Con los nombres señalados por cada uno de los Estados miembros, el nuevo presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, inició el pasado verano la preparación del organigrama de la nueva Comisión, distribuyendo responsabilidades entre los candidatos a comisarios, los cuales fueron sometidos a interpelación por parte de las respectivas comisiones parlamentarias. Pero determinados nombres no consiguieron la confianza de los comisionados al ser considerados como inapropiados a la luz de los criterios de competencia e independencia exigidos a los candidatos según los tratados.
El Parlamento Europeo, a través de los distintos grupos parlamentarios, fue trasladando al presidente designado sus consideraciones sobre estos candidatos citados. La izquierda y el centro sociopolítico -PSE, GUE y Verdes-ALE- le pidieron cambios, mientras la derecha del PPE-DE, con el apoyo de
la UEN y creyendo contar con el respaldo de los liberales, le aconsejó mantener la propuesta entendiendo que los eurodiputados no se atreverían a provocar una "crisis institucional" con el Consejo y obligar a los gobiernos de los Estados, especialmente a Italia, a cambiar sus candidatos.
Durao Barroso no supo captar y valorar a tiempo la determinación en la mayoría de los miembros de
la Cámara con respecto al mantenimiento, defensa y exigencia de los principios de transparencia, honestidad, cualificación y respeto a los derechos y libertades. Creyó que con decir que él mismo asumiría las decisiones en materia de libertades, los diputados se plegarían. Sin embargo, ni él ni su grupo del PPE-DE supieron valorar que el antiguo grupo liberal ELDR es hoy ADLE, una alianza entre aquéllos y el Partido Demócrata Europeo-PDE, y que la resultante es un nuevo grupo más centrista, que mayoritariamente manifestó su oposición a dar su voto a
la Comisión propuesta.
Afortunadamente, la misma mañana en la que debíamos votarla, Durao Barroso, tras reunirse con algunos presidentes de grupo, entre ellos el de ADLE, retiró su propuesta al ser consciente de que la misma no iba a poder contar en el pleno con los votos necesarios. Yo añadiría que incluso en el hipotético supuesto de que hubiera obtenido una mayoría, la victoria habría sido "pírrica y por los pelos", lo cual le habría pesado en todo su mandato durante los cinco años de legislatura. Creo que debería haberse dado cuenta de la debilidad de su propuesta sin esperar al último día en el último minuto. Había señales claras para ello. Quizás el PPE-DE tenga responsabilidades en el asunto.
Tras el cambio de nombres por parte de dos Estados miembros, se nos propuso una Comisión modificada. Sin embargo, el candidato a la cartera de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, aunque valorado como menos condicionado por sus creencias personales y habiéndose zafado hábilmente de las interpelaciones a las que fue sometido por los diputados en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, tampoco logró contar con una aceptación generalizada dado que se recuerda su impronta personal en determinadas leyes italianas que son consideradas como limitadoras de la transparencia y responsabilidad exigibles a todos quienes ejercen cargos públicos.
Finalmente,
la Comisión modificada fue aprobada por el Parlamento, si bien hubo muchos eurodiputados, como los del PDE, que nos abstuvimos porque no estábamos convencidos de la nueva propuesta y no podíamos depositar una confianza plena en la misma. Pero tampoco quisimos someter a mayor desgaste a dicho órgano ejecutivo europeo. Preferimos dar a Durao Barroso y a todo el Colegio de comisarios, antes que un cheque en blanco, una oportunidad de demostrar a lo largo de la legislatura que son capaces de realizar una gestión competente, entenderse con el Parlamento y promover los valores comunitarios por encima de posiciones particulares y en defensa de los intereses de todos los ciudadanos europeos.
Confiábamos en que todos supiéramos sacar las buenas conclusiones de lo vivido estos meses. No creíamos que se hubiera tratado de ninguna crisis institucional. Más al contrario, considerábamos que
la Unión y la democracia habían salido reforzadas. El Parlamento, única institución elegida directamente por los ciudadanos, había expresado el sentir de la calle y había logrado enmendar el rumbo de algo que no se consideraba ajustado a los valores que pretendemos defender ante el mundo. Se había superado la tensión y todos podíamos sentirnos mejor. A la vista de todo ello, estaba convencido de que más de un ciudadano pensaría que mereció la pena votar el pasado junio y que otros que se abstuvieron lo harían en la ratificación del Tratado Constitucional y en futuras elecciones si los diputados seguíamos dando estos ejemplos de democracia, de transparencia y de defensa de las libertades. No había perdedores, sino el triunfo de
la Europa de la paz y la prosperidad.
Muy a nuestro pesar, la alegría nos duró poco. Ese mismo fin de semana supimos que el comisario designado por el Gobierno francés había sido condenado por la justicia de su país en relación con la financiación ilegal de su partido. Y aunque después fuera amnistiado por una ley de
la Asamblea Nacional, mantener a dicha persona en el colegio comisarial puede afectar a la confianza de los ciudadanos y al crédito democrático de
la Comisión Barroso durante los cinco años de su mandato. El Gobierno francés debería meditarlo y sacarnos del atolladero en que ha colocado a las instituciones europeas por no haber medido las consecuencias políticas de los antecedentes de su candidato.
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