Euskal Herria y en sus diferentes marcos territoriales, foros multipartitos de diálogo y participación institucional, política o social, orientados a lograr consensos que permitan superar el actual bloqueo político. Dichos procesos deben cimentarse en una doble premisa: el reconocimiento tanto de la existencia de un conflicto político como de las plurales y divergentes concepciones que existen sobre el mismo.

2. El PNV no podía renunciar ni retrasar el desarrollo político de su proyecto por la actividad armada de ETA. Consecuentemente, el 15 de enero de 2000, seis días antes de que ETA materializara la ruptura del alto el fuego, aprobamos la línea estratégica a seguir, comprometiéndonos a presentar iniciativas legislativas en sede institucional que culminaran en un Proyecto Político que fuera el resultado del debate abierto y promovido en el conjunto de la sociedad vasca y con la máxima participación de los agentes políticos, económicos, sindicales, sociales y culturales. Y así ha sido, hasta la aprobación por mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Añadíamos que someteríamos en todo caso, el proyecto o proyectos resultantes, a consulta y/o referéndum de la ciudadanía vasca.

Parecía que el último trimestre de 2004 podía ser un tiempo de propuestas, iniciativas y compromisos políticos. La declaración de Anoeta, las respuestas y comunicaciones del Gobierno Español y es más que previsible que el Congreso de Diputados, lejos de habilitar un proceso negociador, opte por rechazar con un portazo la propuesta aprobada por la Cámara Vasca.

Colisión de Soberanías

Se repite la historia. 1839 y 1876 son años de referencia en la historia de los vascos en defensa de sus libertades. La propia Constitución española en su disposición derogatoria 2 dice que «en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de Julio de 1876».

La abolición de los Fueros fueron actos de fuerza que provocaron el conflicto político todavía no resuelto. Fue Cánovas del Castillo quien proclamó la razón última de la Abolición Foral, el 7 de julio de 1876: «un hecho de fuerza es lo que viene a constituir el derecho, porque cuando la fuerza causa Estado, la fuerza es el derecho», el derecho que da la fuerza de las armas.

Mateo Moraza realizó la defensa de los fueros vascos ante el Congreso en Julio de 1876.

Entonces, políticos de mentalidad liberal terminaron «legalmente» con las libertades e Instituciones democráticas de los cuatro territorios de Hegoalde. Hoy, 129 años después, socialistas y populares responden con los mismos registros políticos y exhiben sin ningún rubor el artículo 8º de la Constitución que otorga a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar y defender la integridad territorial de España y el ordenamiento constitucional. Todo un ejercicio de respeto democrático.

Proponemos un punto de inflexión en la resolución del contencioso vasco. Las estrategias de victoria-derrota conllevan a la sumisión, son fuente de intolerancia y violencia. Proponemos diálogo, negociación y acuerdos.

La unidad de España, presentada como única realidad inmutable, se ha convertido ya en problema político para el propio Estado español. La unidad política debe sustentarse en el principio democrático de la libre adhesión de las partes que la configuran en cada momento histórico.

¿Requiere tanto esfuerzo democrático reconocer la existencia del Pueblo Vasco y por tanto el derecho que le corresponde a decidir libre y democráticamente su futuro? Nos enfrentamos a un problema político que hunde sus raíces en la historia de un pueblo milenario como el vasco, en un momento político que no podemos desaprovechar. El momento será histórico si lo afrontamos con decisión y valentía. Nosotros queremos intentarlo.

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