Señor presidente, señoras y señores diputados.
Recuerdo el empeño con que no hace mucho, en concreto el 11 de mayo pasado, hace poco más de tres meses, se constituyó una Comisión de Investigación ad hoc cuyo objeto es literalmente “la presunta financiación ilegal del Partido Popular”. Se trataba de obtener información por un procedimiento excepcional y más ágil que lo que da de sí el rígido corsé de los cauces parlamentarios habituales, como éste en el que nos encontramos.
Poco podría haberse sospechado entonces que dos de sus más firmes impulsores, el segundo y tercer partidos de la Cámara, iban a solicitar una comparecencia parlamentaria del presidente nada menos que en pleno. ¿Qué había sucedido? ¿Había algún dato desconocido hasta entonces que hubiera salido a la luz, más allá de la evasiva declaración del presidente del Gobierno en su comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional? No. Nada de esto ha ocurrido. Entonces, ¿para qué una comparecencia del presidente en pleno, trámite cómodo para él con tiempos breves e intervenciones tasadas? En mi opinión, más que para poner a prueba al Gobierno lo que se quería poner a prueba era al Partido Socialista y a su recién elegido Secretario General por parte de Podemos. Pelea de gallos. Pero si los gallos quieren subir al palenque, no será un polluelo quien lo impida a riesgo de que le carguen con la responsabilidad.
Me temo que no vamos a conocer ninguna información nueva en el trámite que nos ocupa hoy. Más allá del consabido reproche mutuo entre partidos y alguna frase altisonante. Incluso si el presidente interviene tras el portavoz popular, lo que está por ver, habremos tenido nuestros diez minutos de gloria por partido, un dinerito gastado innecesariamente en traslados a cuenta del contribuyente, y nada más.
Es evidente que el PP debe dar explicaciones sobre todo lo que rodea a los casos Gürtel y la caja B. Se lo debe al país y se lo debe a sus votantes. Todo lo que rodea a miembros del PP con importantes responsabilidades institucionales y orgánicas debe ser aclarado. Un país que quiera ser tomado en serio no puede, ni debe, eludir dar luz a un asunto tan grave. En unos tiempos en los que más que nunca la ciudadanía, pero también los agentes políticos, demandan transparencia en la gestión, temas del pasado reciente no pueden dejarse en la oscuridad. Y los hechos ya probados, más allá de nuevas informaciones que aparezcan a futuro, son de tal gravedad que hace devenir inevitable la asunción de responsabilidades, penales y, en su caso, políticas.
En ese sentido, sería bueno que se aclarara y reconociera, tal y como aparece en la investigación judicial, la existencia de una caja B; o si su partido se benefició de donaciones dinerarias opacas y no sometidas a control; por qué y quién destruyó los discos duros de los ordenadores de su sede; y, así mismo, qué ha hecho el señor Rajoy para corregir o evitar dichas prácticas dentro de su partido.
Hay que dar una respuesta a estas cuestiones, sin duda. Y hasta ahora, durante meses, sólo ha habido evasivas. No se ha aportado ninguna luz desde dentro. Y eso, sin duda, es preocupante.
Vistas las actitudes dudo mucho que sea este Parlamento quien pueda aclarar todos esos datos. No tenemos ni los medios, ni la capacidad de investigación que se requiere para ello. Sin unas conclusiones judiciales previas difícilmente podremos sacar conclusiones objetivas desde un punto de vista político. Es verdad que hay algunos indicios irrefutables. Si son suficientes o no para exigir responsabilidades es materia discutible, pero no lo es que hoy no hay ni consenso ni fuerza parlamentaria suficiente en la Cámara y por eso el Parlamento sigue dándole vueltas a la perdiz, haciendo como que hace.
Si no hay voluntad de ofrecer respuestas directamente desde la política, sin los tribunales de justicia será imposible desbrozar lo que ocurrió. Los jueces tienen los medios y las capacidades para poder realizar un relato fidedigno de los hechos. Pero en España nos encontramos con una justicia exasperadamente lenta (salvo cuando el Tribunal Constitucional tiene que resolver sobre Cataluña corroborando así que el TC no forma parte del sistema judicial sino que se trata de un órgano político constitucional). Una justicia, pues, lenta, que es un verdadero queso de gruyere incluso en lo que respecta a los secretos sumariales, lo que hace que se eternicen los dimes y diretes en los medios de comunicación. Ello hace que esa lentitud se traduzca indefectiblemente en ineficacia.
Vivimos así en una suerte de permanente provisionalidad acerca de la existencia de conductas y hechos delictivos, lo que contribuye a crear un clima políticamente enrarecido, terreno abonado para el enfrentamiento y el titular grueso. Los procesos pueden ser complicados, pero no deben eternizarse. Es un problema para la gobernabilidad del país y genera una incertidumbre innecesaria, para todos y para el propio partido investigado. Más todavía cuando algunas formaciones presentan denuncias falsas a sabiendas como forma de acción política, práctica a la que el PP ha contribuido.
Porque tampoco vale embarrar el terreno de juego.
La reacción del PP a la Comisión de Investigación en el Congreso sobre sus posibles finanzas ilegales ha sido una contraofensiva que consiste en la creación en base a su mayoría absoluta de otra Comisión en el Senado para investigar al resto de partidos. No tiene sentido ni es aceptable. ‘Que cada palo aguante su vela’, dijo la señora Cospedal hace ya años. Pretender dar la sensación de que las irregularidades financieras en los partidos políticos era algo extendido ni es cierto, ni es justo. La gravedad de los casos que rodean al Partido Popular hace que constituya una excepción manifiesta. Durante años, a tenor de hechos ya probados, el PP ha gozado de una financiación superior a la del resto de los partidos, y por ende una ventaja en la liza electoral, gracias a que se ha saltado de manera notoria los límites de ingresos impuestos por la ley. Una ley que en gran medida impulso él mismo, mientras echaba en cara al resto la supuesta falta de compromiso para ser rigurosos en materia de gasto de los partidos. A mí no se me ha olvidado. Lo viví como ponente muy de cerca. Esa actitud hipócrita es simplemente inaceptable. Y pretender echar barro sobre los demás sólo va a contribuir a desprestigiar más la política y sus instituciones.
Ni el uso indiscriminado de trámites parlamentarios vacíos que utilizan unos ni la extensión del barrizal personal a los demás que pretenden lo otros va a contribuir a la gobernabilidad presente ni futura. Pero les aseguro que sí contribuirá al descreimiento ciudadano. Ustedes verán.
Desconozco si el presidente sabe más que lo que ha dicho o si va a intervenir de nuevo en este pleno y va a contar algo nuevo. Pero me temo que este trámite plenario va a suponer solamente eso: un insulso trámite, a la búsqueda de una efímera portada en los medios de mañana.
Continuará.
